Justicia ofrece a jueces y fiscales 44 millones de euros para evitar la huelga del 16 de mayo

El Ministerio de Justicia ha presentado este miércoles una propuesta en la que ofrece a jueces y fiscales un paquete de unos 44 millones de euros para mejorar sus retribuciones, con la intención de desbloquear el conflicto y evitar la huelga indefinida que cinco de las siete asociaciones han convocado a partir del 16 de mayo en busca de una actualización salarial "razonable" debido a "la pérdida de poder adquisitivo" que dicen arrastrar desde 2009. Está previsto que vuelvan a sentarse en la Mesa de Retribuciones el próximo lunes, a las 11.30 horas.

Fuentes cercanas a la negociación han indicado a Europa Press que el equipo de Pilar Llop ha entregado esta tarde el documento a las asociaciones tras un primer contacto de casi tres horas esta mañana y de casi dos esta tarde, en el que jueces y fiscales se han mostrado "optimistas" de cara a un posible acuerdo.

Las mismas fuentes han precisado que la oferta de unos 44 millones de euros es de momento insuficiente, porque dicha cifra representaría solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%.

Al hilo, Justicia y Hacienda han ofrecido a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

"Es tiempo de reflexión"

A la salida de la reunión, Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha señalado que están en un marco de negociación en el que empiezan ya a perfilarse posiciones. "Es tiempo de reflexión. Ahora mismo es tiempo de estudio y de valoración de lo que hay tanto por una parte como por otra sobre la mesa", ha indicado en declaraciones a la prensa.

Preguntado sobre si están conformes con la propuesta, Carbonero ha incidido en que tendrán que valorar el documento y continuar con la negociación. "Es un principio, no es tiempo de satisfacciones todavía", ha añadido.

Por su parte, Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha asegurado a la salida que se mantiene "optimista" porque están en un espacio de negociación. Tras el primera sesión de la mañana, indicó que la reunión se había "desarrollado con muchísima normalidad", en un ambiente "afable" y "tranquilo", al tiempo que celebró que estuviese presente la secretaria general de Función Pública.

"Estamos trabajando, compartiendo un diagnóstico sobre cómo está la Administración de Justicia y vamos a continuar", ha incidido, para luego recordar que "la Mesa de Retribuciones, de forma efectiva y con resultados, no se ha tenido nunca", por lo que llevan "una situación de parálisis de 20 años".

"Probablemente no será lo que nosotros queramos, pero esperamos que sea lo más cercano a lo que nosotros queremos y lo menos cercano a lo que el gobierno ofrece, que es la postura inicial", ha señalado Herreros.

Según han indicado a Europa Press fuentes presentes en la reunión, la ministra Llop se ha acercado a la Mesa de Retribuciones a saludar a los presentes durante la sesión de la mañana.

La protesta del CGPJ

A la cita de este miércoles han acudido representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las asociaciones profesionales para, tal y como lo fija la ley, "facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal".

Por parte del CGPJ han participado los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya para proponer -tal y como acordó el Pleno del órgano- actualizar los salarios de los jueces, aunque no ha puesto una propuesta concreta sobre la mesa.

Así, desde el CGPJ se han alineado con el criterio de tres de las cuatro asociaciones judiciales -la APM, la AJFV y FJI- que han formalizado ya la convocatoria de huelga indefinida ante "la necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable" debido a "la pérdida de poder adquisitivo" que dicen arrastrar desde 2009.

Cabe recordar que, en un principio, la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) indicaron que compartían el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el "estancamiento actual" del sistema judicial, pero se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar "oportuno" esperar a la reunión de este miércoles.

Fuentes cercanas a la negociación han precisado a Europa Press que los representantes designados del CGPJ también han salido de la primera parte de esta reunión con "optimismo", al considerar que este primer contacto ha sido "satisfactorio" y esperan que pronto se pueda llegar a un acuerdo para evitar la huelga de jueces y fiscales.

Ante el movimiento del órgano de gobierno de los jueces, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) solicitó a la Fiscalía General del Estado que se pronunciase públicamente, poniendo en valor el "imprescindible trabajo que hacen los fiscales españoles", y que -en la línea con la postura que ha adoptado el CGPJ- se pronunciase también en favor de la legitimidad de las reclamaciones retributivas que plantean las asociaciones fiscales.

Desde la Fiscalía General del Estado, aunque no han se han posicionado con la misma firmeza que el CGPJ, se han dirigido por vía interna al conjunto de la carrera fiscal para avanzar que sostendrán "la aplicación de las previsiones específicas" sobre actualización salarial, defendiendo que la regulación del régimen retributivo es un "elemento configurador de su independencia económica".

Al margen, desde las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que llevaron a ese cuerpo a la huelga, y lograron mejoras retributivas, han emitido un comunicado en el que subrayan que es "necesario y oportuno" que el Gobierno atienda las principales reclamaciones de jueces y fiscales al considerar que son "razonables".