Una encuesta arroja una dura realidad sobre la prohibición del teletrabajo en algunas empresas

Una encuesta arroja una dura realidad sobre la prohibición del teletrabajo en algunas empresas

El final de la pandemia trajo la vuelta a la presencialidad en numerosas compañías, pese a las protestas de los trabajadores.

Una mujer, teletrabajando en su casadpa/picture alliance via Getty Images

La pandemia lo cambió, prácticamente, todo. Y entre los muchos asuntos que varió uno de los más relevantes es el teletrabajo, una fórmula mucho menos habitual antes del coronavirus de lo que es hoy día.

Sin embargo, y pese a ese auge momentáneo, el llamado trabajo a distancia o remoto ha ido perdiendo fuerza una vez superada la pandemia. Sobre el argumento o tradición de la presencialidad, tan marcada en España y en otras partes, muchas empresas aseguran que estar in situ ayuda a la comunicación, organización y desarrollo del trabajo.. 

Sin embargo, hay cifras detrás de la 'forzosa' vuelta a la presencialidad. Una reciente encuesta en Reino Unido elaborada por Bamboohr recoge que hasta un 25% de los directivos y el 18% del personal de recursos humanos cuestionado esperaban que hubiera bajas voluntarias con el regreso a la oficina.

Las cifras van en paralelo a otro dato. Hasta un 28% de los trabajadores reconoce que es 'muy posible' que acabe yéndose de su empresa por la obligatoriedad de tener que estar en la oficina, de acuerdo con el estudio.

Por ello, un 37% de los directivos cree que los despidos tras las prohibiciones de trabajo a distancia se deben precisamente a este hecho, que apenas nadie se marchó voluntariamente... aunque exista la tentación.

En el trabajo se recogen, además, otras cuestiones, como las de la reubicación forzosa de empresas que no tenían las instalaciones suficientes para acoger a todos sus empleados. Se plantea, incluso, un caso concreto: una entidad que se mudó a más de una hora del centro de Londres para abaratar los costes... de esa misma empresa, no de sus empleados. 

Al respecto, una especialista de la firma legal Arbor Law, Fiona Morgan, apunta que los trabajadores podrían elevar una demanda si sus empresas actúan de esta manera.