Quedan 15 días para que acabe el año y aún no sabemos qué pagarás por el abono transporte
Puente busca fórmulas antes de que acabe el año, pero aboga por cambiar el bono del que se disfruta en la rebaja de los abonos. Ayuntamientos y comunidades están a la espera del Gobierno para adaptar sus presupuestos o implementar ellos los descuentos para que el cambio no sea brusco.
"Yo sí puedo anticipar que mi posición, desde luego, es que esa política debe cambiar", ha indicado Puente". Así despachaba el ministro Óscar Puente el pasado 1 de octubre cuando era preguntado sobre si el Ministerio de Transportes debía o no mantener el descuento del abono en el transporte público que lleva vigente desde el estallido de la guerra de Ucrania para hacer frente a la inflación.
A escasas semanas del cierre de 2024, la incertidumbre sobre el futuro de las bonificaciones al transporte público es total tensiones entre administraciones. Desde el Ministerio de Transportes, su titular Óscar Puente ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de revisar la política de gratuidad, pero las comunidades autónomas, como Madrid y Galicia, apremian al Gobierno central a aclarar su postura para organizar sus propios planes tarifarios.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, instaba esta semana al ministro Puente a definir si se mantendrán las bonificaciones de cara a 2025. "Nos quedan sólo unos días para que termine el año y todavía no se han puesto en contacto con nosotros para decirnos qué va a hacer la Administración General del Estado".
Rodrigo subrayaba que la Comunidad de Madrid pretende mantener los descuentos del 60% en los abonos mensuales y del 50% en títulos multiviaje durante 2025. Sin embargo, si el Ejecutivo central no renueva la medida, el gobierno regional congelará las tarifas de 2022 para evitar un impacto mayor en los ciudadanos. "Estamos trabajando para sacar unas tarifas coherentes para todos los madrileños, pero necesitamos saber qué va a hacer el Gobierno de España", explicaba a días de que acabe el año.
La medida estatal, implementada en febrero de 2023 y prorrogada para todo 2024, ha permitido que unos siete millones de madrileños se beneficien de descuentos en el transporte público, generando un ahorro estimado de 30 millones de euros al mes entre los usuarios del transporte público. No obstante, la Comunidad de Madrid ya subvencionaba previamente gran parte del coste del transporte público, lo que le permitió elevar las rebajas hasta el 60% al añadir un 30% adicional a la aportación estatal.
Mientras tanto, Galicia confirmaba que mantendrá sus bonificaciones autonómicas en el transporte interurbano durante 2025, ampliando descuentos adicionales para usuarios recurrentes y colectivos específicos. Estas medidas se aplicarán independientemente de la decisión del Gobierno central, aunque solo con lo que aportan ellos.
Sin embargo, la postura de Óscar Puente, más que un 'café para todos' los usuarios es que el modelo actual evolucione hacia un sistema que premie al usuario frecuente en función de su uso del transporte público. "La política de gratuidad fue coyuntural. Ahora, el esfuerzo debe estar en la calidad, el confort y la puntualidad", explicaba en Octubre.
Mientras tanto, algunos ayuntamientos como el de Torrelavega (Cantabria) se enfrentan a elaborar descuentos propios apoyados en el buen grado con el que los usuarios del transporte público recibieron la noticia. Este martes aprobaban en el Pleno del Ayuntamiento y por unanimidad una moción impulsada por el PP en el que instaban al Gobierno de España a mantener para 2025 la bonificación del 30% al transporte de viajeros, al tiempo que el Ayuntamiento confirmaba que, independientemente de lo que haría la comunidad autónoma, mantendrán su otro 20%.
Según explicaba su concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), la idea es que el cambio del todo al nada "no sea tan gravoso" cuando usan, por ejemplo, su sistema de Torrebus. De esta forma, se busca que la medida no sea "tan drástica como decir que elimina al completo" la bonificación, ya que se mantiene para algunos colectivos.
En otras zonas de España, la cosa pinta más fea. Las Juntas Generales de Bizkaia rechazaban hace unos días que las instituciones vascas tengan que asumir en 2025 el descuento íntegro del 50% en el transporte público y reafirmaban su compromiso de incorporar un descuento del 20% en los títulos temporales del territorio si el Ejecutivo lo mantenía. EH Bildu pretendía que fueran las instituciones vascas las que asumieran todo el descuento del 50% si el Gobierno central decidiera dar por terminadas las bonificaciones. De hecho, se instaba a mantener la bonificación del 20% en los títulos temporales acordada en el Consorcio de Transportes de Bizkaia, hasta la implantación de un sistema tarifario en función de criterios de uso y renta.
Y es ahí hacia donde va el modelo. BNG y PSOE pactaban en octubre de 2023 en el acuerdo de investidura prorrogar este descuento durante el 2024. Sin embargo, añadían una coletilla: "Posteriormente se convertirá esta medida en una política permanente para determinados colectivos".
Una cuestión que aboga por abaratar y blindar el precio del transporte público no solo entre las personas más vulnerables que estén en paro, perciban el Ingreso Mínimo Vital, sean estudiantes o pensionistas. La idea, y en ello negocian, según confirman fuentes de la fuerza política gallega, es que se amplíe, por ejemplo, a personas que tienen que desplazarse grandes distancias para cuestiones como ir a trabajar. El compromiso es que se consolide este 2025, pero si no entra en vigor antes del 31 de enero, millones de personas no tendrán ningún tipo de protección.
"Estamos trabajando para que haya una alternativa antes de final de año. Será en la línea que siempre ha comentado el ministro para incentivar el uso", explican desde el Ministerio de Transportes a este medio asegurando que cuando haya una propuesta en firme, se hará pública y se explicará de cara al nuevo año que arranca en dos semanas y media.
Precisamente, Sumar registraba hace unos meses una propuesta en el Congreso de los Diputados que quedó aprobada con el compromiso de PP, PSOE y Sumar de implementar una tarjeta única de transportes previa coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias "La tarjeta única es un objetivo, pero no hay novedad", explicaban desde el departamento de Puente.
Félix Alonso, diputado de los comunes explica que su postura, incluida la de Sumar es que "si no hay tiempo lo que pedíamos es que se prorrogara tal cual, los cambios no son fáciles porque hay que ponerse de acuerdo con las comunidades y los ayuntamientos. Cuando la gente está acostumbrada no puedes quitarlos de un día para otro independientemente de que baje la inflación. La medida es positiva, la gente coge más el transporte público y como bien dice el ministro estamos muriendo de éxito".
"Si no llegamos, que se prorrogue y que se estudie el abono único, soy consciente de que no es fácil, planteamos un periodo de estudio durante 2025 para implementarlo en el 26 o 27 y ya se pueden dar pasos. Somos conscientes de que el Ministerio quiere reformar la fórmula. Si no lo hace igual lo importante es mantener las bonificaciones a la gente recurrente. Si lo uso solo un día, bueno, pues igual tengo que pagar el billete, pero si lo uso para ir a trabajar tengo que tener esas bonificaciones. Y es importante para que la gente coja más el transporte público. Por ejemplo, los chavales, que la gente joven pueda usarlo de forma habitual y lo incorpore a su vida cotidiana es fundamental", ejemplifica Alonso.
Por ello, aboga a que no sea una cuestión por renta ya que en la sanidad o la educación nadie mira el dinero porque se entienda que es una fórmula básica que colabora a vivir en un mundo más sostenible. "Eso no quiere decir el gratis todo, queremos que vaya como un tiro y sabemos que el Ministerio quiere cambiar esa fórmula ya que lo que reclama la gente es un buen servicio más allá del precio, pero no se puede tocar a los recurrentes", insiste, consciente del trabajo que implica al poner de acuerdo a la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, incluso abriéndose para que, en vez de que se bonifique al 30% el estado y al 20% las comunidades autónomas se ajuste a la casuística de transporte público que haya en cada lugar y siempre con un plus de descuentos para la insularidad debido a las "dificultades superiores" que existen.
También pide avanzar en dos cuestiones: ave y los sistemas de bicicleta eléctrica de los municipios. "La bici fomenta la intermodalidad. Antes, cuando vivía en Palma podía ir andando, pero cuando era todo gratis por estar bonificado al 100% me daba cuenta de que iba de un lado a otro empalmando línea de autobús y esa trampa tampoco es la solución", ejemplifica. Por ello, y relacionado con el precio de la vivienda pide también que se mantengan en AVANT y que los bonos de AVE continúen ya que en zonas como Madrid cada vez son más las personas que se van a vivir a Valladolid, Toledo, Segovia, Ávila o Guadalajara y van en "velocidad alta" a sus puestos de trabajo en la capital.
Al margen, explica que en las negociaciones con el Ministerio de Transportes está también el bonificar a los ayuntamientos o comunidades autónomas el poder mejorar sus flotas de buses. "Son una ruina porque un bus cuesta mucho dinero. Los ayuntamientos nos lo dicen, que es una ruina. Hemos puesto sobre la mesa que puedan adquirirlos y renovar flota con un préstamo a interés cero a través de los créditos ICO, por ejemplo".