La Fiscalía rechaza que Andorra investigue a Rajoy por la operación Cataluña
El ministerio fiscal de la Audiencia de Madrid considera que la comisión rogatoria cursada por la justicia del país vecino no cumple los requisitos para su admisión.
La Fiscalía de Madrid se ha opuesto a que un juzgado de Andorra investigue al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a varios exministros por la operación Cataluña, al estimar que la querella tiene una "clara finalidad política", no hay indicios de delito y además el Principado no es competente para asumir el caso.
Lo hace en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que se opone a que un juzgado de Madrid tramite la comisión rogatoria solicitada por Andorra, donde un juzgado investiga una querella presentada contra Rajoy y otros exdirigentes del PP por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el 'procés'.
La Fiscalía coincide con el criterio de Rajoy y sus exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, y solicita al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que rechace la asistencia judicial internacional que pidió Andorra para proceder contra los querellados.
El ministerio fiscal valora que se acordó tramitar la comisión rogatoria sin "consideración ni análisis"
Lo hace porque, en su opinión, la comisión rogatoria cursada por Andorra no cumple los requisitos para su admisión. El juzgado, dice, acordó tramitarla sin entrar "en ninguna consideración ni análisis", limitándose a ordenar que se trasladase a los querellados un CD en el que supuestamente se detallan varias querellas, y al que la Fiscalía no ha tenido acceso.
Respecto a las propias querellas, la fiscal admite que aunque se presentaron por asociaciones andorranas, "es público y notorio que guardan relación con asociaciones catalanas" y que hay una "unión entre dichas asociaciones catalanas (Institut de Drets Humans de Catalunya y col-lectiu de juristes catalans Drets) y andorranas para la interposición de algunas de las querellas con una clara finalidad política".
Sostiene además que "los hechos imputados no serían constitutivos de delito en España" al faltar "elementos esenciales" para imputar extorsión, coacciones, amenazas, chantaje o falsedad documental, y cree que "los términos genéricos y mínimos en que está redactada" la comisión "son absolutamente insuficientes para aceptar la cooperación" judicial española, sin aportar, añade, "un solo elemento indiciario o hecho concreto" de los delitos.
Considera asimismo que la solicitud de Andorra no es una notificación en sí, sino una petición de diligencia de instrucción, y apunta que el Principado no ha argumentado que tenga competencia para investigar las querellas.
También Fernández Díaz, representado por el abogado Jesús Mandri, ha recurrido la tramitación "automática" de la comisión rogatoria al considerar que prescindió "del debido control" previo, dado que afirma que concurren causas para denegarla, pues la notificación de las querellas andorranas "afecta directamente a los derechos fundamentales de los querellados".