Victoria de Obamacare

En una sorprendente e inesperada decisión el Tribunal Supremo de EE UU acaba de respaldar la constitucionalidad de la reforma sanitaria del presidente Obama. La votación de 5-4 muestra lo ajustado de la decisión, que ha sido escrita por el presidente del Tribunal, Roberts, nombrado por el presidente Bush y muy alineado con las tesis del Partido Republicano. La nueva ley va exigir a todos los ciudadanos norteamericanos que no estén cubiertos por un seguro médico a través de su trabajo que compren una póliza de seguro médico a partir de 2014.

El aspecto más controvertido de la ley, el llamado mandato, que obliga a los ciudadanos que no tengan seguro médico a comprarlo ha sido declarado constitucional, pero no bajo la cláusula de comercio que otorga competencias al Gobierno Federal para regular el comercio entre los Estados (el Congreso tiene el poder de legislar en esta materia a nivel nacional, porque si un Estado no regula en un asunto, las consecuencias pueden sufrirse en otro Estado); sino como un impuesto. Este era un punto clave ya que es una de las bases que permitiría bajar los costes sanitarios: miles de jóvenes que no sienten necesitan seguro médico al estar sanos no lo compran, y los que lo necesitan (y se lo pueden permitir) son los que se aseguran. Una de las consecuencias de este modelo es que supone un gran aumento de los costes.

La reducción de costes es precisamente uno de los objetivos claves de esta ley. En la actualidad hay en EEUU más de 50 millones de estadounidenses que carecen de seguro médico. Cuando necesitan ayuda médica acuden a las salas de emergencia, y las aseguradoras deben pagan a los hospitales esos gastos, que después repercuten en los asegurados a través de un aumento de las pólizas. Durante la vista se estimó que las aseguradoras gastan unos 30.000 millones de dólares al año en cubrir los gatos de personas sin seguro. La consecuencia perversa de este sistema es un aumento de las pólizas que hace que millones de personas no tengan recursos para pagarlas y no puedan contratar un seguro médico.

Según los últimos datos en 2011 el precio medio anual de un seguro comprado a través del empleador fue de 15.073 dólares (11.426 euros) por familia. Y los precios suben a ritmo mucho más acelerado que la inflación: entre 2010 y 2011 subieron un 9%, con lo que ello supone para las economías familiares y para las empresas y empleadores, que se ven obligados a subir sus precios para poder costear estas subidas, con el consiguiente impacto en la inflación y en su competitividad.

Y esto tiene impacto a todos los niveles. Por ejemplo, hay ahora una gran presión (justificada) por parte del Gobierno Federal y de las familias para que las universidades no suban sus gastos de matrícula que se han disparado en la última década. Sien embargo para las universidades, como la mía -Suffolk University-, es muy difícil no subir las matrículas si no hay ingresos alternativos, porque no se pueden absorber el aumento en los gastos de sanidad de los empleados y profesores.

Otro objetivo de la ley es el de obligar a las aseguradoras a cubrir las enfermedades pre-existentes. Este es un tema clave puesto que en la actualidad las aseguradoras pueden negarse a cubrir a una persona que tenga alguna afección pre-existente. En un país en el que los trabajadores tenemos seguros privados esto puede ser un grave problema: si pierdes tu trabajo puedes perder tu seguro (legalmente lo puedes mantener durante un plazo, pero lo tienes que pagar tú, lo cual supone que muchos no se lo pueden permitir); y si tienes una enfermedad te quedas sin cobertura médica, y lo más dramático: puede ser muy difícil que encuentres una aseguradora que este dispuesta a cubrirte. Es por ello que lo peor que te puede pasar, no es ya perder el trabajo (con todo lo que ello supone), sino quedarte sin seguro médico. La nueva ley obliga a las aseguradoras (que ahora podrían reducir costes por el aumento de los asegurados) a cubrir enfermedades pre-existentes. Otro de los beneficios es la prohibición de negar un seguro a los niños.

Desde el punto de vista político la decisión del Supremo va a ser importante en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en poco más de cuatro meses. Las últimas encuestas parecen mostrar a la opinión pública muy dividida sobre esta ley. Los republicanos se han opuesto fervientemente por considerarla una intromisión intolerable del Gobierno Federal. En su campaña en contra hablaban de posibles grupos de burócratas (lo death panels o comités de la muerte) que decidiesen sobre si extender un tratamiento a una persona o dejarla morir para ahorrar costes. Los demócratas, por el contrario, la consideran como uno de los más importantes logros del Gobierno de Obama y una solución a unos de los graves problemas que sufre el país: el coste y acceso a la sanidad.

Es difícil prever el impacto. Por un lado es sin duda un gran éxito para el presidente Obama, que hubiese sufrido un grave varapalo si una de sus principales iniciativas legislativas hubiese sido declarada inconstitucional. Pero por el otro, es muy posible que sea un elemento de movilización importante de los votantes republicanos, que no solo detestan a Obama, sino que odian esta reforma, lo cual puede incentivarles a movilizarse a favor del candidato republicano Romney, y no solo votar por el sino también recaudar fondos para su campaña. Una vez que ha sido declarada constitucional, la única forma que tiene de cambiar la ley es derogándola en el Congreso, o reformándola. Para ello necesitan una mayoría cualificada en ambas cámaras que les permita evitar los procedimientos legislativos de protección a minorías en el Senado como el fillabuster, y además un presidente republicano para evitar un posible veto a cualquier reforma. No hay duda de que será uno de los ejes de la campaña electoral, y que puede convertirse en un factor decisivo.

Lo más paradójico de todo esto es que la idea del mandato surgió de los propios republicanos, que en su intento de evitar un modelo sanitario público, como el que tenemos en Europa, propusieron uno privado pero obligatorio para reducir los costes. Esta fue su propuesta para descarrilar la propuesta del presidente Clinton a principios de los 90. El mismo Romney, cuando era gobernador, aprobó en nuestro estado de Massachusetts (MA) una reforma sanitaria basada en este principio, que en muchos aspectos ha sido un modelo para la ley federal. Sin embargo, la presión de las bases le ha hecho cambiar de opinión y oponerse fervientemente a la ley federal. Una paradoja y una miseria más de la política... En MA la ley está funcionando relativamente bien, sobre todo en el punto del acceso, pero todavía no ha sido suficiente para poder controlar el aumento de los costes, algo en lo que esta trabajando el actual gobernador.

Tras vivir más de 21 años en este país, el acceso a la sanidad era uno de los temas que más me ha sorprendido y preocupado siempre. Viniendo de Europa y con la certeza de tener un seguro público universal nunca piensas que te tienes que preocupar si vas a tener protección cuando te pongas enfermo o pierdes tu trabajo. Aquí sin embargo es un lujo que millones de norteamericanos no se han podido permitir hasta ahora. Un ejemplo más de lo mucho que tenemos en juego en Europa en un momento de gran incertidumbre sobre la viabilidad del modelo social europeo. Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos y no las valoramos lo suficiente, hasta que dejamos de tenerlas.