Obama deja un legado fundamental en cuanto a los derechos LGTB
Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha hecho más por los derechos de los gays, las lesbianas, los bisexuales y transexuales que Barack Obama.
Obama ayudó a levantar el veto que impedía que las personas LGTB sirvieran en el ejército, aprobó medidas a nivel federal de protección y en contra de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y ofreció puestos de alto rango a una histórica cifra de personas LGTB. Además, durante su mandato, hizo del matrimonio gay un derecho federal.
Evan Wolfson, fundador del grupo en defensa del matrimonio igualitario Freedom to Marry, afirma que su legado es “épico”, a la altura de “otros capítulos de los derechos civiles que han definido a los grandes presidentes que han contribuido al avance de Estados Unidos”. “Él abrazó la causa, explicó la causa e hizo avances en la causa”.
Obama se mostró por primera vez a favor del matrimonio igualitario el 9 de mayo de 2012. Aunque tardó más que otros políticos demócratas en anunciar su apoyo, resultó monumental: fue el primer presidente en el cargo que defendió la igualdad.
Su gabinete ya llevaba tiempo trabajando por la igualdad LGTB mucho antes de este momento clave.
En febrero de 2011, el por entonces Fiscal General Eric Holder anunció que el Gobierno no defendería la Ley de defensa del matrimonio (DOMA) en los tribunales. La ley de 1996 definía el matrimonio como una unión legal entre un hombre y una mujer, quitando a las parejas del mismo sexo el reconocimiento federal y los beneficios pese a estar legalmente casados. Este sistema creó un mosaico de leyes estatales por el cual las parejas podían perder sus derechos si se mudaban a otro estado que no había aprobado el matrimonio igualitario.
La decisión de la Administración de Obama mandó un claro mensaje de que los vientos políticos estaban cambiando en torno a la cuestión.
Wolfson era uno de los activistas que llevaba tiempo presionando a la Administración para desmantelar la DOMA sobre una base legal desde el principio. La Administración de Obama acabó argumentando que la prohibición del matrimonio igualitario violaba la 14ª Enmienda de la garantía de protección igualitaria y que, por tanto, era inconstitucional.
“Simplemente, fue impactante”, cuenta Wolfson. El Gobierno no sólo “tenía el coraje para hacer lo adecuado en el estándar de la ley, sino que además tenía la integridad y la valentía para llevarlo a su siguiente conclusión. No sólo era cuestión de mecánica legislativa. También estaba mostrando empuje político”.
El secretario de Trabajo Tom Perez, que en esa época era jefe de la potente sección de derechos civiles del Departamento de Justicia, afirmó que el anuncio fue uno de los momentos más memorables de su período en el Gobierno. De hecho, lo describe como “uno de los días por los que más orgullo siento”.
Los republicanos del Congreso adoptaron el papel de defender la DOMA en los tribunales, pero el 26 de junio de 2015, una norma significativa del Tribunal Supremo invalidó la prohibición de matrimonios del mismo sexo y convirtió el matrimonio igualitario en una ley a nivel federal.
La Casa Blanca, iluminada con los colores de la bandera gay tras la resolución del Tribunal Supremo que legalizó el matrimonio homosexual.
Aunque el Tribunal Supremo del país reconoció el derecho al matrimonio, queda una causa por la que luchar. El presidente electo, Donald Trump, dice que no apoya el matrimonio igualitario, pero que el tema ya está “asentado” y acepta la norma del Tribunal Supremo.
Sin embargo, Trump se ha rodeado de gente que se ha mostrado abiertamente en contra de la igualdad, empezando por su vicepresidente, Mike Pence.
Como gobernador de Indiana, Pence se enfrentó a virulentas críticas por firmar una ley de “libertad religiosa” que permitiría a las empresas discriminar a las personas LGTB. Como congresista, Pence se opuso abiertamente a la igualdad.
El portavoz demócrata Barney Frank (Massachussets), uno de los principales políticos LGTB en la historia americana y, durante años, el único miembro abiertamente gay del Congreso, dice que no le preocupa que desaparezca el matrimonio igualitario, pero sí teme que la presidencia de Trump acabe con otros progresos, porque tiene que nominar a un juez para el Tribunal Supremo para sustituir al difunto Antonin Scalia.
“Trump dice que Scalia es su modelo”, afirma Frank. “Scalia fue el homófobo más importante y explícito que sirvió en el Gobierno americano desde que murió el senador Jesse Helms, y era el menos apropiado para juez del Tribunal Supremo”.
Cuando los conservadores vieron que estaban perdiendo la lucha en la cuestión del matrimonio igualitario, empezaron a aprobar supuestos decretos por la libertad religiosa en los estados, como el que firmó Pence en Indiana. Frank reconoce que le preocupa la decisión de Trump para reemplazar a Scalia y que los candidatos potenciales al Tribunal Supremo puedan admitir casos relacionados con estos decretos, lo cual podría reducir la igualdad.
“El miedo real es que la combinación entre las personas nombradas por Trump en el Tribunal Supremo y el voto del Congreso permita a cualquiera que no esté de acuerdo con nuestros derechos decir: ‘Por mi religión, me opongo a ellos y no tengo que cumplirlos, no tengo que servirles, no tengo que respetar sus derechos”, explica Frank.
El riesgo más inmediato es que se anulen las acciones ejecutivas de Obama a favor de la igualdad. Trump podría revocar fácilmente estas normas y llevar a que las agencias federales dejen de considerar la protección de los LGTB como una prioridad.
Los estudiantes LGTB también podrían perder el apoyo del gobierno federal que los protege del bullying y el acoso. Es posible que los embajadores de Estados Unidos dejen de tener permiso para asistir a las marchas y los desfiles del orgullo en todo el mundo. Puede que el Gobierno deje de luchar para que los individuos transgénero tengan derecho a usar los lavabos públicos que les correspondan según su identidad de género. Los contratistas federales podrían perder su protección anti-discriminación.
Los republicanos del Congreso ya intentaron revocar el decreto sobre el empleo, pero los líderes republicanos al final lo pararon por las protestas de los demócratas.
“Trataron de derogarlo en el Congreso. Pero los bloquearon”, cuenta Frank. “Pero con Trump en la Casa Blanca, existe la posibilidad de que anule el decreto o de que los republicanos en el Congreso lo invaliden”.
También existe una preocupación general entre los funcionarios de que el Gobierno federal no se muestre tan abierto ni les ofrezca un puesto con Trump.
“La mayoría de las personas LGTB con las que he hablado ya sienten que los avances que han logrado en su carrera serán frenados”, comenta un empleado del Departamento Fiscal que es miembro de la comunidad LGTB.
Durante su octava y última gala del orgullo el pasado junio, Obama reflexionó sobre los progresos que ha logrado con su gestión. Explicó que el país “no puede conformarse” y que “dará marcha atrás si no nos esforzamos”. Recordó la noche de junio de 2015 tras la resolución del Tribunal Supremo, cuando la Casa Blanca se iluminó con los colores del arcoíris.
“Fue un ejemplo para la gente de todo el mundo que sigue luchando por estos derechos”, afirmó. “Fue una señal de que cuando llega el cambio que buscamos y cuando avanzamos un poquito más en nuestro camino hacia la igualdad y la justicia, seguimos teniendo la responsabilidad de darnos la vuelta y ayudar a los que todavía luchan por conseguir lo mismo”.
Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano
