Las fresas de la ira

Con 7 años de retraso en un tema que requería una actuación rápida y contundente, la Junta ha aprobado en Consejo de Gobierno del martes 16 de diciembre, el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío. En este plan se trata, entre otras medidas, de poner orden en la expansión de cultivos, en especial de la fresa, que se han extendido a lo largo de Doñana y que en muchos casos usan ilegalmente aguas subterráneas para el regadío, esquilmando el acuífero 27 del que depende la vida de Doñana y el resto de regadíos legales. Ocupaciones del territorio forestal que hasta ahora sólo han encontrado un freno en los juzgados, el último el de lo Penal Nº 4 de Huelva, donde se ha condenado a un año y medio de cárcel y sanciones económicas por valor de más de 11.000 euros al titular de una parcela forestal de Moguer que en 2009-2010 convirtió la misma en agrícola, lo que estaba prohibido expresamente por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).

Sin embargo, la clausura de las captaciones ilegales es sin duda la medida más controvertida, al contar con todo un lobby liderado por alcaldes y agricultores que exigen que se les garantice el agua para el regadío, agrupados en la Plataforma para la Defensa de los Regadíos de Doñana #somosagricultoresnodelincuentes, que ha organizado sonadas manifestaciones.

El plan no sólo llega tarde sino que no contenta a nadie. Los ecologistas tampoco creen que sea la solución a un problema que no se ha afrontado a tiempo. "WWF lleva años denunciando en Doñana el uso ilegal del agua y del suelo, alertando de la existencia de más de 1.000 pozos ilegales, más de 2.000 hectáreas de fincas agrícolas situadas en suelos catalogados como monte público y la ocupación de cauces de ríos y arroyos", explica la organización ecologista con más implantación en Doñana. Y el caso es que la situación es tan grave que está provocando un preocupante descenso de los niveles del acuífero y un importante efecto barrera que está aislando a Doñana de otros espacios protegidos como el Río Tinto y Sierra Morena. Tanto es así, que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por el mal estado del acuífero de Doñana y por la forma en que está afectando a la conservación de sus ecosistemas.

Según el boletín InfoDoñana, el único que se edita con información de Espacio Natural y que realiza WWF, "el Plan aprobado es insuficiente para afrontar los importantes retos que se plantean, como la ordenación del territorio, ya que simplemente amnistía toda la superficie existente con y sin permisos en febrero de 2004, el agua, al consolidar más de 4.000 hectáreas de riegos ilegales o del suelo, al favorecer la descatalogación de más de 2.000 hectáreas de montes públicos ocupados". Una amnistía que tampoco parece suficiente para los regantes, que aspiran a mantener su status quo.

El Plan de la Junta, paradójicamente, aviva así el incendio de los regadíos en Doñana, donde los ánimos están tan caldeados que hasta se han producido agresiones a guardas forestales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que han acudido a levantar expedientes contra pozos ilegales, como el ataque sufrido el pasado 24 de noviembre.

El grado de acritud puede verse en este vídeo, en el que se utilizan tonos y lenguajes cargados de agresividad

De hecho, el Plan de Regadíos de la Junta de Andalucía, además de llegar tarde, se ha gestado mal, como indica Juanjo Carmona, portavoz de WW-España en Doñana, que indica que la falta de apoyo de agricultores y ecologistas se debe a que "ha habido una nula participación en los inicios de redacción del plan, donde estaba previsto la celebración de talleres y jornadas participativas específicas pero que no se celebraron". Además, tal y como alegó WWF en el periodo de información pública, no se crea una mesa de coordinación ni una oficina técnica del Plan donde los propios agricultores y ONG tengan representación y puedan interesarse en la implementación de las medidas, "por lo que la transparencia se verá limitada".

Ante la inacción y falta de control por parte de las administraciones en la gestión de los recursos naturales, organismos Internacionales han dado la voz de alerta, como UNESCO, Ramsar e IUCN. Incluso la gravedad de la situación ha hecho que la Fiscalía General del Estado investigue el uso ilegal del agua en la zona. Los principales mercados europeos también se han hecho eco de los impactos de la agricultura sobre Doñana, con unos consumidores cada vez más sensibles a los temas ambientales, y donde los supermercados y la industria europea van modificando gradualmente sus criterios de compra para asegurar la sostenibilidad de la producción, además de su legalidad.

Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, "es necesario contar con un Plan, pero tal y como se ha diseñado no resolverá los problemas ambientales de Doñana sino que consolidará el caos existente, sin un plan de acción claro y definido, y sin unos presupuestos existentes". Y añade: "Desde WWF vigilaremos que las medidas se implementen en el tiempo estimado y que el Plan no se convierta en un simple papel aprobado como trámite para desviar el foco de las denuncias internacionales".

Mientras, muchas de las fresas de Doñana se seguirán regando con agua ilegal y abonándose con la ira de los agricultores que se siente con un derecho adquirido sobre el acuífero que también da de beber -por ahora- al humedal más importante de toda Europa.