Junqueras acata el 155 y promete al Supremo actuar desde "el diálogo"

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsellers de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Aunque afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, señalan que las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".

En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica".

Asimismo, explica que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".

Eso sí, los exconsellers recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".

DE CARA A LA CAMPAÑA ELECTORAL

Junqueras y los exconsellers de ERC argumentan también su condición de candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, "a diferencia" de cuando fue ordenada la prisión, en las listas de un partido que, según remarcan, es "una organización legal, como legales son sus fines".

"Ahora mis mandantes son actores políticos de un proceso electoral y en condiciones normales tendrían derecho a participar de los actos de campaña, así como tendrán derecho a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultasen escogidos, circunstancia que no se aventura improbable dada su posición en las listas electorales", explica su defensa.

A su juicio, los candidatos a unas elecciones "tienen el derecho a que se respete su reputación y que su imagen sea tratada de tal forma que no se influya en el proceso electoral ni se estigmatice de forma indebida su programa político", por lo que piden al juez del Supremo que valore este "nuevo elemento" que no pudo tener en cuenta la magistrada de la Audiencia Nacional cuando les envió a prisión porque entonces no eran candidatos, algo que "necesariamente debe influir" para decidir si mantener o no la medida cautelar.

LOS EXCONSELLERS DEL PDECAT Y JORDI SÁNCHEZ PIDEN COMPARECER

También los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, han pedido también comparecer ante el magistrado del Tribunal Supremo y solicitan su excarcelación al entender que no se cumplen ninguno de los supuestos de la prisión preventiva decretada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Así lo ha formulado su letrado en un escrito presentado en el alto tribunal en el que también reivindica, en el caso de los exconsejeros encarcelados del PDeCAT, que se anule la fianza de 6,2 millones de euros impuesta por la juez Lamela contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó el ingreso en prisión de los exmiembros del gobierno catalán el pasado 2 de noviembre por los delitos de sedición, rebelión y malversación. La magistrada hizo lo propio con Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium) el 16 de octubre por el delito de sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre en Barcelona por las detenciones relacionadas con la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.