El Estado del bienestar, un jugoso nicho de mercado

Foto: EFE/Luca Piergiovanni

Si cualquier ciudadano quisiera comprender por qué ha habido un giro tan contundente en la gestión de los Servicios Públicos, pasando, por ejemplo, en el caso del abastecimiento de agua potable en España, de un 63% de gestión pública en 1996 a un 40% actual, se le deberían explicar algunos elementos importantes.

De entrada, aclarar que un servicio público necesita previamente de una decisión política que lo cree. Es esta voluntad política la que considera determinados servicios esenciales y de interés general, por ser indispensables para llevar una vida digna. Por tanto, estima que deben permanecer fuera de la lógica del capital, de la maximización del beneficio, y asume que la responsabilidad de su desarrollo debe recaer en una autoridad pública.

La UE, lamentablemente, va por otros derroteros, abanderando el neoliberalismo como modelo económico de referencia. Teóricamente para defender el libre mercado, ha llevado a cabo la privatización de sectores que funcionan con estructuras en red, como son las telecomunicaciones, la energía y los transportes, además de promover la total privatización del resto de servicios públicos a través de su Directiva Bolkestein.

Sin embargo, estudios de la propia UE, como el PIQUE, encargados para comprobar los objetivos conseguidos por estas decisiones de privatizar, son contundentes a la hora de asegurar que se han formado oligopolios privados con menor número de operadores, se ha empeorado drásticamente la calidad del empleo y de los servicios prestados, además de haberse disminuido la productividad y haber aumentado la insatisfacción en los usuarios de los servicios.

Es muy común el argumento de que la gestión de operadores privados es más eficiente que los públicos, algo que se repite de forma incansable para justificar cualquier tipo de privatización. Pero cuando intentamos contrastar estos argumentos con datos e informes realizados, nos encontramos con estudios como el de la Universidad de Granada acerca del abastecimiento de agua potable en la comunidad andaluza donde, tras analizar una treintena de gestores públicos y otros tantos privados, se demuestra exactamente lo contrario: los operadores públicos son más eficientes en términos económicos, sociales y ambientales.

Las claves de la tanta privatización no habrá que buscarla, por tanto, en términos de eficiencia, productividad y satisfacción de usuarios, sino en intereses económicos, maximización de beneficios y, en definitiva, en la lógica del capital. Si seguimos utilizando el abastecimiento de agua como ejemplo ilustrativo, debemos destacar que el 80-85% de la gestión privada la realizan dos empresas, AGBAR y AQUALIA. Estas empresas presionan con todas sus influencias y se lanzan tras lo que Enrique Ortega, de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, define como "un negocio sin riesgos, con altos beneficios, liquidez inmediata y con un mercado cautivo cuyo porcentaje de impagos es inferior al 5%". En defensa del libre mercado se crean oligopolios de grandes grupos que, lejos de competir en igualdad de condiciones, disfrutan de beneficios fiscales para tributar por sólo el 6% de sus beneficios. Para hacernos una idea, el resto de empresas, incluidas las pymes, pagan el 15%, y el tipo medio de retención a asalariados es del 16,7%.

Otra clave que no se debe perder de vista es que este tipo de privatizaciones sirven de financiación para aquellos Ayuntamientos que se encuentran cercanos a la quiebra por su nefasta gestión. La clave se encuentra en que la legislación no prohibe que los cánones concesionales, lo que el gestor privado le paga al Ayuntamiento de turno, se utilice para fines distintos que la mejora de las infraestructuras hidráulicas y la mejora del servicio. En palabras de Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) "en España se privatiza el agua no para mejorar los sistemas, sino para obtener dinero para pagar nóminas o hacer rotondas, se acabó el ladrillo y hace falta dinero".

Las consecuencias negativas de todo este entramado perverso las pagamos todos los ciudadanos en nuestros municipios, ya que tal y como resume el Observatorio de Privatizaciones de la Universidad Complutense de Madrid, se producen de forma generalizada "subidas desproporcionadas de las tarifas, incumplimientos de las cláusulas de los contratos, falta de transparencia y la pérdida del control efectivo de estas empresas por las autoridades municipales". Desde luego, es una narración de la más cruda realidad que están sufriendo muchos de nuestros municipios actualmente. Pero ahí no acaba todo: cuando el gestor es público, la retribución se realiza a través de una tasa o impuesto. Y en caso de impago por parte del usuario, si su insolvencia económica está demostrada, no se podrá producir el corte del servicio. Ante distinta situación nos encontramos con un gestor privado, donde la contraprestación del servicio se produce a través de un precio privado y, por tanto, el citado impago sí que puede acarrear un inmediato corte del servicio.

Cabe reiterar que la defensa de un servicio público es una posición política. No existe ninguna obligación legal de privatizar un servicio por parte de ninguna entidad local, regional o nacional, dejando a un lado los servicios en red privatizados por la UE. De hecho, existen numerosos ejemplos de rechazo a la privatización en el caso del agua, como son el de la ciudad de Ginebra o del referéndum italiano que se opuso ampliamente a las intenciones privatizadoras del Gobierno.

Reivindicar lo nuestro es adoptar posiciones contundentes de defensa del interés público ante las intenciones de saqueo de los grandes grupos transnacionales en connivencia con los irresponsables e ineficientes equipos de gobiernos locales.

Este artículo fue publicado originalmente en la página web de Sí Se Puede