Los dos rascacielos ilegales por cuatro metros provocan un dilema en Benidorm
Ambos fueron edificados en una zona protegida y la Justicia ha pedido su demolición. El ayuntamiento batalla para no asumir el elevado coste del derribo.
Benidorm, la ciudad de los rascacielos, pelea por evitar el derribo de dos de ellos. En 2017, el Tribunal Supremo obligó a la Generalitat valenciana a demoler las conocidas torres 'Gemelos, 28'. ¿El motivo? Las edificaciones, situadas en primerísima línea de costa, invaden por poco más de cuatro metros una zona protegida.
La pugna judicial se mantiene seis años después y el ayuntamiento calcula que las indemnizaciones a las que debería enfrentarse superarían los cien millones de euros. Los dos edificios cuentan con 21 plantas cada una, más otras cuatro de aparcamientos y una piscina. En total son 168 viviendas de lujo, de las que 84 son propiedad de ciudadanos rusos y otras 13 pertenecen a compradores árabes.
Todos los propietarios deberían ser indemnizados por unos pisos que salieron a la venta hace veinte años con precios que oscilaban entre los 400.000 y los 700.000 euros. La administración autonómica deberá abonar el precio que pagaron por las viviendas, más un 20%. Y a todo eso, sumar el coste del propio derribo.
El consistorio batalla para evitar su demolición, que vería como un "sainete" dado que los dos edificios podrían reconstruirse a apenas unos metros de distancia. "Es totalmente absurdo que planteemos dedicar decenas de millones de euros del erario público —además del potencial perjuicio ambiental de un derribo a tan escasa distancia del mar— para obtener un resultado inapreciable a la vista y que no beneficia a nadie", critica a El Español el abogado Víctor Soriano i Piqueras, defensor de los propietarios de una de las viviendas de las torres.
El letrado propone introducir una disposición adicional en la Ley de Costas para legalizar la situación o ampliar el paseo marítimo mediante una pasarela, con lo que el edificio ya no ocuparía terreno protegido. El ayuntamiento, por su parte, alerta del daño medioambiental que supondría "la inevitable caída de cascotes, con posible contaminación de las aguas por el polvo y otras sustancias".
Edificaciones Calpe fue la constructora que hizo realidad 'Gemelos, 28' con la autorización del Consell en 2005 - en pleno boom inmobiliario - pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables, así como el propio aviso del Ministerio de Medio Ambiente al entender que se estaba cometiendo una ilegalidad. Siete años después, la Justicia anuló el permiso otorgado por el gobierno del PP por no ajustarse a la Ley de Costas y dio inicio a un embrollo judicial que parece no tener final a la vista.
