El PSOE critica el proyecto y denuncia irregularidades. Más Madrid se reserva su sentido de voto y el PP, con su mayoría absoluta, asegura la aprobación definitiva.
El caso afecta a un contrato de arrendamiento rústico firmado en enero de 2015, que incluía una cláusula que indicaba que, tras finalizar en diciembre de 2019, no se podía prorrogar y la finca debía ser desalojada.