Vox obliga al PP a esconder la bandera LGTBIQ+ en algunos ayuntamientos con motivo del Orgullo
Ambos partidos hacen valer su control institucional para censurar su presencia en los edificios públicos. En algunos casos, incluso, interviniendo la Policía.
La derecha sigue teniendo miedo a las banderas LGTBIQ+. PP y Vox han escenificado en estos días de celebración del Orgullo LGTBIQ+ su fobia a un símbolo que representa diversidad, igualidad... y libertad. En numerosos consistorios y sedes de gobiernos autonómicos, las dos formaciones han hecho valer su control institucional para censurar la presencia de la bandera arcoíris u otras que representan a una parte de este colectivo que, según datos oficiales, ha sufrido más de 57.000 agresiones en los últimos cinco años.
Incluso, la presencia de la policía local ha sido requerida cuando, por ejemplo, los ediles de Compromís en Valencia iban a colgarla del balcón del Ayuntamiento o, en Toledo, los concejales del PSOE la exhibieron en su bancada. En ambos casos, los ediles del PP reclamaron a las fuerzas de seguridad su actuación para evitar la exhibición de la bandera.
La alcaldesa valenciana María José Catalá, se atrevió a señalar que ella no ponía la bandera del orgullo LGTBIQ+ en el balcón igual que no exhibía otras "por el día de la ELA, ni el día del alzhéimer, ni el día del cáncer". Una relación del colectivo con preocupantes enfermedades que motivaron a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a estudiar si cabía la posibilidad de emprender "acciones penales" contra ella.
Madrid, gobernada con mayoría absoluta por el PP, también ha evitado de nuevo poner la bandera en la fachada del ayuntamiento, como sí se hacía en tiempos de Manuela Carmena; o en la sede de la Comunidad en Sol, donde Cristina Cifuentes sí la colgó en diferentes ocasiones durante su mandato como presidenta.
En su lugar, la capital ha desplegado por la ciudad una polémica campaña promocional del Orgullo en el que no está la enseña ni sus reivindicaciones, pero sí aparecen preservativos, tacones y copas de bebida. Una polémica cartelería que ha suscitado el rechazo unánime de los partidos de izquierda.
La bandera también vuelve a estar ausente este añoen los ayuntamientos de Valladolid, Burgos, Gijón, Ciudad Real, Talavera de la Reina, Guadalajara, Huesca o Zaragoza ante la negativa de los gobiernos municipales del PP y la formación de ultraderecha Vox. En la capital maña, incluso, ambos partidos rechazaron una moción presentada por los socialistas "a favor de la igualdad, la diversidad y la democracia" y para reconocer la lucha del colectivo y las entidades LGTBI, además de para instar al Gobierno municipal a garantizar el mantenimiento de una línea económica para estos colectivos.
Por parte de Vox, al intento de censura de la bandera se unen las bromas o mofas que difunden para ridiculizar el movimiento LGTBIQ+. Javier Bravo, diputado de Vox en el Parlamento de Extremadura, dijo esta semana que "la asociación de bigotudos que fuman también quiere un teléfono” durante el debate en el que se aprobó habilitar un número gratuito (el 028) para atender a víctimas de lgtbifobia.
Cabe recordar que, desde su llegada al poder municipal el año pasado, Vox ha ejecutado también la censura de libros, obras y películas relacionadas con el colectivo, así como la eliminación del paisaje urbanístico de los bancos con los colores del arcoíris. En muchos de estos casos, en connivencia con el PP.
En oposición, sedes de ministerios como los de Igualdad o Agricultura sí exhiben estos días la bandera LGTBIQ+ y este año la ha colgado, por primer vez, el de Justicia con Félix Bolaños como principal responsable.
Para excusar la ausencia de la bandera LGTBIQ+ en los edificios públicos, PP y Vox suelen apoyarse en una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 que señala que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.
Sin embargo, no está claro que esta doctrina sirva de referente cuando las instituciones exhiban su apoyo a colectivos desfavorecidos o en riesgo de discriminación, puesto que el artículo 9.2 de la Constitución, establece que corresponde a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
