Así funciona la 'oficina de la esperanza' de Manuela Carmena
Era un compromiso electoral, una de las iniciativas sobre las que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había vertebrado su programa. Poner el foco en el drama de los desahucios era prioritario, una emergencia social abordada con la creación express de la Oficina de Intermediación Hipotecaria en el centro de la capital. Descafeinada para aquellos que creyeron en un final más drástico de los lanzamientos y necesaria para las decenas de familias que han acudido al centro en sus pocas semanas de vida, la bautizada como 'oficina de la esperanza' abrió sus puertas a mediados de julio con el objetivo de asesorar y ayudar a las familias. Porque lo último que se pierde, en este caso, es la la vivienda.
Dos enormes 'pinguinos' a la entrada para combatir el calor denotan las prisas con las que se ha habilitado este pequeño local, distribuido en seis mesas a izquierda y derecha de un corto pasillo con un despacho al fondo. En él recibe a El Huffington Post la concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, preocupada por trasladar a las familias un mensaje urgente: no esperar. "Ahora mismo vienen los casos más desesperados, con desahucios señalados en el calendario y casas subastadas que probablemente ya pertenezcan a otra personas. Tenemos que intentar no llegar a ese extremo. La gente tiene que venir en el momento en el que vea que no puede hacer frente a la cuota de su hipoteca. De esa forma tendremos mucho más éxito", explica.
Higueras pretende concienciar a la familias de que este proyecto no es el clavo ardiendo, sino el primer recurso del que tirar. Solo así tendrán margen para negociar con los bancos y obtendrán resultados. Carmen García de Pablos, coordinadora interna de la oficina, confirma que se están encontrando casos agónicos, con viviendas judicializadas, avales trampa y personas con graves problemas de salud en busca de la dación en pago fruto de la asfixia. "Preguntan por la dación en pago porque es lo que han oído y quieren dejar de tener deudas, pero hay otras opciones", afirma.
Es precisamente la idea de la dación en pago uno de los puntos en los que más incide la concejala. "Ojo, que la dación no es la panacea. Cuando alguien paga más capital que intereses no es una buena solución. Se ofrecerá cuando no haya más remedio, pero la intención de la oficina es que las personas se queden con la vivienda", insiste. Es cierto que todos los acuerdos pasan por pagar, pero las condiciones pueden cambiar mucho. A su juicio, hay muchos mecanismos antes de perder la vivienda, como estar un año sin abonar la cuota o la refinanciación de la deuda, que los mediadores pueden conseguir con los bancos en un clima de cooperación.
"Los bancos se han mostrado muy colaboradores con nuestras propuestas. Esto hay que decirlo porque luego parecen el ogro, pero lo cierto que ahora están muy concienciados. Están aceptando todo lo que les hemos pedido, nos han dado interlocutores, han accedido a paralizar procedimientos cuando ya estaban judicializados y nos van a ceder viviendas para casos de emergencia", asegura.
Para que las propuestas lleguen a buen puerto, las trabajadoras sociales de la oficina hacen dos informes, uno de vulnerabilidad y otro de posibilidades económicas reales de cada familia. Con ellos, los mediadores acuden a las entidades financieras para ofrecer diferentes propuestas. Estos negociadores son notarios de la Fundación Signum, entidad que logró la licitación pública para este servicio por delante del Colegio de Abogados, el Colegio de Economistas y los Censores Jurados de Cuentas. Su presencia en este proceso gratuito es clave. "Antes, las familias negociaban con los bancos, pero en esa situación aceptas un peor acuerdo que si hay un mediador experto que no tiene agobios y aporta una técnica a la hora de negociar que no tiene un particular, y menos en situación de angustia", añade Higueras.
Preguntada por las críticas de las plataformas antidesahucios por la promesa electoral de parar todos los desalojos, la concejala admite el error de comunicación y asume la culpa del problema. "Es verdad que en el programa pone que vamos a parar los desahucios. El malentendido viene cuando yo digo que se hará dentro de la legalidad", explica. Sin embargo, considera que el matiz, en un ayuntamiento cuya alcaldesa es jueza, "cae de su peso", por lo que insiste en que las órdenes judiciales hay que cumplirlas. "Nosotros no vamos a tirar piedras ni vamos a atarnos a una puerta. Los vamos a parar dentro de la legalidad y haciendo todo lo que esté en nuestra mano".
Para optar a este servicio hay que cumplir unos requisitos: que la casa esté en Madrid, que el préstamo no supere los 300.000 euros y que se trate de una vivienda habitual y única. Sin embargo, la necesidad de este tipo de ayudas ha hecho que a la oficina acudan personas con otros problemas y de otros municipios e incluso provincias "como Zaragoza", tal y como explica la coordinadora, que se lamenta por no poder ayudar en esos casos.
Una de esas personas es V.A., que prefiere no dar su nombre. Vive en una mancomunidad del IVIMA de 245 viviendas y tiene abierto un contencioso administrativo por su situación límite. Sabe que la oficina no puede resolver su problema, pero necesita que la escuchen y la aconsejen. "El sistema de cobro del IVIMA hace imposible pagar, parece una ayuda pero no lo es. Por miedo nos vemos obligados a aceptar unas condiciones imposibles que no podemos cumplir. Nuestra situación es peor que mala, es terrible, y el deterioro mental que supone no te lo puedes imaginar", denuncia.
El próximo reto de la 'oficina de la esperanza' llegará en el mes de septiembre, cuando pase a ocuparse también de situaciones de impago en el alquiler, aunque solo en casos de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, como pueden ser aquellos que afectan a personas mayores y niños.
