El Gobierno quiere una tarjeta social para evitar "abusos" de los parados
La cita es el 17. Pero ya habido preparatorias. De momento, el Gobierno ha remitido un tibio borrador a las Comunidades Autónomas. El texto, de momento, no convence. Nada de servicios sociales, ni de dependencia ni de Sanidad... Y eso que la propuesta busca un acuerdo para la sostenibilidad del Estado de Bienestar y la reforma de la financiación autonómica.
Los presidentes de Comunidades socialistas ya preparan adiciones para corregir las carencias del documento que les ha remitido La Moncloa. Un ejemplo: las decisiones en el ámbito de sus competencias en Sanidad y que han supuesto una obligación de gasto al conjunto de las Autonomías de unos 5.000 millones y que debería suplementar a la financiación de las CCAA, como lo que supuso el coste de los medicamentos de la hepatitis C.
Sobre financiación autonómica, la madre de todas las batallas del modelo autonómico, Moncloa se conforma con que de la cumbre salga un compromiso para crear en el plazo de un mes una Comisión de Expertos que perfile un modelo basado en los principios de suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
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Una estrategia nacional frente al reto demográfico que logre implicar a la UE, un pacto social y político por la Educación y el desarrollo del principio de cooperación para el ejercicio de las competencias de las diferentes administraciones en materia de protección civil y la aplicación de la ley de garantía de la unidad de mercado y de la movilidad interadministrativa son otros de los objetivos que se ha fijado el Gobierno del PP para la Conferencia de Presidentes.
Con todo, la única novedad es la propuesta de una tarjeta social en materia de empleo como llave de acceso al registro de prestaciones sociales públicas para que los desempleados conozcan en tiempo real las ayudas de contenido económico que, bajo distintas fórmulas, gestionan la Administración General del Estado, las Comunidades, los ayuntamientos e incluso las ONGs.
Con ella se pretende, según dice el borrador al que ha tenido acceso El Huffington Post, detectar con toda precisión "las situaciones de mayor vulnerabilidad evitando así situaciones de desprotección", pero también evitar duplicidades y abusos garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones.
Lean, porque aquí tienen la primera propuesta de Moncloa. Lo que corrijan los presidentes socialistas aún está por precisar y lo que salga de la cumbre del 17, aún una incógnita, si bien Gobierno y PSOE se han propuesto dotar de contenido la cita y que esta sea institucionalizada una vez al año. Y para ello modificaran el Reglamento que en 2009 aprobó el gabinete de Zapatero.
