WWF y la violación de derechos indígenas – Survival se retira del diálogo
Survival International abandonó a principios de este mes su intento de obtener una resolución sobre una queja formal relativa a que el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund, WWF) está vulnerando las directrices internacionales en materia de responsabilidad corporativa, y ha decidido recurrir de nuevo a la presión pública para tratar de poner fin a los abusos.
Survival presentó la queja en febrero de 2016 en un intento de lograr que este gigante del conservacionismo dejara de ser parte en el maltrato a pueblos indígenas y tribales, reclamación que fue admitida a trámite con arreglo al procedimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Suiza, donde tiene su sede WWF. [1] Sorprendentemente, esta es la primera vez que una ONG ha sido sometida a las mismas directrices que otras entidades multinacionales. Ello supone un gran paso adelante para quienes creen que las organizaciones sin ánimo de lucro también han de responsabilizarse de cualquier consecuencia negativa que pueda tener su labor.
La queja detallaba las acusaciones de Survival acerca de la implicación de WWF en el robo y el control de las tierras de los "pigmeos" bakas de Camerún y de que debido a ello los bakas estaban siendo objeto de abusos devastadores. Alegamos que WWF no había hecho ningún intento de aplicar su propia política sobre pueblos indígenas, ni de acatar las directrices de la OCDE encaminadas a evitar los abusos de los derechos humanos derivados de las actividades de las empresas.
Estas directrices son recomendaciones a las empresas multinacionales y ponen el acento en el deber de "evitar causar impactos negativos sobre los derechos humanos o contribuir a que se generen". Las multinacionales han de asumir la responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos y no pueden escudarse en la incapacidad de un gobierno para hacer respetar los derechos humanos. Someterse simplemente a la legislación local no es una vara de medir para quien reclama una posición moral: esto es lo que subyace al concepto mismo de derechos humanos y explica por qué hacen falta leyes y convenciones internacionales.
A pesar de que las propias normas de WWF exigen que la organización garantice que se ha obtenido el debido consentimiento para proyectos en tierras de pueblos indígenas y establezca sistemas para gestionar los problemas, Survival cree que WWF no ha hecho ni lo uno, ni lo otro.
La reclamación de Survival planteaba, en primer lugar, que WWF no había hecho ningún intento de consultar a los bakas cuando se asoció con el Gobierno de Camerún para parcelar la selva de los indígenas en zonas de caza de trofeos y parques nacionales. Los bakas fueron expulsados y ni siquiera ahora WWF se dignaría a consultarles sobre cómo se gestionan esos territorios. En segundo lugar, señalamos que WWF financia a guardaparques que regularmente atacan, y en ocasiones torturan y matan, a miembros de la tribu baka.
Los indígenas son acosados tanto si se atreven a volver a sus tierras para cazar o recolectar alimentos o plantas medicinales como si se hallan fuera de los límites del parque. La idea de que este reino del terror contribuye a la protección de la flora y fauna silvestres es un sinsentido: algunos guardaparques financiados por WWF son a su vez cazadores furtivos y en todo caso los bakas han demostrado que son mejores conservacionistas que WWF.
Survival señaló que WWF infringe tanto su propia política aprobada en 1996 como las directrices de la OCDE, pero WWF respondió que en su caso no se aplican las directrices y declinó toda responsabilidad por no garantizar el consentimiento de los bakas sobre el destino de sus tierras.
Mientras se desarrollaban los trámites en torno a la queja, la agencia suiza intentó que Survival detuviera la campaña contra WWF y declaró que podía verse obligada a suspender el proceso si continuábamos (como de hecho hicimos). Finalmente se aceptó una mediación entre ambas organizaciones para los días 6 y 7 de junio de 2017 en unas dependencias gubernamentales en Berna.
Survival se preguntaba si Suiza, un país que se caracteriza porque no suele tomar partido, llegaría a formular alguna crítica a WWF. Esta última es una organización importante con un volumen de negocio global de unos 740 millones de dólares (su jefe ejecutivo estadounidense percibe un salario que duplica al del presidente de EE.UU., y su oficina internacional tiene por sí sola unos ingresos de casi 200 millones de francos suizos). Por esta razón, en un intento de conseguir algo de provecho para los pueblos indígenas, condensamos nuestras peticiones en una sola: que WWF cree una unidad de alto nivel que se encargue de garantizar el consentimiento de los pueblos indígenas para operar en sus tierras, prever problemas e investigar y actuar contra los abusos. En otras palabras, debe contar con una oficina que asegure el cumplimiento de su propia política.
La mediación se desarrolló durante dos días de tira y afloja en Berna, la capital medieval de Suiza que se conserva en gran medida intacta y que es famosa por su foso de los osos. Los detalles son confidenciales, aunque no se dijo nada nuevo. WWF insistió en que el procedimiento de demanda de la OCDE no podía invocarse con respecto a su labor y aseveró que ninguna de las alegaciones de los bakas estaba probada. Declaró que ya contaba con un mecanismo de reclamación, de modo que no hacía falta la nueva oficina que reclamaba Survival.
En realidad Survival cuenta con testimonios de primera mano, incluso de dentro de WWF, que confirman que nuestras alegaciones son la punta de un iceberg que la organización conservacionista conoce al menos desde 2001. El gigante de la conservación, incluso, encargó un informe independiente sobre este asunto, pero cuando sus hallazgos confirmaron el abuso su existencia fue negada.
WWF concibe su política relativa a los pueblos indígenas como una simple aspiración, pese al hecho de que ha estado en vigor durante 20 de los 56 años de existencia de la organización. Afirma que intenta mejorar y no admite haber cometido errores.
Tras la contienda en Berna, el siguiente paso consistió en ver si era posible llegar a un "acuerdo conjunto". A pesar de los esfuerzos de un competente mediador, esta vía resultó ser más tortuosa. WWF pretendió incluir justificaciones de su posición, mientras rechazaba las objeciones de Survival. La pugna continuó durante dos meses hasta que quedó circunscrita a un punto: ¿acepta WWF que los bakas deben dar su consentimiento a la manera en que se gestionen en el futuro las zonas de conservación dentro de su territorio? Pese a que esto no es más que lo que exigen su propia política y las directrices de la OCDE, WWF se negó.
No tiene nada de extraño. Aunque se supone que las organizaciones conservacionistas han de garantizar que se obtiene el "consentimiento libre, previo e informado" de aquellos cuyas tierras desean controlar, en realidad esto nunca ocurre. Temen que suceda, conocedores de que estar condicionados por dicho consentimiento les quitaría poder y lo pondría en manos de poblaciones locales que vienen conservando dichas tierras desde hace generaciones. Por mucho que disimulen, los conservacionistas occidentales en África saben que requerir el consentimiento local debilitará su control sobre vastos territorios y jugosos presupuestos.
Y la confidencialidad que comporta el procedimiento de la OCDE es obviamente superada por nuestro deber de informar a los pueblos indígenas de las políticas que sobre el papel parecen excelentes, pero que son una amenaza para su futuro. Sin duda harían bien en exigir acuerdos justos, explícitos y vinculantes por escrito, con tiempo suficiente y asesoramiento para examinarlos con lupa, antes de aceptar cualquier proyecto conservacionista.
Coincide que durante este periodo de tira y afloja Survival se reunió con una empresa contra la que hemos estado haciendo campaña: durante años apoyamos a los dongria kondhs de India para impedir que Vedanta Resources PLC abriera una mina de bauxita en su tierra. Ahora, después de años de monitoreo y oposición, Vedanta afirma que ha accedido a cambiar de postura: ha aceptado que la mina no podía salir adelante sin el consentimiento de los dongria kondhs; un consentimiento que aceptó que no tenía.
Vedanta abandonó el proyecto de la mina porque la población local lo rechazaba y, por supuesto, porque esta podía contar con apoyos nacionales e internacionales activos y bien organizados para hacerse oír. El contraste con la postura de WWF no puede ser mayor. Algunas empresas mineras aceptan ahora la idea de que no pueden operar sin el acuerdo de la población local; la mayoría de las ONG conservacionistas siguen sin aceptarlo, solo simulan hacerlo.
Tanto la industria minera como el sector conservacionista tienen un largo historial de robo de tierras, particularmente en África, y si alguien piensa que en este último caso la medida podría estar justificada porque las tierras en cuestión iban a ser "conservadas", que sepa que de hecho ambos sectores son destructivos. Una y otro expulsan a la población local, que a menudo ha estado protegiendo la tierra, y a través de la cooperación comercial de los conservacionistas con la industria maderera ambos destruyen también vastas extensiones naturales.
El paralelismo puede llegar más lejos todavía: tanto la industria minera como el sector conservacionista toleran o apoyan a grupos armados que protegen sus intereses. En el caso del proyecto de extracción de bauxita denominaban "goons" a estos grupos y operaban en complicidad con la policía. Se dedicaban a intimidar y atacar físicamente a quienes se oponían a la empresa minera. Los mercenarios de los conservacionistas son los guardaparques. Operan confabulados con las autoridades y también amenazan y atacan a los indígenas. [2]
Si los simpatizantes del conservacionismo están escandalizados por esta comparación, y por el hecho de que algunas compañías mineras ocupan ahora una posición moral más elevada que muchas organizaciones conservacionistas, hacen bien en estarlo. La idea de que hay que conseguir que la población local dé su consentimiento libre, previo e informado a cualquier proyecto planeado en su territorio se abre paso en el seno de una industria minera que se ve presionada a cambiar (con algunas excepciones notables). Sin embargo esto no está sucediendo en las grandes organizaciones conservacionistas.
Durante los meses en que se intentó elaborar un texto mutuamente acordado para llevar a buen fin el proceso de la OCDE, Survival probó diferentes mecanismos de reclamación de WWF. [3] Denunciamos abusos cometidos por guardaparques contra los bakas y el hecho de que se propusiera la creación de un nuevo parque nacional (Messok Dja en Congo) sin siquiera informar a la población indígena. En el momento de escribir estas líneas, ninguna reclamación ha sido objeto de una respuesta sustantiva. Lo mejor que nos han dicho es que WWF estudiará algunas de ellas. [4] Incluso si los bakas no tuvieran miedo de las represalias, que lo tienen, les sería imposible utilizar cualquiera de estos supuestos mecanismos de reclamación.
Sea como fuere, ahora salimos del foso de los osos con el convencimiento de que WWF no tiene ninguna intención de solicitar, por no decir obtener, el debido consentimiento de aquellos cuyas tierras pretende robar en colusión con los respectivos gobiernos. No tiene ninguna intención de afrontar el hecho de que su propia política sobre pueblos indígenas no vale ni el papel sobre el que está impresa: no es más que palabrería publicitaria para alejar las críticas.
Asimismo, WWF es también incapaz de controlar a los agentes que financia y lanza contra los desventurados indígenas que han presenciado cómo les han arrebatado sus tierras, y parece que no quiere o no puede intentarlo. Sigue cooperando con industrias destructivas, como la maderera. Sigue siendo responsable de los guardas contratados para proteger zonas de safari de caza, donde gente rica, siempre de piel blanca (inclusive un integrante del consejo de administración de WWF), caza elefantes, mientras los indígenas pobres son víctimas de palizas y abusos por intentar alimentar a sus familias. Sigue perpetrando su versión de una "conservación de fortaleza", que a nuestro modo de ver llevará a la destrucción de la propia conservación.
Por otro lado, el procedimiento de quejas de la OCDE ha demostrado su incapacidad para poner fin a estos abusos. Un escéptico podría pensar que los encargados de juzgar las transgresiones de las normas de la OCDE respirarán aliviados: los gobiernos no quieren quejas contra ONG de escaparate que ellos mismos financian. Los peces gordos de la conservación están acostumbrados a que se les perciba como gente progresista en EE.UU. y Europa, y el hecho de que en gran parte del África rural se les odie y se les tema debe permanecer oculto.
Animada por un creciente movimiento de ambientalistas preocupados, Survival ha decidido utilizar otros mecanismos para hacer que WWF cumpla la ley y su propia política, ponga fin a sus abusos contra pueblos indígenas y se ponga a trabajar por el medioambiente y no contra el mismo. No nos hacemos ilusiones con respecto a la posible contraofensiva del sector conservacionista: si esta lucha fuera fácil, la habríamos ganado hace décadas. Este modelo de conservación de la naturaleza inadecuado se ha convertido en uno de los principales problemas que afrontan hoy los pueblos indígenas y tribales, y ha destruido la vida de millones de personas; también está sentando las bases para su propia destrucción y causar graves daños medioambientales. Estamos ante una lucha de candente actualidad que debería comprometer a quienes se preocupan por el medioambiente y por los derechos humanos.
Las organizaciones conservacionistas millonarias deben empezar por preguntar a las poblaciones locales si desean recibir ayuda del exterior para proteger sus tierras y por ofrecer sus recursos tan solo si se los piden. Hay que invertir la estructura de poder. Ello beneficiaría tanto al medioambiente como a las personas. Los perdedores serían los conservacionistas que no quieren renunciar a su poder y su dinero, y que justifican su reinado con el argumento de que son los que más saben acerca de cómo proteger la naturaleza, pese a toda evidencia de que realmente –realmente– no es así.
Notas
[1] La agencia oficial suiza encargada de examinar la demanda, SECO (que ha donado fondos a WWF), aplazó el examen durante varios meses porque dio crédito a la falsa afirmación de WWF de que el asunto estaba en vías de solucionarse.
[2] En ambos casos pueden incluir a individuos de las sociedades a las que oprimen.
[3] El propio WWF parecía desconocer qué mecanismo sirve para qué asuntos.
[4] WWF dijo que tenía un mecanismo disponible para quien quisiera formular una queja, incluso anónimamente. Sin embargo, nuestra primera llamada recibió la lacónica respuesta de que estaba reservado solo a los empleados de WWF (cosa que la organización había negado explícitamente). Nos dijeron que era "improbable" que WWF tramitara la reclamación. (A una llamada más reciente sí que prestaron atención y nos dijeron que se ocuparían del caso; ¡algo es algo!)
