Las claves para entender las conclusiones de la fiscal sobre la primera etapa de la trama Gürtel

Su nombre es Concepción Sabadell y su cargo, el de fiscal anticorrupción en uno de los casos más enmarañados, complejos y escandalosos de los últimos años: el de la primera época de la trama Gürtel (Correa, en alemán, homenaje policial al cabecilla del asunto, Francisco Correa), que va de 1999 a 2005. Tras más de un año de juicio en las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), entre ayer y hoy Sabadell ha ido desgranando sus conclusiones, dos mañanas completas para explicar lo que, a su entender, ha quedado acreditado y demostrado y lo que, defiende, debe acabar en condena para los 37 acusados del proceso.

Tres son las ideas esenciales de su resumen final: que no estamos ante una suma de casos aislados de corrupción, sino ante un "sistema" integral levantado para hacer dinero; que el Partido Popular "se benefició" de dicha trama; y que existía en su sede de la calle Génova de Madrid una caja b paralela a la contabilidad oficial de la formación que comanda Mariano Rajoy. Todo -insiste machacona la fiscal, exponiendo durante horas casi sin apoyarse en un papel- son "hechos probados" y "contrastados" durante una instrucción que califica de "ardua y compleja".

Estas son las claves de una de las noticias de la semana, encogida ante la sombra de Cataluña pero que amenaza con finalizar en un fin de juicio demoledor.

La Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que que la red corrupta tenía la naturaleza de "una actividad duradera para delinquir" y para apropiarse de fondos públicos a través de mantener el contacto con algunos cargos públicos del PP y el pago de comisiones, que oscilaba "entre un 3 y un 4%". "La trama hizo de los sobornos a cargos del PP un modo de vida", defiende literalmente.

La trama llevada a cabo por el Grupo Correa "no es un hecho aislado", dice, y para ello recurre a las propias palabras escuchadas en estos meses al cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, quien afirmó que la red consistía en un "sistema" para conseguir adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones a altos cargos públicos. Dame este contrato, que yo te doy un pico a cambio. Y tan amigos. "No es un hecho aislado, es una actividad duradera para delinquir", ha repetido insistente la fiscal.

Esos contratos se hacían no con políticos de todo tipo y color, sino con miembros del partido de Rajoy -quien, por cierto, tuvo que acudir al juicio como testigo, convirtiéndose en el primer mandatario en ejercicio en declarar ante un tribunal-. Se trataba, abunda Sabadell, de conseguir "contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP" y era a través de estos contactos que la red se "apropiaba de fondos públicos". Para Anticorrupción ha quedado probado que la Gürtel buscaba un "enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas de algunos de los acusados".

Y es que entre esos 37 nombres a los que se les pide condena por parte de la Fiscalía no sólo hay empresarios y conseguidores, sino un importante número de lo que deberían haber sido servidores públicos, políticos elegidos para usar para el bien común los fondos públicos. Son los exalcaldes populares Guillermo Ortega (de Majadahonda, Madrid) y Jesús Sepúlveda (de Pozuelo de Alarcón, también en Madrid, conocido también por ser el exmarido de la que fuera ministra de Sanidad, Ana Mato); el extesorero del PP Luis Bárcenas, en los últimos años investigados en este juicio senador por Cantabria; o el exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama.

(Puedes seguir leyendo tras la foto...).

La fiscal ha afirmado que "hay sobrada prueba de que el PP se benefició de la actividad delictiva realizada" por la trama encabezada por Correa y su empresa. De muestra, un botón: señala que con fondos sustraídos al Ayuntamiento de Majadahonda "se pagaron pegadas de carteles del PP, gastos de la campaña de Esperanza Aguirre [la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y del partido en la región] y actos en la sede del PP, que debía sufragar el partido". No obstante, reconoce que el delito electoral no está sobre la mesa, al haber prescrito por el paso del tiempo.

Le vino bien, acusa, al partido como institución y a algunos de sus miembros a título personal, con casos como el de Guillermo Ortega, exprimer edil majariego, del que ha dicho Sabadell que -como otros acusados- se enriqueció con comisiones ilegales y ocultó en cuentas bancarias de Suiza 1,6 millones de euros de fondos procedentes de su consistorio, dinero que además defraudó a Hacienda.

"Ha quedado acreditado que el PP se benefició de 133.000 euros de fondos procedentes de comisiones ilegales por contratos adjudicados" a empresas del grupo de Correa y "sustraídos ilegalmente al Ayuntamiento de Majadahonda", detalla, para a continuación soltar un dardo doloroso: "Quienes no se beneficiaron fueron el Estado y los españoles, ya que fue un beneficio para la formación política con unos actos identificados y otros servicios y gastos pagados al PP, como los de unas obras en su sede". Por ello reclama a la formación conservadora 328.440 euros, como partícipe a título lucrativo de la Gürtel por el dinero que se ahorró en las campañas electorales de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda en 2003 y 2004, por actos sufragados por la trama. Si los tres jueces del tribunal aceptan las tesis de la Fiscalía, el PP sería condenado como responsable civil.

Correa no ha identificado claramente a "Luis el Cabrón" como Luis Bárcenas, ya que no ha querido incriminar a ninguno de sus subordinados en la trama, reconoce Sabadell. Sin embargo, sí hay "indicios" que lo confirman, como la declaración de la acusada Isabel Jordán, que fue administradora de empresas implicadas en la red, que dijo en el juicio que oyó que en el entorno de Correa se referían así al hombre fuerte de los dineros del PP nacional durante 2008 y 2009.

En 2003 Bárcenas dejó de percibir ingresos y en 2007 volvieron a figurar apuntes con dinero para "Luis el Cabrón", en concreto de 72.000 euros, añade la fiscal.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

Es verdad que este juicio no tiene por objeto aclarar si el PP tuvo o no una caja b o una contabilidad paralela, opaca, una causa que lleva el juzgado de Instrucción número 15 de la Audiencia Nacional, pero también en esto se detiene la fiscal, porque cree que en los meses de instrucción se han visto indicios que constatan a las claras que sí, que existió.

Ha quedado -son sus palabras- "plena y abrumadoramente" acreditado que los papeles de Bárcenas hacían referencia a la caja b del PP y no a otras cuentas o intereses. No vale para dejar al margen este asunto que la formación niegue la existencia de la misma, ya que "nunca la ha examinado, ni comprobado" si hay una contabilidad paralela. "Supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública", ha puntualizado.

¿Con qué mimbres cuenta para afirmar esto? Para empezar, con la propia declaración de Bárcenas, ya que reconoció que existía -ojo al término- una "contabilidad extracontable". También están las pruebas testificales de los expolíticos Jaime Ignacio del Burgo (fue senador, diputado y presidente de la Diputación Foral de Navarra con el PP) o Santiago Abascal Escuza (antiguo juntero y diputado popular, luego impulsor de VOX, que reconocieron algunas de entregas de dinero; se suman los informes periciales caligráficos, que han determinado la autenticidad de los apuntes de Bárcenas; y las pruebas documentales, que han corroborado el uso opaco de dichos fondos, como la efectuada para comprar acciones de Libertad Digital.

Bárcenas "ha tenido plena disposición de los fondos" del PP y parte de su fortuna privada la sustrajo de la famosa caja extra. Es decir, sumaba los réditos de la contabilidad en negro con su intermediación con administraciones públicas para cobrar comisiones ilegales, ya que no sólo por su condición de senador (entre los años 2004 y 2010) sino que también como gerente de Génova podía influir en las adjudicaciones, bien fuera por sus propios medios o a través de la trama liderada por Correa. Un dato sobre su fortuna: en Suiza, en 2007, llegó a tener 48,2 millones de euros en cuentas.

La fiscal ha mantenido su petición de 125 años y un mes de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo. Pide que se condene al PP y a la exministra Ana Mato por lucrarse: al partido, por los beneficios en campañas electorales citados más arriba; a Mato, por recibir regalos pagados por empresas de la Gürtel, como viajes y fiestas de cumpleaños y comuniones. "Doy por hecho que si mi exmarido es el responsable de estos gastos es él quien los paga y no un tercero", se defendió la antigua titular de Sanidad cuando compareció ante el juez.

La Fiscalía sigue acusando a los 37 enjuiciados originales, si bien ha rebajado la petición de pena para Bárcenas de 42 a 39 años de prisión y a López Viejo de 46 a 39 años y seis meses, al retirarles al primero el delito contra la Hacienda Pública por el IRPF de 2009 y al segundo los tres delitos fiscales que se le atribuían. Dicha rebaja se ha decidido en atención a las declaraciones de los peritos durante el juicio.

En su escrito definitivo, Sabadell precisa que desde al menos el año 2000 Bárcenas desarrolló una operativa dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en adjudicaciones públicas y apropiándose de fondos del PP que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza. Añade que afloró mediante la simulación de distintas operaciones comerciales y lo destinó a pagos en efectivo de modo opaco para la Hacienda Pública.

Según la Fiscalía, su esposa, Rosalía Iglesias, para quien mantiene la petición de 24 años de prisión, en connivencia con su cónyuge, también utilizó estos procedimientos para ocultar sus propias rentas y las de su esposo, ingresando una parte de ellas en efectivo en cuentas de su titularidad abiertas tanto en España como en Suiza y simulando realizar alguna venta de cuadros. Agrega que igualmente utilizó los fondos obtenidos por su pareja de la intermediación en adjudicaciones públicas y de la apropiación de dinero del PP para efectuar pagos en efectivo ocultos a Hacienda.

El ministerio fiscal entiende que hubo al menos pagos "en efectivo" por parte del matrimonio de fondos procedentes de su enriquecimiento ilícito que totalizan 533.466 euros entres los años 2002 y 2010. Precisa que desde al menos el año 2000 Bárcenas enmascaró habitualmente la procedencia de sus fondos en efectivo como operaciones de compraventa de obras de arte, al igual que lo hizo su esposa con algunos de sus ingresos y de su esposo.

Los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio también han visto rebajada su petición de pena. Se trata del empresario Jacobo Gordon, el exconcejal de Pozuelo Roberto Fernández y el constructor Alfonso García Pozuelo. En concreto a este último, expropietario de Constructora Hispánica, para quien pedía cuatro años y medio de cárcel, le ha rebajado la solicitud a dos años de prisión por cohecho sustituibles por multa. A Gordon, exsocio de Alejandro Agag -yerno del expresidente del Gobierno por el PP, José María Aznar, le rebaja de dos años a cinco meses de prisión por blanqueo de capitales, y a Fernández, de dos años y tres meses a once meses por fraude y malversación.

La fiscal mantiene las peticiones de pena para el resto de acusados, entre los que destacan Pablo Crespo (85 años y seis meses), exsecretario de Organización del PP de Galicia y presunto número dos de la red; Álvaro Pérez Alonso, alias El Bigotes (cinco años y dos meses), considerado el "hombre en Valencia" de Correa, y José Luis Izquierdo (45 años y dos meses), supuesto contable del entramado.

Igualmente para el extesorero de Alianza Popular (aclaración para las nuevas generaciones: fue el partido predecesor del PP) Ángel Sanchís (ocho años) y los exalcaldes de las localidades madrileñas de Majadahonda, Guillermo Ortega (50 años y 10 meses) y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (15 años y cuatro meses).

El exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que fue quien delató a la trama aportando grabaciones de Correa, se sigue enfrentando así a la misma pena de seis años y cinco meses de cárcel.