Trabajar 40 años para una pensión de 300 euros: el caso de los abogados y procuradores mutualistas

Cuando Yolanda Vidal cumpla 67 años tiene dos opciones: cobrar una pensión vitalicia de 380 euros al mes o una de 500 euros mensuales durante diez años: "Y luego me tengo que morir porque no me queda nada". Tira de humor negro en conversación telefónica, pero su situación y la de miles de procuradores y abogados que como ella han cotizado durante décadas a sus mutuas profesionales tiene poco de broma.

Vidal pertenece a la Mutua de Procuradores, que le prometía que aportando menos que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social conseguiría mejores prestaciones. Podría comenzar a cotizar también en el RETA, pero a su edad, 54 años, ya no le daría tiempo a conseguir una pensión mínima por la Seguridad Social que pudiera complementar a la de la mutua.

Remedios Ruiz también es procuradora, pero al contrario que Vidal, además de a la mutua, también es autónoma en la Seguridad Social: "Yo estoy en el régimen complementario [el que suma RETA y mutualidad], porque en 2008 me dio por pensar que no sabía que podía pasar con la mutualidad". Lleva aportando a la mutua desde 1983, 40 años, pero la pensión que le corresponde con todo ese tiempo no llega a los 300 euros. Entre el RETA y la mutua calcula que cuando se jubile podrá ingresar en torno a 750 euros.

Tanto la mutualidad de procuradores como la de abogacía se crearon a finales de los años 40 para cumplir las funciones de provisión, comenta Ruiz: "No existía la Seguridad Social y lo que se hacían eran mutuas de trabajo por gremios, bien liberales o de cualquier otro tipo. En aquella época tendría una razón de ser: hacía poco tiempo que había terminado la guerra, era una época de reconstrucción y a lo mejor era una buena forma de organizar fondos que permitieran dar una asistencia social a los trabajadores".

Cuando se creó la Seguridad Social, muchas de aquellas mutuas profesionales se fueron integrando en el sistema público, pero la de procuradores y la de abogados decidieron seguir como independientes. De hecho, hasta 1995 estos profesionales no tenían otra opción que darse de alta en las mutuas, ya que no cabía la posibilidad de entrar en el RETA como trabajadores autónomos.

Este hecho hace que los casos de Ruiz o el de María José Cerdán, abogada en la provincia de Málaga, sean paradigmáticos. Ambas empezaron a trabajar en 1983, por lo que no les quedó otra opción que entrar en las mutuas. 

Cerdán, aparte de la Mutua de Abogacía, también trabaja para la administración desde 2001, por lo que tiene asegurada una pensión, aunque su cuantía no será al 100% y asegura que lo que le corresponde por la mutua es un "despropósito": "El otro día localicé el título de mutualista que yo tenía, me garantizaban en 1983 que a la fecha de jubilación me corresponderían 900.000 pesetas. Actualizado al IPC desde entonces hasta 2022, serían en torno a 1.300 y pico euros. Pero si ahora haces la simulación que hace la mutualidad, me corresponden en torno a 290 euros".

Ruiz señala que la situación, sobre todo para quienes sólo aportaron a la mutua, hace que muchos profesionales alarguen la vida laboral hasta que tienen que dejar de trabajar por "incapacidad cognitiva y física" porque con la pensión que les queda no alcanza para nada: "Estás condenado a morirte con la toga puesta".

Vidal afirma que la sensación que provoca en los profesionales es de absoluta desolación, ya que después de "toda la vida trabajando", aportando lo que "la mutua te dice" para garantizarte una buena prestación, luego no alcance para nada. "Mi caso no es tan grave porque mi marido trabaja y es asalariado, o sea que podemos tirar, pero hay casos de matrimonios de procuradores que se quedan en una situación de extrema vulnerabilidad de un día para otro", comenta Vidal.

Ana Sabel, abogada, se encuentra en una situación parecida a la de Vidal. Tras años cotizando a la mutua afirma que ya ha pedido a su contable que le gestione el paso al RETA. Pero, ¿qué pasa con todo lo que ha aportado a la mutua?: "Ahora mismo tengo 49.000 euros acumulados, pero eso no lo puedo rescatar". Desde 2005 ya no son cajas colectivas, sino individuales y ya no funcionan como un fondo de provisión, sino como un fondo de inversión, si se saca ese dinero, Hacienda les da un "hachazo" fiscal, aseguran. 

Para más inri, si Sabel se pasa al RETA y deja de aportar a la mutua, tendrá que seguir pagando gastos de gestión y mantenimiento por tener ese dinero depositado, por lo que sus 49.000 euros irían mermando poco a poco con el tiempo. Es exactamente lo que le ocurre a Cerdán. Dejó de aportar a la mutua en 2015 porque se hartó, pero los 39.000 euros que tenía acumulados entonces ahora son 35.000, asegura.

Sabel opina que los abogados y procuradores mutualistas son víctimas de una "estafa piramidal": "Los mutualistas alternativos somos los que pagamos las cuotas que ellos nos dicen, pero luego todo lo que nosotros aportamos, lo que nos habían prometido no coincide con las pólizas que habíamos firmado en su día... Y nosotros al final estamos sosteniendo el sistema para que otros obtengan rentabilidades".

Las acusaciones de "chiringuito", ligadas a la opacidad, "trampas" y falsedades no dejan de sucederse en todas las entrevistas que este medio ha realizado. A bote pronto, Cerdán se muestra "drástica" con las soluciones que a ella le gustaría que se impusieran: "Que nos dejen pasarnos al RETA y se garanticen nuestras pensiones en la Seguridad Social como a cualquier ciudadano de a pie, y después que la Dirección General de Seguros y la Fiscalía del Estado empiecen a investigar a estas instituciones".

Las soluciones que se demandan

Los abogados y procuradores se han organizado de manera espontánea en torno al conocido como Movimiento J2 (Jodidos), desde el que reclaman una serie de soluciones para solucionar la situación a la que se ven abocados. Las principales son:

Pasarela al RETA: se trata de que el Estado, a través de la Seguridad Social, permita que los mutualistas en activo que lo deseen puedan transferir los años cotizados en su mutualidad a la Seguridad Social con una ponderación y que, de ser necesario, se fijen las cantidades que tengan que pagar para complementar lo que les falte para poder optar a una jubilación "digna". Al mismo tiempo, reclaman que aquellos mutualistas ya jubilados que estén percibiendo las pensiones más bajas, tengan derecho a pasar a la Seguridad Social y a cobrar los complementos necesarios para poder garantizarse una vida digna en la tercera edad, tal y como recoge el Artículo 50 de la Constitución.

Flexibilidad fiscal: para poder sacar los fondos depositados en las mutuas y pasarlos a la Seguridad Social sin que se tenga que pagar por ellos los impuestos que se aplican a los fondos de pensiones privados. Este reclamo es especialmente demandados en lo que respecta a las personas que empezaron a cotizar a las mutuas antes de 1995, cuando era la única opción posible.

Las mutuas se defienden

Las mutuas, por su parte, defienden su sistema como una opción solvente y sólida para garantizar unas prestaciones sociales dignas. El HuffPost se ha puesto en contacto con ambas para contrastar visiones. 

Desde la de Procuraduría, el equipo de comunicación de la mutua resalta que el origen de la problemática obedece al cambio que en su momento se hizo de entidad solidaria y colectiva a la individual de cada mutualista. En ese momento, cada persona aportaba y, según la cuantía, la pensión podría ser más o menos elevada. 

Ante la pregunta de si era la propia mutua la que fijaba y decía a los mutualistas qué cantidades tenía que pagar, la Mutua de Procuradores no ha terminado de aclararlo del todo y emplazó a este periódico a tener otra conversación para determinarlo, aunque finalmente no volvieron a contactar.

Desde la de Abogacía, ha atendido a este medio Rafael Navas, director general. Para empezar, Navas ha querido aclarar que la situación de los mutualistas es "muy variada" y que los casos de las pensiones que no llegan a los 300 o 400 euros son "marginales". "Se está generalizando con lo de que las pensiones son de 300 o 400 euros, y eso no es verdad. La pensión media de la mutualidad está por encima de los 600 euros", comenta Navas al tiempo que afirma que hay mutualistas que están por encima de esa cantidad.

El director general cree que lo que se ha producido es un problema de "información", y afirma que muchas veces lo que ocurre es que los mutualistas no hacen bien las simulaciones desde la página web. "Esto a mí me ha pasado en reuniones, gente que te dice que le quedan 400 euros y resulta que tiene una pensión en realidad de 950 euros", asegura.

Cuenta además que desde 2018 se hacen comunicaciones trimestrales a los mutualistas informándoles al detalle de su situación y que aunque siempre es posible "hacer las cosas mejor", no cree que la cantidad de mutualistas que no han llegado a informarse sea muy grande.

Con respecto a la posibilidad de que se cree una pasarela al RETA, Navas señala que no es un proceso "fácil", pero sobre todo que es algo que no tiene que ver con la su entidad: "Eso depende de la Seguridad Social. La Mutualidad no está en contra de que se abra una pasarela, lo que sí creemos es que tiene que ser consensuada para que no perjudique al resto de mutualistas".

El ICAM y las PNL

Entre el Movimiento J2 y la Mutua de Abogacía ha entrado un nuevo actor, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Las abogadas y procuradoras consultadas consideran que los colegios de profesionales se han puesto de perfil en toda la polémica, a excepción del de Madrid y otros que se han pronunciado, como el de Córdoba, para atender sus demandas.

Cerdán recela un poco de la repentina aparición de Eugenio Ribón, decano del ICAM, que ha impulsado una Propuesta No de Ley en la Asamblea de Madrid y el Congreso de los Diputados para que los grupos políticos atiendan las reivindicaciones de los mutualistas. "Me choca que Ribón lo haya presentado por libre, aunque confío en la buena voluntad de las personas y que puedan estar cambiando de opinión", resalta Sabel, que teme que el decano esté tratando de capitalizar el descontento dejando de lado al Movimiento J2.

El Movimiento J2 ha lanzado un comunicado la semana pasada en el que afirman "desconocer" el "alcance" de las conversaciones que el Consejo General de la Abogacía de España está llevando a cabo para dar con una solución. En el documento reiteran sus peticiones y sospechan del fondo de los esfuerzos que el decano del ICAM pueda estar llevando a cabo.

Ribón, sin embargo, niega la mayor y trata de disipar las dudas en declaraciones a El HuffPost: "Yo me he reunido con todo el que ha venido al Colegio, pero no tengo un presidente o secretario general [del Movimiento J2] para hablar de esto".

Su punto de vista se sitúa entre ambas partes aunque "siempre teniendo empatía por los compañeros que están pasando por una situación de extrema vulnerabilidad". Considera que la pasarela al RETA y la flexibilidad fiscal que propone el Movimiento J2 son reclamaciones legítimas y que competen al Estado, pero también reclama "cirugía fina". "La mutualidad a día de hoy tiene unas cifras buenas en cuanto a solidez, solvencia y rentabilidad económicas. Eso es un hecho objetivo. Hay que preservar también, por otra parte, esa solidez. No vayamos a convertir el problema de 50.000 en el problema de 200.000", comenta matizando que son cifras que lanza al azar. 

En la mutualidad de Abogacía, confirma Navas, hay 212.000 personas de las cuales en el sistema "alternativo", que cotizan exclusivamente a la mutua, se encuentran en torno a 60.000 personas. Por otra parte, en la de Procuradores, hay en torno a 11.000 profesionales.

La PNL que ha propuesto Ribón no es la primera. Distintos parlamentos autonómicos, como el de Andalucía o Cataluña, entre otros, ya han aprobado iniciativas similares. Por lo general las activistas comentan que la recepción de los grupos políticos está siendo buena, algo que les da "esperanzas". 

A todas estas complejidades se añade una más de una envergadura incluso más compleja: la legislatura que comienza. Hasta que no se forme un Gobierno y el ciclo político empiece a desarrollarse con normalidad, el tablero seguirá inmóvil, ralentizando las soluciones para un problema en el que el tiempo, literal y figurado, apremia.