La escalada hacia el abismo: ¿opciones?

La gravedad de la situación a la que se ha llegado en Cataluña se corresponde con la afluencia, masiva, de tribunas de opinión al hilo de cada incidencia. Tanto sincrónicamente -a golpe de acontecimientos y declaraciones- como diacrónicamente -repasando la secuencia, la gran película de los hechos-, la discusión continúa, pareja a la enormidad del reto.

Tampoco falta, a estas alturas, el señalamiento retrospectivo de la responsabilidad del PP -en la oposición (2004-2011) y en el Gobierno (2011, hasta hoy)- en el empeoramiento de la cuestión catalana. Hace pocos días, la exconsejera socialista Montserrat Tura "maldecía" con amargura a "quienes nos han traído hasta aquí". Hablaba, una vez más, de los "pirómanos que provocaron el incendio contra el Estatut, la última oportunidad de arreglar esto para otros 25 años", y que ahora se personan como bomberos, con "sus policías y sus jueces".

Los dirigentes del PP, que son los que ahora gobiernan, empeoraron el problema con aquellas mesas petitorias, recogidas de firmas, anticatalanismo rampante y bombardeo masivo contra aquel texto ante el TC (después de haberse injerido en su composición, manipulando con recusaciones su mayoría jurisdiccional), exasperando un sentimiento de agravio a la "identidad nacional" de Cataluña sin haber levantado un solo dedo contra proclamaciones parejas en otros varios Estatutos de "tercera generación".

Pero, a pesar de la hipertrofia de tertulias y comentarios periodísticos, aún es posible entreverar algunos puntos cardinales:

a) Cada vez que se nos pregunta, con inquietud manifiesta, "¿qué opinas de lo de Cataluña?", la respuesta corta es: "es grave, pero no una sorpresa"... Cada crescendo en la tensión era de lejos previsible en la medida en que ha sido anunciada con retadora antelación. La perplejidad no la suscita quien se manifestó hace tiempo "dispuesto a llegar hasta el final", sino la aparente ausencia de relato alternativo y de ofensiva en las ideas y en la comunicación orientada al desmantelamiento de las falsedades mendaces una y mil veces repetidas, y en el parsimonioso "recurso" a la legalidad (por vía de los tribunales) sin iniciativa política.

b) La estrategia secesionista ha sido mil veces desvelada. Desmenuzada al pormenor y explicada con detalle en mil columnas y editoriales. Pero aún no ha sido desmontada: El secesionismo ha puesto en marcha una espiral inacabada de acción/reacción. Una espiral que busca provocar una respuesta institucionalmente obligada de defensa de la legalidad -(Constitución, Estatut, y Reglamento del Parlament de Cataluña incluidos), en la que el Gobierno de España no puede eludir su responsabilidad- para presentar después cada respuesta obligada como "acto de fuerza", "agresión" y "atropello" contra la "democracia", "sus urnas", su "derecho a votar" y a "decidir su futuro". Se trata de un caso extremo de hipocresía victimista de lo que la psicología conoce como conducta "passive agressive".

c) Por más que la legalidad (interna e internacional) desmienta un millón de veces las falacias otras tantas veces repetidas de los secesionistas, el desafío persiste. Hacen pasar por "desobediencia" (Henry David Thoreau) lo que no lo es: no "desobedecen" la legalidad, ¡simplemente la niegan! La desobediencia civil consiste en incumplir una norma individualizadamente en aras de la preservación de un principio constitucional superior, y en asumir ejemplarmente las consecuencias por ello. Los secesionistas quebrantan tanto las normas concretas como los principios constitucionales e internacionales de rango superior, y se acogen a una batería de paraguas de autoprotección (centrifugar el problema por ellos creado a alcaldes, funcionarios y docentes, involucrando en sus campañas pagadas con dinero público a medios públicos y privados...). Y lo hacen sin mostrarse nunca dispuestos a asumir ninguna responsabilidad por ello (ni política, ni judicial, ni por supuesto penal y económica, por la responsabilidad civil derivada del delito). Ni siquiera dan indicios de haberse llegado a creer sus propias mentiras ("y mi palabra es la Ley"). Han decidido despreciar tanto la ley como los principios constitucionales, por más que invoquen de continuo sus pretendidas "leyes" aprobadas a trancas y barrancas contra la Constitución y contra el Estatut.

d) La premisa subyacente a la estrategia es una vieja conocida de la ciencia del Derecho. Todos los sistemas jurídicos han sido (cuidadosamente) diseñados para resistir hasta un cierto grado de incumplimiento de las normas. Y para responder, disponen de sus instituciones garantes (law enforcement): gobiernos responsables, poderes públicos, orden público, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tribunales de Justicia, sistemas penitenciarios... Pero el correlato de este principio es que el umbral de resistencia, un desafío masivo de incumplimiento de las leyes, se transforma inevitablemente, más pronto que tarde, en un problema que ya no es de respuesta jurídica ni judicial, sino un problema político y social, y mayúsculo. Es el caso. El Gobierno elude, calculadamente, la activación, cada vez más obligada, del art. 155 CE. Pero recurre a subterfugios legales que lo circunvalan (artículo 94 LOTC, la invocación de la L.O. de Seguridad Nacional, y la intervención de las cuentas de la Generalitat).

En medio de esta discusión, emerge ahora un nuevo lugar común sólido. Ante dificultades crecientes, en Cataluña la legalidad constitucional española la preservan el Tribunal de Justicia, las instituciones que representan al Gobierno de España, los alcaldes del PSC... y la sociedad civil que resiste embestidas de demagogia y estigmatización, esa que tantas veces en la historia precede al discurso del odio, "fase superior del populismo", y antes o después al linchamiento sin más; no solo virtual (en las redes), sino al acoso personalizado y físico.

Enormemente relevante es el papel del PSC. Toda mi solidaridad a sus 110 alcaldes y alcaldesas, a sus concejales y concejalas, a sus militantes. Los socialistas venimos propugnando en toda España un arreglo federal que reforme la Constitución y acomode la demanda de reconocimiento nacional que ha venido reclamando una mayoría de ciudadanos/as de Cataluña, acompañada de un nuevo marco competencial para la participación, cooperación intergubernamental, para la suficiencia y la solidaridad financiera.

¿Cuál es el objetivo de la propuesta socialista? Ya se ha dicho: es la reconciliación de la identidad nacional catalana con la ciudadanía catalana, española y europea. Para seguir compartiendo, conviviendo, viviendo juntos, hablarnos, reconocernos, comprometernos al respeto de reglas de convivencia aceptadas entre todos, y tejer un nuevo afecto por un futuro común.