¿Tendremos Gobiernos paritarios después de las elecciones autonómicas del 24-M?

Es un hecho que en las últimas décadas las mujeres en la mayoría de las democracias occidentales han dado pasos de gran importancia en su acceso a posiciones de gobierno, bien como jefas de Ejecutivo o como personas que forman parte de ellos. Además este fenómeno, relativamente reciente, está llamado a consolidarse. El caso español resulta especialmente relevante porque como han mostrado las investigaciones llevadas a cabo por Juan Rodríguez y Régis Dandoy, la estructura multinivel del Estado español ha ampliado las oportunidades para que las mujeres incrementen su presencia en puestos ejecutivos produciéndose de hecho una participación en los gobiernos autonómicos que ha superado en muchos casos y con frecuencia el porcentaje de mujeres en el Ejecutivo estatal.

Ahora bien, si observamos la evolución de la presencia de mujeres en los gobiernos autonómicos se pueden distinguir tres etapas diferenciadas, tres fotografías bien distintas de un proceso en curso con un futuro incierto. En primer lugar, una primera etapa larga que denominamos de crecimiento lento y paulatino que comprende desde la I hasta la VI legislaturas, en concreto, hasta 2003 período anterior al primer nombramiento de gobierno paritario en España, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. En segundo lugar, distinguimos una nueva etapa que denominamos de mayoría paritaria y que llegaría a su término con la aparición de la crisis económica. Momento en que, desde el punto de vista del efecto simbólico y mediático, coincide con la eliminación del Ministerio de Igualdad en 2010. Por último, una tercera etapa, en la que nos encontramos en la actualidad, que llamamos de retroceso, donde se produce una caída importante de la presencia de mujeres en los ejecutivos autonómicos.

La primera etapa supone un largo período que comienza al inicio de los años ochenta, con la conformación de los primeros Ejecutivos autonómicos, en la que prácticamente no había mujeres en los gabinetes y en la que, con el paso del tiempo, éstas se van incrementando hasta mediados de los años noventa. En efecto, no será hasta la VI legislatura (1996-2000), cuando se observa un crecimiento mayor de mujeres consejeras en el que se aseguran, por una parte, porcentajes de mujeres en los Ejecutivos por encima del 15%, y por otra, valores próximos al 30% en algunas comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León), porcentaje que la literatura ha sostenido como “masa crítica” o porcentaje mínimo que puede traer consigo un cambio cualitativo importante en la presencia de mujeres.

La segunda etapa, por su parte, coincidiría con una legislatura muy concreta, la VII legislatura (de 2000 a 2004), en la que la mayoría de los Ejecutivos, como se observa en la tabla, son paritarios. Se produce, por lo tanto, un salto cuantitativo muy relevante de mujeres en los Ejecutivos: nueve comunidades autónomas forman gobiernos paritarios y en otras tres se alcanza el 30% de representación.

A partir de la conformación del primer Ejecutivo paritario en España, nombrado por Zapatero en 2004, se produce un efecto contagio que afecta a la composición de los Ejecutivos autonómicos. El nivel de representación alcanzado en el Estado se convierte en referente de competición política e impulsa la aparición posterior de numerosos ejecutivos autonómicos paritarios nunca antes vistos, el 52% de los mismos. Esta segunda etapa, por tanto, corresponde a un período electoral inmediatamente posterior a la elección del Gobierno paritario español. Para la mayoría de comunidades autónomas coincide en 2007 y para las comunidades históricas en 2005, 2006 o 2008.

La tercera y última etapa se inicia con la conformación de las VIII legislaturas donde observamos un punto de inflexión, el comienzo de un retroceso de la paridad en los Ejecutivos autonómicos, pasando de un 52% a un 29% de Gobiernos paritarios. La menor presencia de mujeres en los Ejecutivos parece estar relacionada con un contexto de crisis económica donde la igualdad se aleja de los asuntos centrales de la agenda política, y por lo tanto, deja de formar parte de la competición política entre partidos.

En este período se observa además que en aquellas comunidades autónomas donde se establecieron cuotas obligatorias para los Ejecutivos, los porcentajes se mantienen, mientras que se reducen en mayor medida en aquellas donde no existe normativa que obligue a la paridad. A mediados de la primera década del 2000 comienzan a aprobarse disposiciones relativas a la presencia equilibrada en los Ejecutivos en siete comunidades autónomas, en cuatro de ellas con normativa sustantiva y garante de la paridad en los Ejecutivos (Andalucía, Extremadura, País Vasco y Galicia) y en otras tres con normativa soft cuyo articulado recomienda la paridad pero no obliga a la misma (Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias).

Gráfico: Porcentaje medio de mujeres en los ejecutivos autonómicos con o sin cuota obligatoria*.

*La cuota obligatoria para la composición del Ejecutivo se establece por primera vez en la Ley vasca de Igualdad de 2005.

¿Cerrará el 24-M esta última etapa de retroceso? Distintas variables apuntan a que no. Primero continuamos en un contexto donde predomina el discurso de la austeridad, que proyectado sobre la formación de Gobiernos se ha traducido en la decisión de constituir Ejecutivos pequeños, y por lo tanto, con pocos puestos a repartir. Si a esto le añadimos la crisis de credibilidad de los partidos tradicionales que apunta a una pérdida de sus apoyos electorales y en consecuencia, de capacidad de gobierno, es probable que también esta disponibilidad de puestos se reduzca. En general, cuando hay pocos puestos a repartir el porcentaje de mujeres baja.

Por otro lado, los nuevos partidos alternativa, Ciudadanos y Podemos, parecen tener problemas para incluir candidatas en sus listas y mantienen en un segundo plano el discurso de la igualdad de género. Así las cosas, vemos difícil que esta situación cambie, porque aunque la igualdad forma parte ya de la agenda política de nuestro país, no creemos que se convierta en tema central de la competición partidista en las próximas elecciones.

En este contexto, sólo nos quedan las cuotas. Nuestro diagnóstico es que el equilibrio de género en los gobiernos autonómicos se mantendrá solo en aquellas comunidades que están obligados a hacerlo por ley y continuará el retroceso en el resto. Tan solo las cuotas asegurarán el compromiso con la igualdad, situación que, de confirmarse, obligará a reflexionar sobre la precariedad y el riesgo de reversibilidad de las conquistas alcanzadas hasta hace bien poco en España.

Para comprobar esta hipótesis habrá que esperar a las célebres “fotos de familia” de los nuevos Gobiernos autonómicos…

* Este artículo se basa en los datos publicados en el trabajo de las autoras, Isabel Diz y Marta Lois, El impacto de las cuotas sobre los ejecutivos autonómicos: presencia y características de la élite gubernamental autonómica publicado en el libro Cruells, M y M.C. La Barbera (Eds.)(2015), Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas, perspectivas, Madrid: Centro de Estudios políticos y Constitucionales, en prensa.

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