El entierro de la Ley de Memoria Histórica: ni siquiera una digna sepultura

Entre las razones que justificaron la ley de memoria histórica, había una que parecía gozar de unanimidad: dar entierro digno a los restos de víctimas que todavía yacen en el anonimato en montes y cunetas. Convertir las fosas en sepulturas era un deber ético de toda la sociedad. Un mínimo de respeto y honra in memoriam a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo parecía imponerse, más allá de discrepancias ideológicas. La ley 52/2007, de 26 de diciembre, convirtió la colaboración con este deber de memoria en una obligación del Estado para con las víctimas, sus familiares y conciudadanos. Esa era la razón de la dotación presupuestaria (hasta unos 8 millones de euros) que, en el período 2006-2011, dispuso el Ministerio de la Presidencia, dando un impulso fundamental a una ingente tarea que ha alcanzado en la última década a la exhumación de 348 fosas y al hallazgo de 6.420 esqueletos, en su mayor parte como resultado de ejecuciones extrajudiciales. Pues bien, esta dotación se ha reducido a "0 euros", en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2013, simplemente ha sido eliminada. El subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Pérez Renovales, argumentó el 8 de octubre en su comparecencia que "hay que prescindir de ella [la partida presupuestaria] pero que permanece viva para un futuro". Un futuro absolutamente indeterminado, nada creíble.

No era la de las fosas un empeño fácil. Había que localizar fosas, previa investigación oral y documental, también de geo-radar. Con la colaboración de muchos, llegamos a elaborar un mapa dinámico de fosas. Había que determinar autorizaciones y requisitos para garantizar unas exhumaciones con rigor científico y respeto a las leyes. Confeccionamos un protocolo para la exhumación de fosas con antropólogos y forenses. Hubieron de desarrollarse técnicas de indagación y de identificación. Las agrupaciones de familiares tuvieron que sortear no pocos requisitos administrativos para la obtención de permisos y subvenciones. Entre unos y otros, en un gran empeño colectivo, hemos aprendido cómo dignificar los restos, habiéndose llevado a cabo las exhumaciones de los restos de más de 5.000 víctimas. Todo ello ha ayudado a suturar heridas que aún supuran. Abrir fosas para cerrar heridas. Ha sido un acto de país, de país democrático y civilizado.

Toda esta enorme tarea va a verse gravemente afectada por una decisión del Gobierno que, de hecho, ya ha puesto en práctica anticipadamente en 2012. Los PGE 2012 ya habían reducido las subvenciones para actividades de memoria histórica un 60% (de 6.25M€ en 2011 a 2.5M€ en 2012) pero, el Ministerio de la Presidencia, por un acuerdo de no disponibilidad, ya ha renunciado a esos 2.5 M€. A punto de cerrar el ejercicio, una consecuencia es clara: no habrá convocatoria de subvenciones en este año que ya concluye, a pesar de su consignación presupuestaria en los PGE 2012. Las noticias de exhumaciones recientes en Aranda de Duero, en Montenegro de Cameros, etc. no pueden llevar a engaño. Proceden de las subvenciones que el Gobierno socialista distribuyó en 2011.

El Tribunal Supremo en sentencia de 28 de marzo de 2012, estableció que es "inobjetable desde cualquier punto de vista --por imperativo del respeto debido a la dignidad de todas las personas (art. 10,1º CE) y, hasta por razones de policía sanitaria mortuoria (D. 2263/1974, de 20 de julio)-- que los restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de Enterramiento". Asimismo concluyó que "tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles" por lo que citando la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ésta "establece deberes para las administraciones". La Administración General del Estado no puede lavarse las manos respecto de sus deberes normativos para ayudar y facilitar la identificación y el digno enterramiento de toda muerte violenta.

Estamos convencidos de que la tarea emprendida es imparable mientras haya una sola familia que viva en estado de duelo abierto. El imperativo de la memoria ha prendido y no cejará hasta la identificación y la dignificación de los restos de aquellos que murieron en las circunstancias más oscuras y sórdidas, cuyo recuerdo ha permanecido en el silencio de una represión colectiva de décadas. Asociaciones, algunos Ayuntamientos y alguna Comunidad Autónoma seguirán apoyando.

Sin embargo la orfandad pública, administrativa e institucional del Estado a la que se ven condenados estos ciudadanos por una decisión de la Vicepresidenta de Gobierno y del Ministro de Justicia puede devenir en iniciativas fuera de procedimiento y lo que es peor, puede dar al traste con lo que representa una oportunidad para proseguir en la senda de la reconciliación de los españoles. La dimisión por parte del Estado de un deber de memoria asignado por la ley será interpretado como un agravio más, 75 años después, de la dialéctica vencedores/vencidos de la Guerra.

Tras la eliminación de la partida presupuestaria para la localización y exhumación de fosas y, tras el rechazo a la creación de una Comisión parlamentaria para el estudio y la aplicación del Informe de Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, el único vestigio de la política de memoria histórica es una diminuta ventana con el icono del Portal de la Memoria Histórica en la web del Ministerio de Justicia. El Gobierno del PP se está aprovechando del argumento de la crisis para legitimar una política sectaria, ostentosamente ideológica. Exigimos a la Vicepresidenta la convocatoria inmediata de las subvenciones para 2012 y la consignación de una cuantía suficiente en los PGE 2013.