Primeras multas de 200.000 euros por la entrada en vigor de la nueva parte de la ley animal
Desde el domingo, está prohibida la venta de perros, gatos y hurones en las tiendas de España.
La venta de perros, gatos y hurones en las tiendas de España ya no está permitida. Esta actividad quedó a partir del pasado domingo, y realizarla implica una sanción cuyo importe oscila de 50.001 a 200.000 euros.
Así lo establece la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo de 2023 y cuyo grueso entró en vigor seis meses después, es decir, el 29 de septiembre del año pasado.
La norma prohíbe expresamente "la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. Perros, gatos y hurones solo podrán venderse desde criadores registrados", señala la norma.
Fin del plazo para finalizar las ventas
Asimismo, indica que las tiendas donde se comercialicen perros, gatos y hurones dispondrán de un plazo de 12 meses tras la entrada en vigor de dicha ley para finalizar su actividad de venta de estas especies. Ese plazo finalizó el domingo, 29 de septiembre.
Por lo tanto, actualmente solo personas criadoras debidamente registradas están facultadas para vender perros, gatos y hurones, y pueden hacerlo mediante un contrato escrito de compraventa y entregar a los animales en "buen estado sanitario y con los tratamientos obligatorios por edad y especie".
Las ventas deberán comunicarse en el Registro de Animales de Compañía en el plazo de tres días hábiles posteriores. Los perros y gatos deberán tener un mínimo de dos meses en el momento de la venta si esta se realiza desde el núcleo zoológico declarado como su lugar de nacimiento.
El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, indica en El País que están buscando la forma legal para que esta prohibición "sea lo menos lesiva posible para los establecimientos comerciales", pero cumpliendo la normativa. En este sentido, plantea la posibilidad de que "puedan mantener alguna actividad de asesoramiento comercial, o algo similar".
Quejas de los establecimientos
Hay quienes no se muestran muy partidarios de esta ley, como los propietarios de las propias tiendas, quienes lamentan que muchas personas se quedarán sin trabajos. Óscar Campos, dueño de la tienda ZooPinto en el centro comercial Plaza Éboli, en Madrid, recuerda que en la capital no podía vender directamente en tienda desde hace siete años, "pero ahora ya ni indirectamente, es el remate final. Te podría dar el teléfono de un criadero, pero como lo podría hacer tu vecino".
Si bien no era el punto clave de su negocio, asegura que "era un ingreso muy importante, tanto que podría implicar despidos". Además, no cree que esta medida beneficie al creador, ya que anula el papel de las tiendas en la entrega del animal: "No todo el mundo tiene la posibilidad de trasladarse hasta un centro de cría, así que se convierte en algo más complicado".
Mercedes Ortola Seguí, abogada especialista en protección animal, está de acuerdo en que se controle este tipo de venta, pero considera un desafío controlar la economía sumergida y el tráfico de animales que llega especialmente desde el este de Europa: "El 50% de estos animales de tráfico ilegal acaba falleciendo en frontera".