La industria del tabaco se planta contra el empaquetado genérico: "El contrabando aumentará hasta un 20% en España" 

El próximo viernes 13 de diciembre tendrá lugar, presumiblemente, la modificación del Real Decreto 579/2017, que regula "determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados", y cuya última modificación tuvo lugar el pasado 17 de enero de este mismo año.

Sin embargo, las nuevas variaciones que la cartera de Sanidad pretende incluir en el Real Decreto, que fue sometido a audiencia pública el pasado 22 de noviembre y cuyo plazo termina el próximo viernes 13, serán de un calado y una trascendencia mucho mayor para la inmensa mayoría de los trabajadores del tabaco; desde los productores hasta comerciantes. 

Pero, ¿cuáles son estas medidas? De acuerdo con lo publicado por los canales oficiales del Ministerio de Sanidad, las modificaciones afectarán a:

Todas estas medidas se adoptarán de cara al año 2025, y se incluye en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. Y aunque podrían parecer unas modificaciones inofensivas y sensatas si se quiere reducir la tasa de fumadores -principal objetivo de la modificación de la normativa vigente-, ha abierto un cisma total entre los estanqueros y la industria tabacalera, por un lado y el Estado, por otro.

Para comprender cuáles son las objeciones y críticas de los estanqueros a estas nuevas medidas que el Gobierno pretende aplicar en todo el territorio nacional, hay que saber que se trata de un tema que viene de mucho antes, después de algunas decisiones controvertidas, que fueron de igual manera, fuertemente criticadas por los trabajadores del tabaco.

Con el objetivo de conocer de primera mano el punto de vista del gremio, El Huffpost ha podido hablar con Juan Lorenzo, vicepresidente del Gremi d'Estanquers de Cataluña, así como con la Mesa del Tabaco, que representa a la gran mayoría de los trabajadores de la industria tabaquera en España (desde agricultores hasta los comerciantes). Todos ellos vertieron luz y compartieron con este medio cuál es su punto de vista y el por qué del enfado generalizado del sector ante ciertas medidas que consideran "injustas y contraproducentes".

Empaquetado genérico: un fracaso en Francia, Reino Unido y Australia

"Cuando se legisla algo, siempre se intenta que sea para mejorar: el nivel de vida, la sanidad, educación..., pero en este caso no entendemos por qué han tomado esta dirección los legisladores, porque los datos son muy claros". Este es el razonamiento con el que Juan Lorenzo aborda la decisión del gobierno respecto al empaquetado genérico y la audiencia pública que abrió el pasado 22 de noviembre.

Esta percepción, asegura Juan Lorenzo, "es un clamor en todo el sector" y reitera que la principal crítica va dirigida al empaquetado genérico, ya que en el caso de que el próximo viernes se apruebe la modificación del Real Decreto, esto traerá graves consecuencias económicas para todo el mundo, y no solo para los que viven del tabaco.

En este sentido, Juan Lorenzo señala que "cuando ves que un país vecino que tiene mas o menos el mismo mercado que el tuyo y hace una serie de legislaciones, puedes esperar para ver cómo funciona y en base a ello, legislar tu normativa. Esto, España lo ha hecho bien".

Pero el punto negativo que el sector pone en el foco es el hecho de que, una vez conocido el fracaso de la normativa en países como Francia -la propia ministra lo aseguró-, Reino Unido o Australia, nuestro país siga esos mismos pasos.

"Lo que no considero sabio es que, basándonos en números y datos de otros países, hayamos optado por la peor vía", y rescatando las palabras de los responsables y legisladores, insiste en que "España dice que intenta legislar el paquete genérico para reducir el consumo de tabaco, pero en los países en los que se ha probado, no ha bajado el consumo de tabaco, sino que ha aumentado y mucho más el contrabando. 

Según datos oficiales, en Francia, el contrabando de tabaco se sitúa en torno al 30%, mientras que en Australia y Reino Unido se ubica en más del 20%, y la situación de España es aún más compleja, por el Peñón de Gibraltar, la principal vía por la que pueden entrar productos de contrabando.

"En España tenemos un problema con el Peñón de Gibraltar y otros tabacos que están entrando, pero tenemos un 3% de contrabando -lo cual es una cifra muy baja-, y no entendemos que se tomen estas decisiones (empaquetado genérico) cuando se ha demostrado que no reduce el tabaquismo, y en cambio, sí que se incrementa de forma alarmante el contrabando", insiste el representante catalán.

Respecto a la relación que las autoridades reguladoras han mantenido con los implicados, Juan Lorenzo la define como "desesperante". "Es hablarle a un robot que no funciona y que siempre da la misma respuesta. Nos dijeron que era para reducir el tabaquismo y hemos demostrado con datos de otros países que es una medida que no funciona. Es muy frustrante que te pidan opinión y que luego no la tengan en cuenta", asegura.

En ese caso, ¿existe una solución intermedia que pueda satisfacer a ambas partes? La respuesta más correcta sería decir que tal vez sí. Según Juan Lorenzo todo pasa por "tener un paquete singular y diferente. Que sea difícil de imitar y que lo hagan las propias tabacaleras", y lamenta que, "si haces un mismo paquete en todas partes, es muy fácil de copiar y estas promoviendo el comercio que alimenta a las mafias y el comercio ilícito", sentencia.

La Mesa del Tabaco estima pérdidas de 3.700 millones de euros

Otro de los actores fundamentales en esta lucha es la Mesa del Tabaco, organización que representa a la mayoría de los trabajadores de la industria tabacalera, y que también se ha posicionado totalmente en contra de la implementación del empaquetado genérico.

A través de un comunicado informaron de que, según sus estimaciones, las pérdidas económicas como consecuencia de la más que posible entrada del empaquetado genérico en España podría alcanzar los 3.700 millones de euros para un sector que da trabajo directo e indirecto a más de 57.000 personas en el país.

Además, recuerdan que se trata de un mercado en el que casi el 80% del precio final del paquete que paga el consumidor son impuestos, por lo que recuerdan que será el Estado el que acabará pagando las consecuencias. En esta línea, insisten en que la principal preocupación se centra en "el comercio ilícito y la falsificación", que generarán "un impacto negativo tanto en el sector como en las arcas públicas", ya que es un sector que porta más de 9.500 millones de euros a las arcas públicas.

Por último, y aludiendo a las estadísticas ya mencionadas en países como Reino Unido y Francia, Águeda García-Agulló, directora de la Mesa del Tabaco, señala que se trata de una medida "desproporcionada e ineficaz".