La puerta giratoria del señor Lamela
Aun a riesgo de ser descalificados para opinar del señor Lamela por algún avispado tertuliano de extremo centro, la acusación de haber cometido 400 homicidios en el servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés no fue un ejercicio de responsabilidad política del entonces consejero público y hoy asesor privado Manuel Lamela, como siguió sosteniendo tras el fiasco judicial, sino una acción premeditada que tendió una cortina de espeso humo tras la cual se ocultaba el proceso de entrega a manos privadas del patrimonio sanitario público de Madrid.
El neoliberalismo que nos impera ha conseguido hacer del antaño noble ejercicio de la política, la forma de gestionar lo público para que produzca en el menor tiempo posible el máximo beneficio privado; si puede ser propio directamente, mejor que mejor. Los ejemplos de esta mala práctica se multiplican a tal velocidad que va calando en la conciencia colectiva la peligrosa idea de que es algo inevitable. Desde luego ayuda mucho a esta percepción de inevitabilidad el que casi cada escándalo denunciado por los unos pueda ser respondido por los otros con un y tú también cuando no con un y tú más. Y de este modo, mañana tras mañana nos enteramos de que las fotos son sólo fotos; la opacidad, transparencia; el descaro, destreza; y la coherencia personal, una forma de sortear la decencia tras amañar adecuadamente la legalidad.
Y así las cosas, cuando quienes esto escribimos pensábamos estar casi curados de espanto, en la mañana del 2 de abril, los noticieros traen nuevamente a nuestra memoria al inefable exconsejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela quien, haciendo honor a la afirmación con que iniciamos este artículo, ha encontrado la forma de recoger privadamente los beneficios de lo que sembró cuando con el dinero de nuestros impuestos le sufragábamos, además de su sueldo de consejero, el proceso de privatización de la sanidad que hoy ya ni se molestan en desmentir.
Aun a riesgo de ser descalificados para opinar del señor Lamela por algún avispado tertuliano de extremo centro -que diría nuestro amigo Gran Wyoming-, no queremos dejar de reivindicar ante los lectores de El Huffington Post que, como dijimos entonces a cuantos quisieron prestarnos oídos, la acusación de haber cometido cuatrocientos homicidios en el servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, no fue un ejercicio de responsabilidad política del entonces consejero público y hoy asesor privado Manuel Lamela, como siguió sosteniendo tras el fiasco judicial, sino una acción premeditada que tendió una cortina de espeso humo tras la cual se ocultaba el proceso de entrega a manos privadas del patrimonio sanitario público de Madrid. Sin coste personal alguno -a la vista está que todo lo contrario- consiguió el sibilino desprestigio de los hospitales públicos en los que, incluso a los ojos de su máximo responsable, era posible el asesinato masivo y, de paso, mientras los medios y ciudadanos se distraían en crucificarnos o en defendernos, se producía en el más completo anonimato el traspaso del bien público sanitario a unas manos privadas a las que recientemente empezamos a poner nombres. Baste recordar al también exconsejero Güemes y su fichaje por la empresa a quien había entregado la gestión de los laboratorios clínicos públicos.
Como ha dicho con acierto y sarcasmo Jokin4, miembro de la comunidad del Huffington, el señor Lamela sólo está recogiendo "en diferido" y bajo forma de asesoría "simulada" su labor previa como consejero. La única tranquilidad que nos cabe es saber que la ministra del ramo, señora Mato no ve nada reprochable en la conducta de Lamela; las conductas irreprochables son, como todo el mundo sabe, la especialidad de la ministra Mato.
Ya sólo falta esperar a que se complete el proceso y ver cual de las empresas privadas que adquieran los hospitales actualmente en venta descubre las cualidades gestoras del señor Lasquetty. Una vez se cumplan los laxos requisitos legales, por supuesto. Faltaría más.