La ley Bukele pone en riesgo la deportación de un peligroso sicario detenido en España
La Fiscalía de la Audiencia Nacional muestra sus dudas.
La Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Madrid a un ciudadano de El Salvador a quien le constaba en vigor una alerta roja de Interpol por encontrarse huido de las autoridades de su país, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
El arrestado, perteneciente a la pandilla criminal transnacional autodenominada 'Barrio 18', estaba buscado en su país por su presunta participación en delitos de homicidio agravado, privación de libertad y extorsión agravada, cometidos todos en el marco de la actividad delincuencial propia de la Pandilla.
La detención fue realizada, de forma conjunta, por efectivos del Grupo de Localización de Fugitivos de la UDYCO Central y de la Comisaría General de Información, que han creado sinergias tendentes a evitar que elementos huidos de los países donde estas organizaciones tienen implantación total establezcan estructuras a semejanza de cómo venían haciendo en sus lugares de origen.
Así, una vez interpuesta la Noticia Roja de Interpol por las autoridades salvadoreñas, se iniciaron las gestiones tendentes a su localización, que culminaron con su detención en Madrid en la mañana del pasado martes.
El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia, quien decidió su ingreso en prisión para una posible extradición interesada por El Salvador.
Pandilla Barrio 18 La "Pandilla Barrio 18" es una organización criminal transnacional que, tras su génesis en los suburbios de Los Ángeles, se expandió por los países del denominado Triángulo de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), creando un escenario de auténtica guerra, principalmente contra la banda rival 'Mara Salvatrucha' o 'MS13'.
Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que la ley de cárceles de Bukele puede ser peligrosa para el detenido. "La situación actual resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales", han asegurado al diario El Mundo.