La ciudad del futuro de Asia se convierte en una ratonera
Nuevas normativas de habitabilidad incrementan el problema de la vivienda.
Hong Kong ha dado un nuevo paso en su lucha por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. El gobierno, liderado por John Lee, ha propuesto establecer estándares mínimos de habitabilidad para las polémicas "viviendas subdivididas", pequeños espacios creados al dividir departamentos en unidades extremadamente reducidas. Esta medida busca garantizar que cada residente disponga de al menos 8 metros cuadrados, con baños y cocinas separados. Sin embargo, el plan ha generado inquietudes sobre su impacto en los sectores más vulnerables de la población.
En Hong Kong, aproximadamente 220.000 personas viven en estas unidades, que suelen ubicarse en edificios antiguos de vecindarios densamente poblados. Estas "casas", de tan solo unos metros cuadrados, a menudo combinan cocina y baño en un mismo espacio, carecen de ventilación adecuada y presentan condiciones de higiene precarias. Estas viviendas son, en muchos casos, la única opción para quienes no pueden afrontar los altos costes de alquiler en una de las ciudades más caras del mundo.
El caso de Liu Lanhua, madre de una niña, ilustra el dilema. Vive en un espacio de 7 metros cuadrados que no cumple con los nuevos estándares. Para ella, como para un 30% de quienes habitan estas viviendas, remodelar o buscar un nuevo lugar resulta financieramente imposible.
El plan del gobierno incluye la eliminación de este tipo de viviendas para 2049, con la esperanza de combatir la desigualdad y evitar situaciones como las protestas de 2019. Sin embargo, hay un riesgo evidente: que los propietarios, al verse obligados a adaptar sus inmuebles, trasladen los costos a los inquilinos, aumentando los alquileres y dejando a muchos sin opciones.
Además, el proyecto no aborda la situación de quienes viven en condiciones aún más precarias, como las llamadas "casas ataúd" o "jaulas". Organizaciones como Kwun Tong Subdivided Home Concern Group han señalado la falta de garantías claras para los afectados, incluyendo subsidios o prioridad en listas de vivienda pública.
El impacto del plan también preocupa a las personas mayores. Ben Shek, un técnico retirado que vive en una vivienda de 7 metros cuadrados, comparte baño con otras dos familias y depende de su ubicación actual debido a su limitada movilidad tras sufrir un derrame cerebral. Para él y otros en situaciones similares, mudarse no es una opción viable.
Aunque el gobierno ha prometido implementar los cambios de forma gradual y brindar apoyo cuando sea necesario, aún no se han detallado las medidas concretas. Expertos advierten que, sin subsidios suficientes, la nueva normativa podría agravar la crisis de vivienda en lugar de resolverla.
