Las tres ciudades que piden la independencia de Castilla y León
Existe una corriente que pretende dividir la comunidad.
Como todo el mundo sabe, España está constituida por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), y de acuerdo con lo establecido en la Constitución, esta se trata de una "indisoluble unidad", por lo que se consideraría anticonstitucional cualquier escisión o división territorial, que implique la fragmentación del país, como consecuencia de la separación de alguno de estos territorios.
Esto es conocido por todo el mundo, y de ahí el conflicto catalán, que se extiende desde hace décadas en nuestro país. Pero recientemente, ha emergido un 'nuevo conflicto', que realmente no es tan nuevo. Más bien, se debería decir, que renace.
Hablamos de la corriente 'independentista' surgida en Castilla y León, y que lleva presente desde hace 40 años, cuando tuvo lugar la formalización del Estatuto de Autonomía castellanoleonesa. De acuerdo con esta corriente, una parte de los ciudadanos de las provincias de León, Zamora y Salamanca, estarían demandando la escisión de su comunidad, y que fuesen estas tres provincias las que formasen una supuesta nueva Comunidad Autónoma. Pero, ¿esto es posible?
En primer lugar, hay que dejar claro que ha sido la Diputación de León la que ha aprobado una moción de Unión del Pueblo Leonés (UPL), aunque la legalidad actual deja serias dudas respecto a esto.
Como recordábamos antes, la Cosntitución establece que España es una "unidad indisoluble", aunque también "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran".
Asimismo, en la Carta Magna se recoge que las provincias limítrofes que comparten características históricas, culturales y económicas comunes pueden constituirse en comunidades autónomas.
Cómo se podría formalizar esta propuesta
Para ello, se exige que la iniciativa sea impulsada por las diputaciones que estén interesadas (León, Salamanca y Zamora), al tiempo que se obliga a que dos terceras partes de las ciudades cuya población represente la mayoría del censo electoral de cada provincia, voten a favor.
Por otro lado, se establece que el proceso debe completarse en seis meses "desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas", y en caso de no ser satisfactoria, no se podrá volver a iniciar el proceso hasta que pasen cinco años.
En caso de que el proceso se complete, será la asamblea compuesta por los miembros de las diputaciones interesadas las que tendrán que elaborar un nuevo estatuto autonómico, el cual será enviado a las Cortes Generales para que sea tramitada como ley, aunque requeriría una mayoría absoluta.
