La gran operación judicial contra el 1-O estrangula la maquinaria del referéndum y saca al independentismo a la calle
Rajoy pide a la Generalitat que "no siga adelante" y Puigdemont acusa al Estado de suspender "de facto" el autogobierno
A diez días del 1-O, la crisis catalana ha vivido este miércoles su momento más tenso hasta ahora con una jornada que ha supuesto un duro golpe contra el 'núcleo duro' de la organización del referéndum. Un día que nos deja la imagen de la Guardia Civil deteniendo a catorce personas implicadas en la consulta, incluido el 'número dos' de Oriol Junqueras, e incautando casi diez millones de papeletas.
Esta lucha de final incierto ha entrado en otra desasosegante fase. La operación lanzada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, significa entrar en el capítulo de las detenciones, la desactivación material casi total del referéndum y, especialmente, las protestas del sector independentista. Miles de personas indignadas se han echado a las calles de Barcelona (también en otras localidades de Cataluña y en Madrid) al grito de "votaremos".
Un día que se recordará también por la declaración del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusando al Gobierno central de suspender "de facto" el autogobierno de Cataluña y establecer también "de facto" un "estado de excepción". La combinación que todavía nadie esperaba ya se ha sucedido: guardias civiles y policías en las calles de Barcelona, altos cargos detenidos y una calle en plena ebullición. Esta situación ha provocado por la noche una declaración institucional de Mariano Rajoy pidiendo a la Generalitat que "no siga adelante" porque está a tiempo de "evitar males mayores". "Saben que este referéndum no se puede celebrar", ha reiterado.
Todo esto se ha desencadenado a primera hora de la mañana. La Guardia Civil desplegaba una macrooperación con 41 registros, en despachos oficiales dependientes de las consellerías de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación y en empresas privadas.
El epicentro de este terremoto político-judicial ha sido el departamento de Economía y Hacienda, dirigido por Oriol Junqueras. Los secretos que esconde el número 19 de la Rambla de Catalunya marcarán el futuro de Cataluña. Entre esos detenidos está el 'número dos' del vicepresidente catalán y secretario general de Economía, Josep Maria Jové.
En la lista también figuran el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; Joan Ignasi Sánchez, asesor del gabinete de la consellera de Gobernación; Josué Sallent Rivas, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), y Xavier Puig Farré, responsable del área de tecnologías de la información y la comunicación de la Generalitat. Además, han sido detenidos Pau Furriol y Mercedes Martínez (ambos vinculados a una nave con material electoral); David Franco Martos (también del CTTI); David Palancad Serrano, de la oficina de Asuntos Exteriores; y Juan Manuel Gómez, de la conselleria de Economía.
La operación tenía en su mente a los organizadores en la sombra del 1-O. No ha caído ningún miembro del primer nivel del Govern (que están siendo investigados de manera paralela por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a raíz de la querella de la Fiscalía por la firma del decreto del referéndum).
Y es que este momento de detenciones se ha precipitado por la decisión del juez Ramírez Sunyer, que investiga la organización del 1-O por una denuncia presentada en abril a raíz de unas declaraciones del exsenador y exjuez Santiago Vidal (ERC). El veterano magistrado, de setenta años y conocido por algunas decisiones judiciales contra el independentismo, ha ordenado de oficio las detenciones y registros sin que lo solicitara la Fiscalía ni la Guardia Civil y sorteando la otra investigación abierta por el TSJC. El juez está investigando a una veintena de personas por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia por la preparación del 1-O.
Un golpe al núcleo organizador que ha tenido su mayor materialización físicamente en la incautación de 9.894.350 papeletas por parte de la Guardia Civil en una nave industrial del municipio de Bigues i Riells (Barcelona), propiedad del empresario detenido Pau Furriol. El Estado ahoga casi totalmente esa consulta con esta confiscación, a la espera de que se sepa dónde están las urnas. Hay que escuchar con atención la frase de Puigdemont: "El día 1 llevaremos papeletas y las utilizaremos". Se dibuja un panorama en el que ya parece casi imposible el intento de consulta bien organizada, aunque el Govern sigue manteniendo ese compromiso.
En la misma Barcelona se producía a la vez otra fotografía potente: la Policía Nacional acudiendo a la sede de la CUP por orden judicial con el fin de retirar propaganda en la puerta. La organización anticapitalista ha movilizado a un millar de militantes y simpatizantes con actitud "pacífica pero resistente", según han dicho varios de los dirigentes anticapitalistas.
Detenciones, registros... y la reacción en la calle. Miles de personas han salido y se han concentrado frente a las consejerías afectadas. Esta es una de las mayores preocupaciones en estos momentos. Nadie quiere hablar de altercados, pero es una posibilidad ante el tenso clima que se vive en Cataluña y que ahora se ve incrementado por las decisiones judiciales y las protestas.
Las organizaciones independentistas ANC y Ómnium han hecho un llamamiento a salir a protestar de manera "tranquila", pero "firme y contundente". Su mensaje es el de "resistencia pacífica". Cargos públicos como los diputados Joan Tardà y Gabriel Rufián (ERC) han acudido a la llamada también. Estas concentraciones también son apoyadas desde los 'comuns', incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha respaldado públicamente la convocatoria de las manifestaciones.
Miles de personas se han concentrado frente a la Consellería de Economía, donde han cantado Els segadors yL'Estacay han lanzado consignas como "Votaremos" y "Nuestas armas son nuestras urnas". Muy cerca, en la Via Laietana, se han vivido tensos momentos frente al departamento de Exteriores al intentar un grupo de manifestantes abalanzarse sobre los agentes de la Guardia Civil que trasladaban cajas con documentación.
La respuesta contundente del Estado ha caído con todo su peso este miércoles. Las detenciones de Barcelona arrancaban a la misma vez que se celebraba en Madrid la sesión de control al Gobierno. En el hemiciclo han vivido un duro enfrentamiento entre Rajoy y Rufián, quien ha acusado el jefe del Ejecutivo de tener las "manos sucias". El presidente ha dicho que ya todos los miembros del Govern estaban "avisados".
El incremento de la crispación y las imágenes de los independentistas han hecho que Rajoy haya salido pasadas las nueve de la noche ante las cámaras en Moncloa para hacer una declaración institucional. "No sigan adelante, regresen a la ley y la democracia y permitan que la gente pueda pasar página de estos días tan aciagos", ha traslado a Puigdemont y su equipo, y les ha avisado de que "cada ilegalidad" tendrá una respuesta "firme, proporcional y rigurosa". "Están a tiempo de evitar males mayores", ha recalcado en tono solemne. Y ha "mantenido" su disposición a "dialogar y escuchar" dentro del marco de la ley.
"Permitan que la gente pueda pasar página de estos días tan aciagos", ha solicitado.
España, Cataluña y sus aciagos días.