¿Estamos preparados para ver a Puigdemont detenido?

Es la pregunta recurrente en los pasillos del Congreso: ¿Qué va a pasar el 1-O? Aunque hay serios indicios de que quienes deberían saber qué va a pasar lo ignoran, es posible dibujar un escenario en el que casi todos los partidos coinciden.

Habrá votación. Las condiciones no están claras, pero a las malas se realizará en centros cívicos o culturales, tipo Òmnium Cultural y otros similares.

Entre 1,5 y 2 millones de personas votarán, las colas para votar serán largas y vistosas. Versión sostenida por un diputado del PP que conoce bien Cataluña y varios miembros de la oposición. "El 9-N votaron 2,3 millones de catalanes. Los que apoyan la independencia están hiper movilizados y van a votar sea como sea", observa un político del PDeCat.

El Govern dejará a los funcionarios al margen y organizará con voluntarios el montaje de las mesas en los locales que se logren habilitar. "En breve se harán públicas las personas que han sido designadas para formar parte de las mesas. Están en su derecho de renunciar y ser sustituidas", explican fuentes próximas a la Generalitat.

"Los Mossos pueden personarse en un colegio y ver que hay 300 personas y alegar en su atestado que el mal que puede provocar su intervención es superior al beneficio", apunta un diputado catalán.

Sobre el papel que jugará Trapero, jefe de los Mossos d'Esquadra, hay que interpretar los matices. En la instrucción que ha enviado al cuerpo de seguridad dependiente de la Generalitat que dirige, es preciso fijarse en el último de los cuatro párrafos. En el texto justifica que todos los atestados de los Mossos sobre urnas, alcaldes, etc., que contravengan la orden de la Fiscalía, se centralizarán en su oficina "para evitar duplicidades" y desde allí se enviarán a la Fiscalía Superior de Cataluña. Los Mossos no los enviarán, por tanto, directamente al juez o al fiscal. "Habrá que ver qué hace Trapero con esos atestados, cuánto tiempo tarda en enviarlos, por ejemplo", avisa un diputado.

Carles Puigdemont, respaldado por su Gobierno, podría subirse al balcón de la Generalitat para anunciar la independencia esa misma noche del 1 de octubre, como hizo Lluis Companys en la tarde del 6 de octubre de 1934, llevando al culmen la épica del relato independentista.

¿Qué hará entonces el juez competente? ¿Ordenará su detención? ¿Cómo actuarán los mossos, le detendrán?

"Espero que no suceda. El autogobierno de Cataluña se ha basado en la figura del presidente de la Generalitat desde que regresó Tarradellas. Detenerle sería un símbolo, el de detener el autogobierno" apunta Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, historiador y alter ego de Ada Colau en Madrid.

Margarita Robles, jueza y portavoz del PSOE –primera mujer en presidir la Audiencia de Barcelona, ex magistrada del Supremo, ex vocal del CGPJ- lo tiene claro: "Hay que intentar que no se llegue a eso. Para detener a Puigdemont, lo tendría que decretar un juez, que es el único que puede dictar medidas privativas de libertad a instancias del fiscal. Esas medidas solo las puede tomar el Poder Judicial, que es independiente. Por eso no resulta aceptable que desde el poder político se hable de detenciones".

La socialista considera que la orden de actuación de las fuerzas de seguridad debería ser intervenir como en una manifestación ilegal.

Lo cierto es que la imagen de Puigdemont detenido es algo que evitan visualizar los políticos consultados, que lo ven como un punto de no retorno.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos y apoyo de Rajoy estos días, no se lo quiere ni imaginar. "No creo que le detengan porque no habrá 1-O. Habrá manifestaciones, pero dudo que Puigdemont vaya a declarar la independencia. Sin un recuento de votos oficial, con urnas homologadas, no puede subirse al balcón".

También Iñigo Errejón rechaza la posibilidad: "No creo que suceda. Aunque el PP sobreactúa, tienen claro que la detención de Puigdemont no contribuiría a solucionar nada. Al contrario, complicaría más la situación".

Otros, que piden anonimato, creen que la detención –aunque sea durante 48 horas hasta enviarles al juez- sería caer en la trampa de los independentistas, que buscan desde hace tiempo la foto del gobierno catalán tras la rejas, emulando así la imagen famosa de 1934. Sería un aldabonazo en toda Europa –y en las organizaciones internacionales- que podría acabar con el cuidado y la prudencia que están teniendo las autoridades europeas.

Mientras, la presión del Gobierno central y de la Generalitat sigue cayendo sobre los 700 alcaldes implicados, pillados entre la presunta legislación de la Generalitat y la del Gobierno estatal. "Rajoy, que no ha hecho nada en tres años, exige a los funcionarios y a los ciudadanos catalanes un comportamiento heroico. Que le resuelvan la pataleta, cuando la gente se siente desamparada por su política de Estado, en vez de solucionar él la situación" apunta Margarita Robles.

El 'choque de trenes', como se refieren los políticos consultados al pulso entre Puigdemont y Rajoy, puede ir variando en los días que restan hasta el 1-O. Frente a la consigna del Gobierno de no entrar a provocaciones y evitar que suceda nada relevante hasta esa fecha, el Govern trata de mantener la tensión y que no pase un solo día sin dar un paso adelante