En una sociedad decente, no hay que elegir entre comer o calentarse

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La pobreza puede acortar la vida más que la hipertensión, el alcohol o la obesidad, y tanto como el sedentarismo. Esta información la publicaba en una de sus últimas ediciones la prestigiosa revista científica The Lancet.

Una de las consecuencias más directas de la desigualdad es la pobreza energética, que no sólo afecta a la calidad de vida y a la salud de 50 millones de europeos y europeas sino que, como estamos conociendo, está matando a muchas personas en el continente.

No existen cifras oficiales de las muertes que está causando este año el invierno, porque tampoco tenemos una definición clara y registros oficiales que contemplen la totalidad de los casos, más allá de lo extremos que se cuantifican por los cortes de suministro.

Por eso, una de las primeras medidas que hemos reclamado los socialistas en el Parlamento Europeo en el Manifiesto Luchando contra la Pobreza Energética es una definición común que nos permita conocer con exactitud qué realidad estamos combatiendo.

Se trata de una emergencia social y hemos querido contar con todas las entidades que tienen que intervenir para erradicar la pobreza energética en la Unión Europea: expertos de la Comisión Europea, de Universidades, organizaciones de consumidores, gobiernos locales y regionales, sindicatos... Fruto de este consenso es este Manifiesto, que recoge propuestas concretas para garantizar un derecho básico como es la energía sostenible, asequible y segura.

Para alcanzar este objetivo, es necesario que la Comisión Europea sea ambiciosa y haga de la lucha contra la pobreza energética una prioridad. Por ello le hemos presentado nuestras propuestas, para que la justicia social sea uno de los ejes vertebradores de su Plan para la Unión Europea de la Energía.

Entre las medidas más urgentes que defendemos los socialistas se encuentra la necesidad de que los Estados definan, en primer lugar, el concepto de personas vulnerables y, a partir de ahí, prohíban la desconexión en fechas críticas y apliquen tarifas sociales.

Asimismo, proponemos que se revisen las tasas e impuestos con los que se grava la energía, de forma que no pueda superar el coste fijo el de consumo real; también defendemos tarifas progresivas y que no se incluyan otros impuestos diferentes a los de los costes reales de producción y distribución.

Otra medida que consideramos esencial es la introducción en la factura de una comparativa de tarifas, al tiempo que se facilita el cambio automático teniendo en cuenta el perfil de consumo del cliente.

Todo ello, dentro de planes nacionales contra la pobreza energética que fije objetivos concretos y muestre anualmente los avances, incluyendo planes específicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios de los colectivos especialmente vulnerables.

Para todo ello, reclamamos el establecimiento de un marco comunitario y criterios comunes para luchar contra la pobreza energética, mientras que se intensifica el intercambio y la colaboración con las autoridades locales, regionales y nacionales. Y en este contexto, proponemos que los fondos europeos incluyan requisitos vinculados a la eficiencia energética, revisándose las directivas comunitarias vigentes relacionadas con la materia, como es la directiva del mercado minorista o la legislación que protege a los consumidores.

El pasado 2 de febrero, la Comisión Europea nos presentó su propuesta de revisión del paquete de energía limpia, que contempla la revisión de las varias directivas, entre ellas, las de reglas del mercado interior de la energía, rehabilitación de edificios, eficiencia energética y la de regulación de la gobernanza en la unión energética. Aunque por primera vez, y haciéndose eco de las reivindicaciones trasladadas, recogen la pobreza energética como una necesidad a combatir, las medidas son poco ambiciosas.

Por ello, el procedimiento legislativo que se acaba de abrir en la Comisión, y en el que el papel del Parlamento Europeo es de colegislador, es una oportunidad inexcusable para afrontar de forma determinante esta lucha en la que el interés de los consumidores -los ciudadanos- debe pasar a ser el elemento central.

La energía debe ser considerada un bien social, y su acceso, un derecho básico. Por eso, una sociedad decente no hace elegir a sus ciudadanos entre comer o encender la calefacción o la refrigeración; una sociedad decente es aquella en la que sus dirigentes garantizan unas condiciones de confort y salud básicas y no permite que nadie muera o malviva por no tener recursos para pagar las facturas de la electricidad, del gas o del agua.