Tras el fin de la doctrina Parot

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha concluido por unanimidad que la doctrina Parot, elaborada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y amparada por el Tribunal Constitucional, ha supuesto una detención ilegal de una persona desde el 3 de julio de 2008 hasta la actualidad, por vulneración del art. 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH): "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley". Por 15 votos a 2 ha sentenciado también que la citada interpretación jurisprudencial viola el derecho de los europeos a la irretroactividad de las disposiciones penales (art. 7 CEDH). Obviamente, era deber del tribunal competente, la Audiencia Nacional, poner fin a dicha detención ilegal en el plazo más breve posible, como así ha hecho ajustándose a la ley.

En estos días se han sucedido numerosas noticias, declaraciones y artículos de opinión sobre la decisión de la Gran Cámara; siendo a mi juicio muy sensatas y aceptables todas las emitidas desde un mínimo de rigor jurídico y objetividad.

Entre los especialistas en la materia era opinión muy mayoritaria que la STS 197/2006 (doctrina Parot) era, cuando menos, una interpretación muy difícilmente compatible con el principio básico de un Estado de Derecho: el sometimiento del poder a la ley como garantía de los derechos ciudadanos de todos. Una vez que el TEDH ha convertido esta opinión en la jurídicamente válida (de la que obviamente se puede discrepar), a la vista de lo sucedido desde 2006 y especialmente en los últimos días, me atrevo a proponer unos pocos puntos de reflexión.

No es una buena noticia para el Estado de Derecho y para la lucha antiterrorista que un tribunal internacional de garantía de derechos humanos haya condenado a España. Sin duda, la fiereza del terrorismo ha producido cierto envilecimiento de la respuesta al mismo, pero los sistemas de protección de derechos fundamentales con los que cuenta un Estado de Derecho como España deberían haber funcionado. Creo que los magistrados que ampararon ilegales privaciones de libertad deberían reconocerlo públicamente. No es baladí que en la lucha por la legitimidad (de la que ETA obviamente carece de modo absoluto) las instituciones españolas hayan, en ocasiones, sorteado o vulnerado frontalmente los límites del Estado de Derecho.

Por ello, la reacción gubernamental o de la Defensora del Pueblo insistiendo en la utilidad de una doctrina viciada por la vulneración de derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos no resulta precisamente edificante para quienes creemos que ningún argumento de eficacia puede justificar el menoscabo de los derechos conquistados de los que todos somos titulares.

Por otro lado, a mi juicio, estas posiciones, sustentadas sobre afirmaciones demagógicas, han conducido a las víctimas de los terrorismos a un callejón sin más salida que la frustración; a las víctimas, a las que no se debiera confundir con unos pocos dirigentes de unas pocas de las asociaciones de víctimas que existen. No quiero poner en duda su representatividad, ni la de sus expresiones públicas, desconozco cuál es, pero el número de víctimas no asociadas es tan grande que las instituciones y los medios de comunicación no debieran sin más poner en boca de miles de personas las declaraciones de unas pocas.

Al dolor natural y comprensible generado por las excarcelaciones -por el efecto de las redenciones de pena o por la aplicación de la legalidad penal y penitenciaria, tras un importante número de años en prisión, sin contar con, en su caso, el tiempo de encarcelamiento en Francia previo a la extradición a España- (las anteriores a 2006 y las que se produzcan a partir de este martes) se ha sumado el de una humillación, ofensa o agravio que a mi juicio no es tal. Con esta sentencia del tribunal de Estrasburgo las víctimas no han perdido ni verdad, ni justicia, ni dignidad, ni reparación. La puesta en libertad de Del Río Prada (ETA), Cela Seoane (GRAPO) o Miquel Gutiérrez (GAL) no les exculpa, ni anula ni menoscaba el reconocimiento a la dignidad de sus víctimas, ni borra la injusticia de su victimización. Creo que habría sido conveniente explicar esto a las víctimas y al conjunto de la sociedad; hacer pedagogía -como bien decía Luis R. Aizpeolea- para que las víctimas pudieran comprender sin sentirse revictimizadas.

Por último, queriendo ser positivo, me ha alegrado oír que Xabier Mikel Errekondo (diputado de Amaiur y destacado jugador de balonmano en diversos clubes y en la selección española) ha expresado su respeto y comprensión por las víctimas de ETA, del GAL, del GRAPO y de otros delitos que van a ver cómo quienes asesinaron a sus familiares recuperan la libertad. Y que el presidente de Sortu haya manifestado su deseo de no herir a las víctimas, exteriorizando con ello la comprensión de su dolor. Sin duda es comprensible que las víctimas, al margen de lo que crean justo, sientan una gran punzada de dolor al ver que sus victimarios terminan sus condenas, con notables y destacables excepciones, sin haber admitido la injusticia e inhumanidad de su pasado delictivo. También las familias de Lasa y Zabala, en los días en que se cumplía el aniversario de su asesinato, han sentido un dolor similar al contemplar la libertad, amparada en la ley, de uno de los condenados por su asesinato.

La empatía con el sufrimiento de todas las víctimas, "las nuestras" -más fácil- y las de "los otros" -más difícil, más loable e igual de necesaria- es un camino que todos debemos recorrer, especialmente la izquierda abertzale, sin más demora y sin subterfugios tácticos y medias palabras, y que nos habría de llevar a condenar todas las vulneraciones de derechos humanos desde 1960, sin equiparar modos, momentos y escalas de victimización; pero sí el derecho a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas, porque su victimidad y su pérdida sí generan los mismos derechos. Ahora que cerca de un tercio de las personas presas por terrorismo van a ir siendo excarceladas en dos o tres años, es decir, se avanza en uno de los puntos de la hoja de ruta unilateral de la izquierda abertzale anunciada en el Acuerdo de Gernika de 2010 y en otros textos, podría ser un momento idóneo y oportuno para hacer caminar al conjunto de la izquierda abertzale por la senda de otro de sus puntos: la "necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas".