Sumar registra una ley para regular las actividades de empresas españolas en territorios ocupados
Citando los casos de Palestina o Sáhara, la incitativa que parte de Más Madrid prevé evitar que empresas españolas se lucren por sus actividades en las zonas ocupadas.
Sumar ha registrado en la mañana de este miércoles una Proposición de Ley Orgánica QUE tiene como objetivo regular las actividades económicas y comerciales de empresas españolas en territorios ocupados militarmente, en línea con el reciente reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España.
Según explica la formación, la proposición presentada por la diputada de Más Madrid Tesh Sidi, busca frenar las relaciones comerciales en territorios reconocidos por la ONU como ocupados, entre los que se incluyen Palestina y el Sahara Occidental, debido a que estas actividades "perpetúan la ocupación y el genocidio, beneficiando a Israel y Marruecos".
Así, citando a empresas que actualmente operan en el territorio ocupado en Palestina como la empresa vasca de ferrocarriles CAF o Siemens Gamesa en el Sáhara Occidental, explican que quieren evitar que el tejido productivo español "participe de las vulneraciones del derecho internacional, sean del país que sean, se lucren con nuestro dinero público" de los países ocupan ese territorio.
En este sentido, la ley establece restricciones para que estas empresas no puedan participar en concursos públicos, recibir subvenciones o suscribir acuerdos de colaboración o convenios con nuestras administraciones públicas.
Para impedir las operaciones, tan solo hará falta que se declare a una potencia ocupante en una resolución o declaración del Consejo de Seguridad, la Asamblea General o el Comité de Derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, una sentencia, resolución u opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia, una sentencia o resolución de algún otro tribunal internacional vinculante para el Reino de España, un reglamento, directiva, decisión, dictamen, resolución o sentencia adoptada por alguna de las instituciones de la Unión Europea o cualquier norma de rango legal o inferior adoptada por el Gobierno de España.
De esta forma, sería declarado ilegal cualquier producto o recurso obtenido de esos territorios ocupados y considerado contrabando importar o exportar quieres realicen operaciones de carácter comercial de productos elaborados o bien de los recursos obtenidos.
La Proposición de Ley prevé penas de prisión de uno a cinco años así como una multa que multiplique por seis el importe de los bienes, mercancías o géneros que se obtengan o introduzcan en las zonas ocupadas.
