Ribera reitera su negativa a reunirse con la Junta sobre Doñana: "No vamos a hablar de ilegalidades"
La vicepresidenta tercera ha pedido a Moreno Bonilla no "tontear" con la reordenación del regadío en Doñana porque el aviso desde Europa es "muy serio"
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha negado este martes a reunirse con la Junta de Andalucía para negociar la ley sobre regadíos de Doñana a la que el gobierno central se opone frontalmente. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra sólo se abrirá a ese diálogo "tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, pero no vamos a hablar de ilegalidades".
Ribera respondía así a la petición de una reunión por parte del gobierno regional después de que el comisario de la Unión Europea, Virginius Sinkevicius, se mostrara desfavorable a la proposición de ley sobre la ampliación de los regadíos en el entorno de Doñana presentada por PP y Vox. La ministra cree que dicho plan está "haciendo daño a la imagen de España" y ha pedido a Moreno Bonilla no "tontear" con la reordenación del regadío en Doñana porque el aviso desde Europa es "muy serio" y "nos puede costar mucho dinero a los españoles".
"¿A qué viene esta provocación?", se ha preguntado con preocupación la ministra, para quien es mucho "más honesto" encontrar las mejores respuestas y no dejarse arrastrar por "negacionistas o populistas con una alta dosis de demagogia y siempre coincidiendo con citas electorales".
Ribera ha recordado que la visita de Sinkevicius se enmarcaba "dentro de un procedimiento de infracción por una sentencia" y ha lamentado que el gobierno regional deslice que la opinión en contra de la Comisión Europea sea fruto de posibles presiones por parte de Moncloa. "Parece mentira que, después de reiterados avisos de las instituciones europeas, todavía puedan decir algo así. Como si fuera manipulable la Comisión", ha dicho.
Por último, Ribera ha subrayado desde que llegaron al Gobierno en 2018 se han cerrado más de 200 pozos ilegales y se han clausurado de manera voluntaria casi 500 pozos legales gracias al incremento de la dotación de superficie. "El calendario de obras e inversiones permite cerrar todas las extracciones en 2025 y garantizar la cobertura de los derechos de abastecimiento de los núcleos de riego con agua de superficie procedente del Tinto, Odiel, Piedras, Guardiamar y Agrio", ha añadido.