Política económica para cuando termine el postureo

Foto: EFE

Este artículo ha sido escrito conjuntamente con Juan Miguel Sans, director general de Alium Consulting

Parece que en la política económica española no pasa nada desde hace meses. Esta en una situación que puede compararse con la calma tensa que precede a la tempestad. Diríamos que la tormenta perfecta. Los contendientes en la justa electoral-bis velan sus armas y edulcoran -cuando no manipulan sin rubor- el contenido de las políticas económicas que tendrán que implantar una vez se forme Gobierno. Al fin y al cabo, creen que ganan con el postureo y nadie quiere ser portador de malas noticias. Siguen tratando, una vez más, a los ciudadanos como ingenuos. Unos alardean de que la economía creció en 2015 a una tasa (3,2%), casi el doble de los países de la zona euro, y de que se está creando empleo; mientras que otros subrayan la actual desaceleración del crecimiento (2,7% previsto para 2016 y 2,4% para 2017), critican la calidad y nivel salarial de muchos de los empleos generados y cuestionan la sostenibilidad de las cuentas públicas y las pensiones.

Los primeros, incluso, prometen al electorado nuevas bajadas de impuestos, aunque en cartas confidenciales al presidente de la UE prometan desdecirse, cuando alcancen el Gobierno, de todo cuanto prometerán en la campaña electoral. No olvidemos que Rajoy ya jugó con éxito esa baza electoral en la campaña de 2011, contradiciendo los vaticinios de todos los expertos económicos, para nada más llegar a la Moncloa subir abruptamente el IVA y el IRPF. Otros, finalmente, en el otro lado del espectro político, tienen soluciones fáciles y expeditas que pasan, al menos en sus manifestaciones públicas, por patear el tablero de juego europeo. No solo cuestionan la legitimidad de la deuda, sino que, en una lectura apresurada de Keynes, apelan a multiplicadores mágicos que permitirían acabar con el desempleo y ampliar salarios y pensiones, así como financiar cuanto proyecto productivo, social y/o culturalmente reivindicativo venga del pueblo. En fin, economía vudú, en este caso de izquierdas, al igual que lo es la desprestigiada Curva de Laffer de los conservadores. No han aprendido las lecciones de la experiencia griega.

Mientras tanto, los ciudadanos, con hartazgo manifiesto y a pesar de que se nos acercan las vacaciones estivales, somos espectadores inquietos ante las consecuencias de la refriega electoral, los necesarios pactos posteriores y las medidas económicas que afectarán nuestras vidas. Casi todos nos barruntamos que el país lleva demasiado tiempo, incluso desde antes de que se convocaran las elecciones de 2015, perdiendo un tiempo precioso, en el que además confluían circunstancias externas relativamente favorables -política monetaria europea expansiva, precios del petróleo excepcionalmente bajos, euro comparativamente depreciado, y crecimiento moderado de los países de nuestro entorno- para abordar sus importantes problemas de estabilidad macroeconómica y las necesidades de profundizar en las reformas estructurales.

España necesita políticas macroeconómicas (monetaria y fiscal) y reformas estructurales para transformar el modelo de crecimiento del país y desplazar su frontera de crecimiento potencial. Un reciente informe del FMI estima que, en ausencia de reformas, el nivel de paro de pleno empleo (no es contradictorio en el argot de los economistas) de la economía española se sitúa en el 16,5%. Un nivel mínimo de paro ciertamente inaceptable. En el fondo, la mayoría nos tememos que, tras los larguísimos tiempos del postureo, vendrá un período difícil. Creemos que, en un ejercicio de responsabilidad política, no se puede ocultar esta realidad al ciudadano.

Estabilidad macroeconómica

La actual política fiscal del Gobierno Rajoy, y la que propone para el próximo cuatrienio, es errática y electoralista. Como hemos dicho, más allá de que fuera una campaña electoral manipuladora, es difícil refutar la pertinencia y realismo del incremento abrupto e imprevisto de los impuestos del recién llegado Rajoy a la Moncloa -con mayoría absoluta- en diciembre de 2011. El tipo marginal del IRPF subió hasta el 52% y se incrementaron los tipos del IVA y los valores catastrales para responder a las necesidades de reducir el déficit y al afloramiento de las facturas impagadas por algunas CCAA. Sin embargo, es totalmente criticable tanto que estas subidas se vieran revertidas meses antes de las elecciones de 2015 (con bajadas asimétricas del IRPF y el Impuesto de Sociedades, que beneficiaron relativamente más a las poblaciones de mayores ingresos y a las empresas de mayor tamaño), como que se prometan nuevas reducciones de impuestos en la próxima legislatura sin (PP dixit) recortes adicionales en educación, sanidad, dependencia y pensiones.

La actual situación de las cuentas públicas españolas no está para rebajas. No sólo se incumplen repetidamente los compromisos adquiridos con la UE (déficit del 4,3% en 2015), sino que los ingresos se desvían en unos 10.000 millones de euros (equivalentes a las rebajas fiscales de 2015). Al tiempo, las cotizaciones de la seguridad social se distancian en mucho de las prestaciones comprometidas (déficit de 15.000 millones de euros en 2015) y el Fondo de Reserva se agota aceleradamente (el remanente actual viene a equivaler a algo más de su déficit corriente anual). En este contexto, si el Gobierno resultante de las elecciones de Junio de 2016 quiere cumplir los compromisos adquiridos con la UE -hacer converger al entorno del 3% del PIB el déficit en 2017-, tendrá que propiciar un ajuste fiscal severo durante estos dos años (en realidad, año y medio). Según los cálculos de la Comisión Europea, se requerirá un ajuste adicional de 8.000 millones a los que pudiera añadirse una sanción de 2.000 millones por los repetidos incumplimientos. En estas condiciones, a nadie debiera extrañar que el nuevo Gobierno se viera obligado a subir los impuestos. Es más, decir lo contrario es querer ocultar la realidad al votante.

Transformación competitiva

Pero con ser esencial, la estabilización de las finanzas públicas no puede ser el único objetivo de la política económica. España necesita tasas de crecimiento sólidas y estables para absorber su altísimo desempleo estructural y mejorar sosteniblemente las rentas salariales. Y esto necesita hacerlo en un contexto poco favorable. Desde el lado de la demanda, los próximos años no serán, como hemos visto, fiscalmente expansivos, al tiempo que las empresas y familias tienen que continuar su proceso de desendeudamiento (la deuda agregada de familias y empresas representan 1,7 veces el PIB nacional). En paralelo, los motores externos del crecimiento de los últimos años parecen gripados: China, Brasil y los países exportadores de materias primas crecen menos; Europa mantiene un crecimiento mortecino entre disquisiciones existenciales sobre el Brexit, la crisis de los refugiados y la debilidad de sus instituciones para definir políticas comunes; y, en fin, el nacionalismo y proteccionismo económico (de derechas e izquierdas) crecen por doquier y cuentan con amplio respaldo social. Nada de todo esto va a permitir alcanzar tasas de crecimiento que faciliten mejorar significativamente el paro estructural de nuestra economía. España necesita otro tipo de políticas para desplazar la frontera de producción potencial

La economía española (los españoles) tiene también que confrontar sus problemas de oferta. Unos problemas que se derivan de: (1) el cambiante entorno de la competencia y de cómo el país se inserta en la nueva normalidad global; y (2) la relativamente baja competitividad de las empresas nacionales y de la economía española en su conjunto. La nueva normalidad se caracteriza por: (a) el cambio técnico acelerado, incluida la disrupción digital y los efectos de la robotización, (b) el papel del conocimiento y el talento en los procesos productivos y en la demanda y oferta de trabajo, (c) la globalización de los mercados y el paulatino desplazamiento hacia el Pacífico -frente al Atlántico- de la centralidad de la geoestrategia global, y (d) la competencia de los países emergentes en los segmentos de producción de tecnología media dominantes en la oferta española. Adicionalmente, los economistas y el conjunto del sistema están confusos acerca de la gestión económica (y política) en contextos hasta ahora desconocidos que se están prolongando en el tiempo: tipos de interés negativos, materias primas a precios de saldo, caída drástica de las tasas de rentabilidad, etc.

En este contexto, la relativamente baja competitividad sostenible de la economía española -definida esta como aquella situación que permite expandir o, cuanto menos, mantener la participación de las exportaciones en el mercado global sin recurrir a la represión de los salarios y beneficios o al dumping social, medioambiental y/o regulatorio-, está directamente relacionada con la baja productividad total de los factores (PTF) de sus empresas -y del ecosistema en su conjunto (empresas, instituciones, administraciones, sistema educativo y de ciencia y tecnología, sociedad, etc.)-. Esta baja PTF se deriva, entre otros, de: (a) la ineficiente asignación de nuestros recursos productivos, especialmente del binomio trabajo-talento, (b) la inflexibilidad del sistema educativo, incluidas las rupturas de la transferencia tecnológica y de innovación hacia las empresas, (c) el funcionamiento deficiente (e ineficiente) de las administraciones públicas, los mercados y las instituciones regulatorias y de supervisión, y (d) el reducido tamaño medio de las empresas españolas y la baja capacitación relativa de sus empresarios y trabajadores.

Todo ello se ha visto agravado tras los muchos años de crisis en los que ni el sector público ni el privado han renovado los activos fijos, la inversión en I+D ha declinado, el país ha perdido el liderazgo alcanzado en actividades relacionadas con la lucha contra el cambio climático, la reforma de la justicia camina lentamente y se cuestiona la seguridad jurídica, las instituciones parecen anquilosadas, la corrupción hace estragos en la confianza, los pactos de lealtad institucional entre administraciones de diferente ámbito territorial han saltado por los aires y no se han mejorado las competencias de nuestros recursos humanos.

Las políticas de oferta necesarias son, pues, de naturaleza muy diversa: reformas educativas, desarrollo de infraestructuras y centros logísticos, redes y sistemas de digitalización, reformas de las administraciones públicas y de la unidad de mercado, modernización de la justicia, reforma de los sectores de la energía y otras utilities, fortalecimiento de los organismos regulatorios y su independencia, fomento de los mercados y la competencia. Todas ellas son imprescindibles para superar la trampa de baja competitividad que atenaza la estructura productiva española, sus efectos tardarán en concretarse y su implementación puede ser políticamente costosa, al afectar con frecuencia intereses muy arraigados.

En resumen

Más allá de la actual situación de impasse, la economía española se encuentra en una encrucijada y no le va a ser fácil resolver sus problemas. Del Gobierno que se constituya tras los comicios no se espera ni la complacencia ni la irresponsabilidad. Bien al contrario, habrá de: (1) continuar con las políticas de estabilización macroeconómica, desapalancamiento de la deuda y reconstrucción de un sistema de pensiones sostenible; y (2) poner en marcha un programa de transformación competitiva que vaya mucho más allá de la mejora de la productividad a través de la desvalorización del precio del factor trabajo. Como dice el último Informe Anual del Banco de España, mejorar la productividad de la economía española "requiere revisar la regulación de ciertos sectores, fomentar el capital humano y tecnológico, mejorar la calidad institucional y reducir las barreras al dinamismo empresarial." Ambos objetivos reclaman la puesta en práctica de un programa de reformas ambicioso que construya, superando tabúes, sobre el liderazgo, el consenso, la confianza y la legitimidad política y social. Un Gobierno que, sin alharacas ni postureo, sea, además, capaz de negociar ante los acreedores y la UE plazos dilatados de reducción del déficit que requerirán -nadie lo dude--adoptar reformas estructurales creíbles.