Esto dice la ley sobre borrar el nombre de un condenado en Internet

En la era digital, el rastro que dejamos en Internet puede durar toda la vida. Para muchos, el deseo de borrar de la Red toda información personal, especialmente cuando se vincula a errores del pasado, se convierte en una necesidad. Sin embargo, el derecho al olvido, la herramienta legal que permite hacer que desaparezcan de los buscadores ciertos datos personales, tiene limitaciones importantes cuando se trata de determinados casos.

El derecho a la supresión de ciertos datos en buscadores, como son Google o Bing, viene recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde se establece que cualquier ciudadano puede solicitar a los motores de búsqueda que eliminen enlaces a información desactualizada o irrelevante que afecta a su privacidad. Sin embargo, cuando se trata de personas condenadas y con sentencias en firme, la situación cambia.

"El derecho al olvido en estos casos es muy limitado", explica al portal Maldita el abogado especializado en protección de datos, Samuel Parra. "El derecho a la información pública suele prevalecer sobre el deseo del individuo de borrar su nombre, especialmente cuando la información es veraz y de interés general", señala. Esto significa que, en la mayor parte de los casos, las condenas se mantienen online si existe un interés legítimo en mantener la información pública.

No obstante, hay excepciones. Ciertos aspectos de una condena, como datos personales innecesarios o la dirección de la persona sentenciada, son irrelevantes para el público. En estos casos, el individuo podría tener éxito si pide que se borre ese tipo de información específica, aunque no de la condena en sí.

¿Cuándo es posible borrar el rastro de una condena?

El derecho al olvido no es una regla absoluta. Parra señala que existen contextos en los que una persona condenada puede tener opciones de solicitar la supresión de sus datos. Por ejemplo, si el condenado ya ha cumplido sentencia, si ha pasado un tiempo desde los hechos o los antecedentes han caducado, el caso podría revisarse. "Es importante que la gravedad del delito y la relevancia de la persona jueguen un papel clave", añade.

Asimismo, si el acusado ha resultado absuelto, la información relacionada con el proceso judicial puede considerarse como inexacta o desactualizada, lo que podría facilitar su eliminación. También es fundamental evaluar la magnitud del caso. "No es lo mismo un delito de gran repercusión social que un hecho menor, como un hurto. Tampoco es igual el caso de una figura pública que el de un ciudadano anónimo", explica el experto.

El proceso de evaluación, sin embargo, es minucioso y depende de varios factores. "No hay una fórmula única, sino que es necesario sopesar las circunstancias de cada situación y el equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad”, subraya.