Empleos dignos y pensiones garantizadas

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La legislatura 2011-2015 ha sido la legislatura del fomento del empleo basura y la puesta en riesgo de nuestro sistema de pensiones. La legislatura que ahora se inicia ha de servir para recuperar la dignidad de los empleos y asegurar el futuro de las pensiones públicas.

Para ello, la reforma laboral del PP debe sustituirse por un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos laborales. Y, a su vez, el vaciamiento de la hucha de la pensiones por parte del Gobierno de Rajoy debe superarse reequilibrando gastos e ingresos de la Seguridad Social en un renovado Pacto de Toledo.

El problema más importante que debe enfrentar la sociedad española es el del paro estructural, la precariedad de los contratos de trabajo y la pobreza laboral, una situación que la gestión de la derecha ha agravado sobremanera en estos últimos años.

Los altísimos niveles de paro en España castigan especialmente a los más jóvenes y a los parados de larga duración. La Encuesta de Población Activa refleja que los contratos de semanas, días u horas sustituyen a gran velocidad a los contratos indefinidos. Y la Encuesta de Estructura Salarial demuestra que temporalidad, bajos salarios y empobrecimiento son fenómenos que van de la mano. Mientras tanto, la legislación del PP ha otorgado al empresario todo el poder para imponer unilateralmente la cuantía de los sueldos y las condiciones laborales.

El Gobierno solo propone continuidad en la política de empleo. Las escasas novedades de los acuerdos del PP con Ciudadanos apuntan en dirección equivocada. El contrato único es en realidad el contrato único precario con despido barato. El llamado complemento salarial pretende compensar con dinero público los recortes salariales en las empresas. Algunas de las propuestas en materia de autónomos promueven la sustitución de contratos estables por cuenta ajena por contratos mercantiles precarios de falsos autónomos dependientes.

La respuesta adecuada está en la aplicación acordada de una nueva Estrategia por el Empleo Digno y en la promulgación acordada también de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere el equilibrio de poder en el seno de la empresa y avance en derechos laborales.

Buena parte de la nueva Estrategia en materia de empleo requiere medidas de largo alcance. La economía española ha de apostar por una competitividad fundamentada en la innovación y la formación antes que en la devaluación social y laboral. Las nuevas aplicaciones tecnológicas y la robotización de las empresas no deben traducirse necesariamente en más paro, sino en un reparto alternativo del trabajo existente y en la explotación de nuevas vetas de trabajo en los servicios a las personas y al medio ambiente, financiado todo ello con las evidentes ganancias de productividad.

En el corto plazo, es preciso emprender un decálogo de medidas urgentes. Uno, un plan de choque para crear empleo urgente, con iniciativa pública y con formación acelerada de ni-nis. Dos, el reforzamiento de la negociación colectiva en el establecimiento de salarios, estructuras y condiciones de trabajo. Tres, la simplificación de la planta de contratos mediante tres modalidades: indefinido, temporal limitado a un año (con excepciones acordadas) y formativo; adaptando nuestra normativa de indemnizaciones a la reciente sentencia europea. Cuatro, un Plan contra la Explotación Laboral, que adapte la Inspección de Trabajo, la normativa de sanciones y la legislación sobre contratos a tiempo parcial.

Cinco, la subida del salario mínimo con el horizonte comprometido en la Carta Social Europea de llegar al 60% del salario medio. Seis, un plan de igualdad laboral entre hombres y mujeres que cierre la brecha salarial y modifique el régimen de permisos de maternidad y paternidad. Siete, un impulso decidido a las políticas activas de empleo, duplicando sus recursos y fortaleciendo con personal los servicios públicos de empleo.

Ocho, una reforma pactada y útil de la fracasada Garantía Juvenil y los fallidos programas de activación. Nueve, una cobertura a parados que recupere los porcentajes pre-PP del 70%, con subsidios o rentas mínimas universales para parados mayores de 45 años o con responsabilidades familiares. Y diez, una nueva Ley de Autónomos que racionalice sus sistemas de cotización, sin riesgos añadidos para las cuentas de la Seguridad Social, y que homologue sus derechos sociales.

El segundo gran desafío de esta legislatura tiene que ver con la garantía de nuestro sistema Seguridad Social y de pensiones públicas como puntales básicos del Estado de bienestar. La precarización ya denunciada en los empleos ha provocado a su vez un déficit creciente y peligroso en las cuentas de la Seguridad Social.

El Fondo de Reserva de las Pensiones, ideado y dotado para compensar los desequilibrios demográficos a largo plazo ha sido esquilmado por el Gobierno para compensar sus regalos fiscales a las rentas y patrimonios más altos. Y, mientras tanto, el PP ha limitado legalmente en este tiempo la subida de las pensiones en un raquítico 0,25%, que supondrá una grave pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas el próximo año 2017.

Una vez más, el planteamiento del Gobierno de Rajoy ante estos retos es el de perseverar en su estrategia errónea e injusta. El PP no admite revisar la reforma laboral que precariza los empleos y reduce los ingresos de la Seguridad Social. La derecha persiste en su intención de financiar el pago regular de las pensiones con la hucha de la pensiones, ignorando las previsiones de aumento del PIB y malgastando la garantía última para los malos tiempos que puedan llegar.

Y las ideas novedosas que transmite la ministra del ramo resultan inquietantes: sacar las pensiones de viudedad del sistema contributivo puede ser el primer paso para su aminoración o supresión, autonomía a autonomía; compatibilizar trabajo y 100% de la pensión no ayuda, desde luego, a mejorar las cuentas de la Seguridad Social, y podría entorpecer la incorporación de nuevas generaciones al empleo; y perseverar en la línea de estimular la creación de empleo por cuenta ajena o propia mediante la reducción o bonificación de las cotizaciones sociales, que ya se ha demostrado ineficaz, a la par que contraproducente para el equilibrio financiero del sistema.

La respuesta está en la renovación del Pacto de Toledo, con el objetivo de reequilibrar gastos e ingresos en la Seguridad Social, al tiempo que se garantizan y se mejoran las prestaciones en la medida de lo posible. A iniciativa de las centrales sindicales, la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso ya hemos registrado una propuesta de ley para eliminar el límite del 0,25% y para que las pensiones, especialmente las mínimas, suban el año próximo lo mismo que suba la inflación, al menos.

También con el acuerdo de la representación de los trabajadores, los socialistas hemos propuesto acabar con la capacidad del Gobierno para cubrir sus dádivas fiscales detrayendo recursos del Fondo de Reserva de las pensiones. Esperemos que el Gobierno no pretenda vetar la tramitación parlamentaria de estas iniciativas.

Y el reto de más alcance que conseguir por acuerdo ha de ser el del equilibrio financiero del sistema. La derecha suele buscar la reducción de los gastos. Desde la izquierda preferimos sondear la ampliación de los ingresos. Estamos dispuestos a contemplar propuestas de fondo, como la mejora de la calidad de los contratos de trabajo, la subida del salario mínimo, la lucha contra la explotación laboral y la ampliación de la cobertura a los parados.

También han de considerarse otras medidas, como la revisión de reducciones y bonificaciones ineficientes en las cotizaciones sociales, la asunción por el Estado de los gastos administrativos y de gestión del sistema, o el destope de cotizaciones para las rentas de los trabajos mejor remunerados. Y resulta cada día más inexorable contemplar la posibilidad de un impuesto específico o una cesta de impuestos que complementen la recaudación por cotizaciones.

En definitiva, frente a la complacencia y el conformismo del Gobierno respecto a la vigente situación de nuestro empleo y nuestras pensiones, nosotros planteamos la disconformidad y la alarma. Frente al continuismo de la propuesta gubernamental, nosotros proponemos un cambio a fondo en los objetivos, en las estrategias y en las medidas a aplicar.

Y frente al método juan palomo, aquel del "yo me lo guiso y yo me lo como", al que es tan aficionado el Gobierno Rajoy-Báñez, la representación de la ciudadanía en el nuevo Parlamento impone diálogo, pacto y consenso. En lo político y en lo social. Con los partidos y con los interlocutores sociales, sindicatos y patronales.

Ese es el reto.