El cargador universal en España ya tiene fecha
El Ministerio de Economía ya tiene lista la normativa que, siguiendo los criterios dictados por la Unión Europea, viene con alguna mejora para beneficio del consumidor.
Seis meses después de que la Unión Europea aprobase la normativa que impone el cargador universal a la mayoría de los dispositivos del mercado, el ministerio de Nadia Calviño ultima ya el texto con el que la legislación española se adaptará a la europea.
Después de 13 años de negociaciones a nivel europeo, el Ministerio de Asuntos Económicos le ha puesto fecha al final de la guerra de los cargadores: será el 28 de diciembre de 2024, según el documento del ministerio que pretende aprobar en las próximas semanas (se puede consultar públicamente) y que incorpora algunas mejores respecto al texto europeo, con el objetivo de beneficiar a los consumidores.
A partir de la fecha señalada, teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, videoconsolas, lectores de libros electrónicos y todos los dispositivos electrónicos deberán cargarse con un cargador USB-C. A excepción de los ordenadores portátiles, que tendrán hasta el 28 de abril de 2026 para adaptarse a las exigencias de la normativa. Entre otras cuestiones, la norma obliga a los fabricantes a adaptarse para que los cargadores universales permitan la carga rápida.
La española, además, incluye una novedad que pretende beneficiar a los consumidores: el derecho a comprar dispositivos electrónicos sin cargador. Uno de los objetivos del Real Decreto es el de "permitir a los consumidores decidir si adquirirán o no un cargador al
comprar un nuevo dispositivo". Esto podría rebajar el precio de algunos dispositivos aunque quedará en manos del fabricante establecerlo.
Cuando los fabricantes ofrezcan los dispositivos electrónicos sin cargador, tendrán la obligación de indicar si el "dispositivo de carga está o no incluido en el paquete de producto" con un "pictograma en el embalaje y cerca de la indicación de precio en las ventas a distancia", aclara el decreto del ministerio de Nadia Calviño.
Economía calcula que con la entrada en vigor de la norma, los consumidores podrán ahorrarse hasta 26 millones de euros "ya que comprarán menos cargadores", aunque también tienen en cuenta que pueden subir de precio, además de contribuir a la reducción de residuos electrónicos "debido a la posibilidad de reutilización de cables y cargadores".
