Sobre la reforma de la Constitución

Queda claro: hay que reformar la Constitución española. Lo ha dicho el PSOE. Sus encuestadores, los del PSOE, se lo habrán recomendado, pues de lo contrario no se entiende este artificial giro de ciento ochenta grados, abandonando la crítica a la posición minoritaria o radical (o minoritaria radical) de Podemos que pretende abrir un proceso constituyente.

Decimos que es un giro artificial por los puntos en los que se han centrado las diferentes sondas enviadas aquí y allá respecto a aspectos esenciales, pero sin apostar por ningún modelo de fondo. ¿Qué tipo de país queremos? ¿El del 78? ¿De verdad es la misma España esta que la de entonces? Por ejemplo, no negaremos que hay un problema con el funcionamiento de los partidos políticos, pero ¿de verdad los problemas enunciados son los principales? Hablaremos de esto.

En nuestra opinión, antes de cualquier debate interno habría que formular claramente y sin miedo la siguiente pregunta: ¿Queremos seguir dentro de la Unión Europea y del euro? ¿En qué condiciones? No es que no nos entusiasmara el proyecto inicial, pero ¿cuánto queda del sueño de Europa cuando la actual parece gobernada por los grandes grupos financieros y no por nuestros representantes políticos? ¿Cuánto menos los ciudadanos? (Pensemos en el escaso papel del ciudadano en la malograda «Constitución europea».) ¿Queremos mantener la misma relación que mantenemos actualmente?

En fin, hagamos un poquito de política ficción y, desde la venda en los ojos del PSOE, planteemos una Constitución continuista respecto al ingenuo sueño europeo en que nos encontramos.

Como hemos leído en el artículo La indispensable reforma, de Alberto López Basaguren, publicado en El País el pasado 17 de julio, dividiremos nuestra preocupación en tres bloques que consideramos que van realmente al fondo del problema, sin que por ello, cuando quede tiempo, se deje de echar también un vistazo a otras cuestiones.

Tendríamos un primer bloque referido a los derechos sociales. Recordemos que nuestro sistema constitucional y legislativo configura dos grandes tipos de derechos desde el punto de vista de su garantía:

1. De papel, como diría Riccardo Guastini. Es decir, aquellos que consideramos importantes (tan importantes como para mencionarlos en el texto constitucional), pero que no hay a quién exigírselos. No puedes reclamarlos. Son meramente programáticos, pero no se pueden exigir en un tribunal. Algunos ejemplos son el derecho al trabajo (art. 35 de la Constitución del 78), el derecho a la protección de la salud (art. 43) o el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47). Los expertos del PSOE ni tocan este tema. Recordemos que no hace mucho, sobre la vivienda, ciertas voces se ponían del lado de los bancos. La garantía jurídica que tiene el ciudadano para proteger estos derechos es nula.

2. Jurídicos o exigibles, puesto que tienen garantías, como el de propiedad privada (art. 33). Es decir, si se producen daños vinculados con el derecho a la propiedad los ciudadanos pueden reclamar a la justicia el cese y el resarcimiento por el daño causado. Y una especial clase de estos derechos jurídicos la encontramos en los derechos fundamentales dispuestos entre el art. 14 y el 29, más el 30.2 de la Constitución (como la igualdad y la no discriminación, la libertad ideológica, el derecho de reunión, de asociación o de huelga, el sufragio, la tutela judicial efectiva, etcétera). Estos últimos, los fundamentales, tienen una garantía o una protección reforzada.

Pues bien, en este sentido, habría que contemplar cómo articular un modo en que ciertos derechos pasen de un nivel al siguiente (por ejemplo, la fundamentalización del derecho a la protección de la salud). Evidentemente, esto choca de frente con grandes intereses económicos.

El segundo bloque tiene que ver con garantías democráticas.

En este bloque, no cabe duda que respecto al Senado sólo hay dos alternativas. Desde una de ellas, debería responder a unas funciones exclusivas que llevaran a unas responsabilidades específicas, no meramente de ratificación o de cámara de segunda lectura. Así se tendría que replantear su composición y su mecanismo de elección a partir de dichas responsabilidades. Por otra parte, habría que discutir ‒más allá de las repercusiones territoriales‒ cómo un Senado diferente reforzaría los mecanismos democráticos. La otra alternativa del Senado pasa, simplemente, por desaparecer.

No menos importante debería ser el requerimiento de votar por referéndum vinculante cualquier cambio en la Constitución, sea el que sea, venga la exigencia de donde venga. Con el célebre problema del artículo 135, no sorprende a nadie que el PSOE eluda esta imprescindible medida.

Desde luego, no habría que eludir el problema de las listas abiertas o cerradas ni la tradicional exigencia de la igualdad democrática: una persona, un voto. Es decir, asumir si todos los votos han de valer lo mismo con independencia de dónde se resida. Así, en el caso de las elecciones generales, habría que adoptar circunscripción única para el Congreso (o cámara legislativa de la unión o de la federación) y, en su caso, circunscripción regional (o la de cada Estado federado) para un Senado como cámara territorial. Los especialistas del PSOE renuncian a este debate.

No obstante, existe una medida poco discutida y que nos parece esencial: cuando las sanciones no funcionan, cuando ya no se nos ocurren más leyes para salvarnos de la corrupción y el nepotismo... ¿Qué hacer? Sistemas de transparencia.

Las tecnologías actuales nos permiten, por muy poco dinero, transmitir a toda la ciudadanía en directo las reuniones de cualquier institución, cualquier negociación colectiva, cualquier comisión. Se trata de una medida que suele despertar muchas incomodidades, pues todos hemos dicho cosas que no nos gustaría haber visto publicadas por descontextualizaciones, arrebatos de crudeza o incluso de sinceridad. Todo aquel que ha liderado un grupo sabe que hay cosas que se dicen que no deberían saberse fuera. Acabemos con esto. Se puede.

No decimos que haya que transmitir una reunión con un ministro extranjero que prefiere guardar su intimidad o ciertos problemas muy específicos de Seguridad Nacional. El resto...

Pongamos una videocámara en cada institución pública y que cada representante público exponga públicamente sus argumentos y sus decisiones. ¿Habrá pantomimas? ¿Cuánto apostamos a que, por mucho que se manipule todo esto, cambiamos con ello el concepto de política e introducimos nuevos modelos de conducta?

El nuevo escenario tecnológico nos facilita también una democracia más activa y real, como hemos visto en ciertas propuestas de los nuevos partidos. Nos encontramos por consiguiente ante la posibilidad de desarrollar sistemas más abiertos de participación individual y colectiva, tanto legislativamente (Iniciativas Legislativas Populares) como de consulta, aprovechando dicho escenario. No tengamos miedo a la democracia.

Queda el tercer y último bloque: el territorial.

Nos encontramos con problemas territoriales desde hace unos cuantos siglos; ante serios problemas territoriales que son, no cabe duda, intrínsecos de las sociedades humanas. Obviar el problema y el debate, como cualquier persona con dos dedos de cultura entiende, solo recrudece los conflictos. Por ello, por mucho que nos duela a los convencidos de la aldea global, del sueño europeo, de una humanidad unida más allá de las fronteras, toda constitución debería habilitar los mecanismos para una consulta seria en cualquier región que decidiera plantear su independencia. Y, desde luego, hay que replantear (o eliminar) los privilegios históricos y las ventajas exclusivas de los territorios: algo que parece no querer contemplarse.

Una vez acordados quiénes se van y quiénes nos quedamos, se debería crear un modelo clara y explícitamente federalista (simétrico), que habría que discutir.

Sobra decir que estos debates deben ser públicos y con amplia participación social. Y replantearse las ETTs encubiertas que son muchas diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, claro.

No hemos visto nada, entre las pretensiones del PSOE, sobre la reforma de la justicia. Pero no cabe duda de que son asuntos que tener en cuenta, entre otros: la composición del CGPJ, las relaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional o la propia existencia de un Tribunal Constitucional con un poder insoportable, en palabras de Hans Kelsen.

¿Acaso no son importantes los terrenos que estudia el PSOE? Lo son, sin duda. Y cambian cuestiones importantes, ¿qué duda cabe? Pero no estamos tan seguros de que con ellas se dispongan realmente los escenarios innovadores y valientes que no solo modifiquen procedimientos, sino que transformen la mentalidad ciudadana y nuestra política a través del acuerdo jurídico de la vida pública. Y de eso debe tratar, antes que de otros temas, una Constitución, ¿no?