Secretos oficiales, ley mordaza o injurias a la Corona: qué incluye y qué no el plan de regeneración democrática del Gobierno

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al denominado plan de regeneración democrática impulsado por Pedro Sánchez con el objetivo de reformar "la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz". 

El documento, que contiene 31 puntos, es una suma de las propuestas presentadas por el presidente del Gobierno tras su periodo de reflexión de cinco días en abril y las aportaciones que han hecho los diferentes grupos parlamentarios al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al de Cultura, Ernest Urtasun, durante sus reuniones de las últimas semanas. 

PP y Vox se han desmarcado de estas negociaciones y han llegado a calificar ese plan de regeneración como un "plan de degeneración", además de decir que promueve la "censura" en los medios de comunicación y que es propio de un "régimen totalitario".

Pero, ¿qué incluye realmente el documento y cuál es su alcance? ¿Va a cerrar el Gobierno medios de comunicación? ¿Se van a eliminar del Código Penal los delitos por injurias a la Corona u ofensa a los sentimientos religiosos?

Lo primero que cabe destacar es que el plan, tal como ha señalado el Ejecutivo, es "una hoja de ruta con 31 medidas" que el Gobierno va a implementar en lo que resta de legislatura. Es decir, no se presentará en el Congreso como un bloque cerrado y cada uno de los puntos será de nuevo debatido y consensuado con el resto de fuerzas parlamentarias. De ahí que algunas de las propuestas avanzadas puedan ser reformuladas durante su tramitación o, incluso, se puedan añadir más.

Ley de secretos oficiales

Bolaños ha anunciado este martes que el Gobierno tiene intención de reformar la ley de secretos oficiales, "que data de 1968 y es preconstitucional". "Está ley ha de modificarse, tenemos que establecer una regulación que sea compatible, conforme a los países democráticos de nuestro entorno y con los mejores estándares europeos", ha señalado. Sin embargo, el ministro de la Justicia no ha llegado a detallar el alcance que tendrá dicha reforma. 

Hace uos meses, el Congreso ya votó a favor de la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para modificarla. La norma actual no establece plazos para la desclasificación del material reservado. Es decir, con la ley franquista hay asuntos que pueden llegar a mantenerse silenciados de por vida.

La propuesta del PNV que se tomó en consideración sí propone delimitar los plazos de las materias archivadas: los secretos se desclasificarían como máximo en 25 años y el material clasificado como reservado, en diez años. Eso sí, en el caso de las materias secretas, el Consejo de Ministros podría proponer una prórroga “excepcional y motivada” por un período de diez años.

Para Bolaños, la reforma de la ley tampoco es novedosa. Él mismo lideró un intento del Gobierno por modificarla en la pasada legislatura, aunque no salió adelante porque no logró los apoyos suficientes. 

Es previsible, por tanto, que el Gobierno aproveche la tramitación en las Cortes para definir dicha reforma y el alcance que tendrá en lo que respecta al tiempo de desclasificación de los secretos oficiales. 

¿Injurias a la Corona?

El Ejecutivo también ha anunciado que e llevará a cabo una reforma integral del Código Penal para tratar los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado o sentimientos religiosos, sin detallar sin embargo si esto también afecta a las injurias contra la Corona. Sumar cree que sí al ser "institución del Estado", pero preguntado expresamente sobre si se incluirán los delitos e injurias a la Corona, Bolaños se ha remitido al "desarrollo" que tenga la ley que se apruebe, sin querer pronunciarse sobre si es favorable a que eliminen estos delitos.

"Lo que será realmente importante será el proyecto de ley que salga aprobado por el Consejo de Ministros cuando así lo hagamos y luego, contar con apoyos parlamentarios suficientes para modificar el Código Penal en este caso", ha sostenido. De ahí que, una vez más, el ala socialista del Gobierno deje abierto si esa reforma en lo relativo al delito de injurias abarcará también o no las que se hagan contra la Corona.

Los actos de injuria hacia la monarquía se consideran un crimen definido en el artículo 491 del Código Penal español, el cual establece sanciones que van desde multas de cuatro a veinticuatro meses. Este crimen ha generado controversias entre los diferentes partidos políticos y ha sido objeto de debate en varias ocasiones, como ocurrió en el caso de la revista satírica El Jueves en 2007.

Ley mordaza

Pese a que Sumar anunció durante las negociaciones de este plan que el Gobierno iba a derogar la ley de Seguridad Ciudadana (conocida por todos como Ley Mordaza), lo cierto es que el Ejecutivo sólo ha confirmado hoy la supresión del artículo 36, el cual contempla como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información". Cabe destacar que este punto fue el único declarado inconstitucional por el TC.

De nuevo, el Ejecutivo retrasa a la negociación en el Parlamento si se derogan también otros puntos polémicos que recoge esta ley, como es el uso de pelotas de goma por parte de los 'antidisturbios', las devoluciones en caliente en frontera o las faltas de respetos a los policías.

Desde 2015 a 2022, la ley ha servido para imponer casi dos millones de multas (1.817.478). La mayoría de ellas han sido por desobediencia, resistencia o por faltas de respeto a la autoridad. Interior también impuso en 75 días del estado de alarma por la pandemia del coronavirus cerca de 1,1 millones de multas, que después fueron anuladas por el Constitucional.

¿Cierre de medios?

Con respecto a los medios de comunicación, el Gobierno establece un registro obligatorio de medios de comunicación donde se incluirá información sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Eso sí, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y no el Ejecutivo quien asumirá esta competencia. De ahí que no pueda decirse que será el Gobierno quien decidirá el cierre de un medio o si puede considerarse un "panfleto" por difundir fake news.

En lo que respecta a la financiación pública que reciben estos medios, el Gobierno también limitará dichas inversiones "para que no haya medios impulsados por o dependientes" del dinero público y obligará a las administraciones a detallar anualmente esas partidas. 

Igualmente, el Ejecutivo pretende garantizar que los sistemas de medición de audiencia cumplan con los compromisos de transparencia para que no se puedan falsear las cifras y se llevarán a cabo medidas de discriminación positiva para favorecer a los medios que publican contenidos íntegramente en lenguas cooficiales.

¿Debates obligatorios?

En lo referido al poder legislativo, el Gobierno también plantea la obligación de celebrar debates electorales en periodos de campaña y que ningún candidato pueda ausentarse de ellos. Además, quiere reformar el reglameto del Congreso para fijar la obligación de celebrar anualmente el debate sobre el estado de la nación y reforzar las sanciones para partidos y parlamentarios que no presenten al completo y con veracidad sus cuentas o declaración de bienes. Por último, también pide que las encuestas publicadas en campaña incluyan los microdatos para conocer su "cocina".