Aprobada la nueva Ley de Montes, que permitirá recalificar zonas quemadas: "Alienta la destrucción"

El pleno del Congreso aprobó este miércoles la nueva Ley de Montes, una norma que ha desatado fuertes críticas de la oposición y de la inmensa mayoría de las ONG ambientales. ¿El motivo de la polémica? Abre de nuevo la puerta a cambiar el uso de los terrenos quemados. Es decir, en determinadas circunstancias se podrá recalificar el suelo tras un incendio forestal.

Según informó en enero, cuando se presentó la ley, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a partir de ahora serán la Comunidades Autónomas las que podrán acordar, mediante una ley, el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando “se den razones imperiosas de interés público de primer orden”. Una sola frase que cambia por completo la norma vigente desde 2006, impulsada por la ministra socialista Cristina Narbona, que prohibía construir en zonas afectadas por el fuego durante los 30 años posteriores al siniestro. De esta forma, se trataba de evitar fuegos provocados con fines especulativos.

Tejerina aseguró que el cambio tiene como objetivo evitar que incendios provocados puedan “impedir actuaciones de interés general”. Por ejemplo, explicó la ministra, ahora podría darse el caso de que un propietario prendiera fuego a sus propios terrenos para evitar una expropiación para la construcción de una autovía que tendría que pasar por allí. Eso, según Tejerina, podría ocurrir con la antigua ley, aunque esa norma sí permitía construir si había trámites ya aprobados antes del incendio.

Los argumentos del Gobierno no han tranquilizado ni a la oposición ni a ecologistas. El PSOE se ha mostrado contrario al cambio y Juan López de Uralde, portavoz de Equo, considera que se trata de “una vuelta de tuerca más” en el “desmantelamiento” que, a su juicio, está realizando el PP de la legislación que protege el medio ambiente. Va en la línea, critica, de la nueva ley de costas o la aprobación del fracking.

"SE VOLVERÁ A LA SITUACIÓN ANTERIOR"

“Va a traer especulación y se va a volver a la situación anterior: en el momento en que había un proyecto urbanístico y surgía la más mínima voz de que no se podía urbanizar ahí porque tenía valor ecológico… lo siguiente que ocurría es que lo quemaban y se quitaban el problema”, recordaba López de Uralde en conversación con El Huffington Post el pasado mes de enero, cuando se presentó la discutida norma. Eso, incidía, es lo que llevó a cambiar en su día la ley de montes, que, según asegura, ha sido efectiva porque no se produjeron nuevas recalificaciones y consiguió eliminar una de las causas de incendios forestales.

La nueva ley, avisa, “alienta la destrucción y los incendios”: “Abierto el agujero, la problemática está creada. Están haciendo lo de siempre: cambian la ley, hacen el agujero y dicen que no va a ocurrir nada.”

El Colegio de Ingenieros de Montes, en cambio, se ha posicionado a favor de la nueva ley. Su decano, Carlos del Álamo, cree que no se puede generalizar la prohibición, como ocurre hasta ahora, sino que el cambio o no del uso del suelo tras un incendio debe obedecer a la sentencia de un juez.

(Sigue leyendo después del vídeo...)

También subrayaba en enero que la normativa de 2006, que calificaba de “demagógica y poco eficaz”, se ha convertido en “un arma en manos de desaprensivos y delincuentes” que “hacen daño a otros sin posibilidad de defenderse”. “Imagínate que tú tienes una finca y yo tengo otra al lado. Y yo, para que no construyas, te quemo la finca”, ponía de ejemplo. “Muchas veces el incendio no lo provoca el dueño del terreno y puede venir de lejos. Esos propietarios se ven condicionados o perjudicados por una situación ajena a su voluntad. Encima de cornudos, apaleados”, aseguraba.

"UN INCENDIO NO JUSTIFICA EL CAMBIO"

Del Álamo afirmaba, además, que con este debate se eleva de categoría algo “casi anecdótico” porque el cambio de uso del suelo no llega al 1% de las causas de incendios forestales. Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción, creía, en cambio, que ese es un argumento tramposo porque si esta es ahora “una causa mínima” de los incendios es gracias, precisamente, a la ley aprobada en 2006.

“Hasta ese momento sí era una causa importante. Además, independientemente del porcentaje, el objetivo principal de una zona quemada debe ser su recuperación y regeneración siempre manteniendo el uso forestal. Que una zona se haya incendiado no justifica en ningún caso que se tenga que dedicar a fines urbanísticos o de construcción”, advertía días después de la presentación de la norma.

Tampoco le valía la razón de Del Álamo de que los propietarios pueden salir perdiendo en caso de incendio. “Si tienes un monte, se quema y se regenera, ¿en qué sales perjudicado? No es que salgas perjudicado, es que te quieres beneficiar”, critica.

Oberhuber cree, además, que como en pocas ocasiones se llega a saber realmente la causa del incendio, es muy fácil camuflar un fuego: “Si provocas una quema de rastrojos al lado y dejas que se te escape intencionadamente… Es difícil concretar si estamos hablando de un incendio intencionado o no. Por eso, la norma debe ser general para todos”.

Santiago Arévalo, presidente de la Red Española de Municipios Forestales y alcalde de Enguera, en Valencia (PP), afirmaba que esa prohibición general trae perjuicios a los pueblos. Ponía como ejemplo el caso del municipio de Cotes, que tuvo la oportunidad de albergar una central solar “con una inversión importante". “Resulta que esos terrenos se habían quemado hacía 17 años. Ni el alcalde lo sabía. Y por eso se vino abajo un proyecto que podía haber sido la salvación económica del pueblo”, afirmaba.

"NO HAY ESPECULACIÓN URBANÍSTICA"

Arévalo se quejaba en enero de que “quienes van sólo los fines de semana” a los espacios forestales quieran ser “los adalides de la preservación de los paisajes” y defiende que en los municipios forestales de interior “no hay especulación urbanística y nunca la ha habido”. “En mi pueblo en el año 1900 vivían 7.500 personas. Ahora viven 5.000. ¿Dónde ha habido esa construcción y especulación desmesurada?”, cuestionaba.

Llamaba, además, a confiar en las instituciones para que éstas decidan qué es interés general y qué no. “La legislación lo marca y tiene que estar avalado por una serie de informes y ni un promotor ni un particular pueden modificarlo. Interés general no es decir: voy a construir una mole de viviendas, sino levantar un hospital en unos terrenos que igual se quemaron hace 20 años”, reflexionaba.

Pero a Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, no le valen esos argumentos. “Sabemos por experiencia que se consideran de interés general obras de todo tipo, no solo cosas que podamos pensar que son esenciales o importantes”, recuerda.

Y concluye que esta ley, “como casi todos los cambios normativos de esta legislatura”, va encaminada a beneficiar a determinados sectores o personas “bien relacionadas con el PP”. “Ya había intereses concretos y nos tememos que no solo se trate de intereses políticos, sino pensando en un proyecto y amigos concretos”.

Debate y participa con tu voto y tus argumentos: