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Sentencian que España ya está en la cuerda floja por los huevos

Sentencian que España ya está en la cuerda floja por los huevos

El crecimiento del precio de este producto ha causado preocupación entre los consumidores y el sector avícola.

Primer plano de mujer haciendo la compra en un supermercado.Getty Images

El coste de una docena de huevos en España ha aumentado un 25% en menos de un mes, causando preocupación entre los consumidores y el sector avícola. Mientras que en febrero el precio era de 2.10 euros, en la actualidad es de 2,60, y se teme que continúe en alza. Esta situación se agrava con el endurecimiento de las normativas gubernamentales, que han dificultado la crianza de gallinas, incluso para el autoconsumo.

Las leyes introducidas el año pasado establecen que todas las gallinas deben estar registradas en el Ministerio de Agricultura, lo que ha generado una sobrecarga administrativa para los pequeños agricultores. "Ya no se puede tener una gallina en su tierra sin papeleo y, en muchos casos, los huevos que producen no se pueden vender en el mercado abierto", lamenta en Majorca Daily Bulletin un granjero afectado por la normativa. 

Este incremento en los precios de los huevos tamibén está relacionado con factores externos, como la alta demanda en el mercado estadounidense debido a un brote de gripe aviar en el país. Esto ha convertido a España en un proveedor clave para suplir la escasez de huevos en EEUU, lo que ha afectado el suministro interno.

Para aquellos que deseen criar pollos o aves de corral para consumo propio, la normativa establece la obligación de inscribirse en el Registro General de Explotaciones Ganaderas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Real Decreto 637/2021 recoge que todas las explotaciones, incluidas las de autoconsumo, deben estar registradas. Aunque no es necesario realizar una notificación previa, sí se exige la inscripción, que puede hacerse de manera presencial o telemática.

Además del registro, los propietarios de aves de corral deben cmplir con obligaciones específicas, como designar un veterinario de referencia para cuestiones de salud. La normativa también regula intervenciones quirúrgicas como el corte de pico o la castración, que requieren autorización previa y deben documentarse detalladamente, incluyendo la fecha, el nombre del veterinario y su identificación.

Asimismo, la normativa establece que los animales deben contar con ropa de cama adecuada y acceso constante a agua potable para evitar lesiones. El incumplimiento de estas reglas puede acarrear multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.