Un PNR europeo para registrar viajeros: ni panacea ni superfluo

El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una directiva, conocida como PNR-Europeo en la jerga comunitaria (Passenger Name Records), para establecer un registro europeo de los datos de los viajeros que utilicen el avión como medio de desplazamiento en el interior de la Unión Europea porque, como los socialistas españoles venimos defendiendo, este registro de pasajeros puede suponer un instrumento útil para la lucha contra delitos muy graves entre los que destaca la amenaza terrorista que nos golpea.

Lo cierto es que, como apuntan invariablemente los responsables de la seguridad ciudadana (policías e instancias judiciales de los Estados miembros), los datos personales asociados a los pasajes pueden ser útiles a la hora de identificar riesgos. Sin embargo, por razones entendibles, el camino hasta llegar a este punto ha sido arduo e intenso. La Comisión presentó ya en 2011 su propuesta (sobre la base de un proyecto anterior de 2007) y el Consejo adoptó su posición común en 2012. El Parlamento Europeo rechazó en 2013 esa versión al considerar que los requisitos constitucionales de proporcionalidad y necesidad (proclamados en la Carta de Derechos de la UE) no quedaban suficientemente acreditados en el texto que le fue sometido para aprobación. Resulta evidente, no obstante, que los atentados terroristas de enero de 2015 en París, y los consiguientes atentados en noviembre de 2016 y de Bruselas hace menos de un mes, han supuesto un catalizador para el largamente perseguido acuerdo.

Los datos PNR consisten en la información de los viajeros que manejan las compañías aéreas por estar asociados al billete o pasaje. Hablamos en concreto de nombres, apellidos, fechas de viaje, ruta completada y método de pago utilizado. Estos datos ya son de facto recolectados por las autoridades de varios Estados miembro como Reino Unido y Dinamarca. A partir de la aprobación de este instrumento, las compañías aéreas tendrán la obligación de transferir (push) los datos PNR de los viajeros de vuelos extracomunitarios que aterricen o despeguen desde un Estado miembro.

Las autoridades tendrán a su alcance el intercambio ágil de información sobre personas sospechosas, identificando patrones anómalos de viajes y rastreo de rutas problemáticas. Estos datos podrán retenerse durante 5 años. Durante los primeros 6 meses, todos los datos estarán disponibles, tras lo cual se "enmascararán" pasando a formar parte de una base de datos anonimizada.

Los intercambios se realizarán a través del llamado PIU (Passenger Information Unit) que cada Estado miembro deberá crear, y las autoridades no podrán acceder directamente a las bases de datos de las líneas aéreas (lo que se conoce como sistema pull). Sin embargo, la nueva normativa prohíbe expresamente la elaboración de los conocidos como "perfiles raciales", descartando la utilización de datos sensibles como el origen racial, la religión, la opinión política, la salud o la orientación sexual.

Es cierto, no lo discutimos, que ante una amenaza común, que no conoce fronteras, la UE debe dotarse de un marco compartido para poder intercambiar la información que manejan individualmente las autoridades policiales y judiciales de cada país, e incluso los servicios nacionales de inteligencia de los 28. No se trata de aumentar acríticamente instrumentos de lucha antiterrorista, que tienen ciertamente un impacto en los derechos fundamentales; se trata antes bien de mejorar el uso que se hace de los instrumentos ya existentes. Por eso, resulta imprescindible el reforzamiento de EUROPOL para que se convierta en una suerte de FBI europeo que esté a la altura del reto al que nos enfrentamos.

Ha sido un trabajo largo e intenso, plagado de discusiones y consideraciones de peso, pero merece la pena reconocer el esfuerzo de los eurodiputados responsables de este informe con sus visiones confrontadas. Sobre todo, para reivindicar el trabajo del Parlamento Europeo. Porque en este Parlamento somos unos cuantos los que hemos tenido tareas ejecutivas de Gobierno -y, en particular y también en Gobiernos de izquierda- y hemos ejercitado nuestras responsabilidades en la lucha contra el terrorismo en un país especialmente dolido por el flagelo de esa lacra como ha sido España.

A lo largo de este tiempo, el Parlamento Europeo no ha arrastrado los pies. Y, por tanto, salgo al paso de las críticas que se han escuchado en los últimos días, que pretenden que este Parlamento Europeo ha "retrasado innecesariamente" la aprobación legislativa del PNR, porque no es verdad: es falso. Hemos debatido largamente para cumplir su trabajo y establecer un equilibrio razonable entre libertad y seguridad, delimitando el objeto, delimitando los delitos graves en los que se pueden transferir datos, delimitando el tiempo de retención de esos datos y garantizando que, en ningún caso, pueda abrirse paso a la elaboración de perfiles discriminatorios. Y se ha cumplido con el principio de proporcionalidad y se han incluido salvaguardas en materia de protección de datos.

No es justa la crítica de que la privacidad haya sido una excusa para que este Parlamento retrasase la aprobación. La privacidad es un derecho fundamental de los europeos, garantizado como tal en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y la privacidad es un derecho fundamental sobre el que el Parlamento Europeo está legislando activamente. La aprobación definitiva del Reglamento relativo a la protección de datos la semana pasada, junto al PNR-Europeo, es una muestra de ello. Me siento, por tanto, satisfecho de haber contribuido a que este instrumento -que no es ninguna panacea, pero que puede ser útil en la garantía de un equilibrio razonable entre libertad y seguridad para los ciudadanos europeos a los que representamos- haya visto la luz.