La ONU vuelve a pedir al Gobierno que atienda a las víctimas del franquismo
Piden dar prioridad a las exhumaciones, a la reconsideración del Valle de los Caídos y a la nulidad de las sentencias franquistas.
Nuevo toque de la ONU a España por la Memoria Histórica. El relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, ha insistido una vez más en la necesidad de que el Gobierno atienda "de forma urgente" las exigencias de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
De Greiff, que ya hizo una petición similar en 2014, ha subrayado la importancia de dar prioridad a las exhumaciones, a la reconsideración del Valle de los Caídos y a la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante el período.
En un comunicado, el relator ha recordado que el Estado tiene la obligación de atender estas reclamaciones y poner fin al sufrimiento de las víctimas quienes, a pesar del tiempo que ha pasado, siguen sin saber dónde están los restos de sus familiares.
"Es necesaria una política de Estado decidida que no quede presa de las tensiones y divisiones políticas, pero que garantice medidas integradas, coherentes, prontas e imparciales, en favor de la verdad, la memoria y la reparación", ha señalado Greiff en el texto.
En este sentido, ha indicado que se trata de Derechos Humanos y "no de política partidista". Así, ha asegurado que la fortaleza de una democracia se mide, entre otros aspectos, por su capacidad de gestionar las reclamaciones válidas de las víctimas, "independientemente de consideraciones políticas o de afiliación" y su capacidad para garantizar el derecho a la verdad sobre los acontecimientos, "por más dolorosos que sean".
Las declaraciones de De Greiff llegan días después de que el Congreso aprobara una proposición no de ley que insta al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
La iniciativa salió adelante con la única abstención del PP y ERC, que han cambiado su voto de hace dos meses cuando el mismo asunto se votó en la Comisión Constitucional con el voto en contra de ambos.
En este sentido, el relator ha recordado que, si bien esta proposición no es "de obligado cumplimiento", sus recomendaciones se fundamentan en normas internacionales de Derechos Humanos que sí son vinculantes.
