Estos son los días en los que podrían desalojar a los okupas de tu vivienda con la nueva ley
La aprobación de una enmienda, por un error de EH Bildu y ERC en la votación del Congreso, promete agilizar los desalojos, pero no estará exenta de polémica.
Un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal está a punto de cambiar la forma en que se gestionan los desalojos de viviendas ocupadas en España. La enmienda, que superó el trámite en el Congreso gracias al apoyo de Partido Popular, PNV, UPN, Coalición Canaria, Junts, con la sorprendente contribución de EH Bildu y ERC, avanza ahora al Senado, en la que la mayoría absoluta del PP asegura su aprobación definitiva y la publicación en el BOE en pocos días.
El cambio más destacado que introduce la enmienda es que permitirá tramitar los casos de ocupación con juicios rápidos por la vía penal, algo que hasta ahora solo se hacía por la vía civil, lo que podía retrasar los desalojos durante meses o incluso años. Con esta nueva normativa, los procedimientos podrían resolverse en un plazo máximo de 15 días.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aplicará en dos delitos concretos:
- Allanamiento de morada, cuando la vivienda ocupada es la residencia habitual.
- Usurpación, cuando es una vivienda deshabitada o no es una residencia principal.
En el caso de viviendas principales, la jurisprudencia ya permitía desalojar a los ocupantes en un plazo de 48 horas. Sin embargo, la modificación agilizará los desalojos relacionados con las segundas residencias o inmuebles de otro tipo, que requerían de procesos mucho más largos.
No obstante, la medida tiene sus límites. Por ejemplo, no afecta a los casos en los que un inquilino deja de pagar el alquiler pero sigue en la vivienda, ya que se seguirán tratando como un incumplimiento de contrato en el ámbito civil. Tampoco se aplicará a todos los delitos, ya que los juicios rápidos se reservan a aquellos con penas menores a cinco años de prisión.
El trámite parlamentario que permitió la aprobación de esta enmienda no estuvo exento de polémica. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, reconoció que el voto a favor de su grupo fue un error y asumió la responsabilidad: "Se deben dar explicaciones y responder ante las personas afectadas". ERC, por su parte, no ha dado declaraciones, aunque su voto favorable también fue accidental. Ambos partidos han prometido intentar revertir la situación, aunque la mayoría del Partido Popular en el Senado dificulta cualquier cambio.
La reforma ha provocado reacciones enfrentadas. Por un lado, los propietarios aplauden la posibilidad de recuperar sus viviendas de forma más ágil. Por otro, los colectivos que defienden los derechos sociales critican que la ley no contemple alternativas habitacionales para los desalojados. Esta división refleja la tensión entre garantizar el derecho a la propiedad y atender la creciente problemática social en materia de vivienda.