Qué hay detrás de la "financiación singular" que Sánchez ofrece para Cataluña
Los socialistas se abren a dar más dinero para financiar competencias propias, como los Mossos o las prisiones, y cumplir lo pactado con ERC para la investidura de Sánchez. Los republicanos piden ir más allá y negociar "la soberanía fiscal".
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reabrió la semana pasada la caja de los truenos al rescatar la posibilidad de que Cataluña disfrute de una financiación diferente al del resto de Comunidades Autónomas (excluyendo los regímenes forales de País Vasco y Navarra). En una entrevista en RNE, la 'número 2' del Gobierno aseguró que algunas CC.AA. como Cataluña tienen "cuestiones singulares" que les permitirían tener "un tratamiento especial".
Dos días después, era el propio Pedro Sánchez el que aseguraba en una entrevista en "La Vanguardia" que era "factible” la idea de una "financiación singular" para Cataluña, porque en su opinión “es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña”.
Las palabras de Sánchez coinciden con la estrategia que está llevando a cabo el PSOE para seducir a ERC con el objetivo de que apoye la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Sus votos, junto con los seis de los comunes, son imprescindibles para articular esa mayoría de izquierdas en el Parlament.
Los republicanos, ciertamente, han puesto precio a ese hipotético respaldo. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, advertía este fin de semana a sus bases que si Pedro Sánchez no mueve ficha en lo relativo a la financiación de Cataluña "será muy difícil apoyar” a Illa.
Pero, ¿en qué se traduce concretamente esa "financiación singular"? En el acuerdo de investidura de PSOE y ERC del pasado noviembre para hacer presidente a Sánchez, los independentistas ya exigían más fondos para financiar a su policía autonómica o las instituciones penitenciarias, competencias transferidas a Cataluña que no tienen el resto de regiones. De igual modo, además de destinar recursos para la gestión autónoma de los Rodalies, también se hablaba en dicho acuerdo de destinar "no menos de 150 millones de euros" al año para proyectos estratégicos y un compromiso para que la proporción de la inversión pública programada en Cataluña "se ajuste a la proporción de la economía de Cataluña en el conjunto del Estado, medido en términos de PIB nominal”.
Según fuentes de Ferraz, la idea que el PSOE maneja a la hora de hablar de esa "financiación singular" pasa por cumplir este compromiso adquirido en noviembre. "El PSOE cumple con su programa electoral, que habla de una reforma de la financiación autonómica que ha de ser suficiente para todas las comunidades autónomas, justa y solidaria. Y de ahí no nos vamos a mover ateniendo a las singularidades de nuestros territorios, porque quien más transferencias recibe ha de tener más medios", subrayaba este lunes al respecto la portavoz del PSOE, Esther Peña.
ERC, sin embargo, no se contenta con eso y pide negociar "la soberanía fiscal", lo que se ha dado en llamar el cupo catalán al estilo del reconocido como "derecho histórico" para País Vasco y Navarra. Esto les permitiría gestionar todos los impuestos, hasta casi 52.000 millones de euros, y no el 9% como hasta ahora. Fuentes del PSOE, sin embargo, ven inviable esta posibilidad.
El objetivo del Gobierno, en todo caso, es reformar la financiación autonómica en su conjunto. Tal como señalaba este lunes El País, "lo que está encima de la mesa es una gran reforma para que todos mejoren". Cree, así, que acallaría las voces críticas por parte de barones de su propio partido como Emiliano García Page ("Solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos"), así como las suspicacias que puede generar en las CC.AA. gobernadas por el PP. Lo mismo que ocurrió el año pasado con quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña, un pacto “extensible a las demás autonomías”.
Los datos de la liquidación del modelo de financiación correspondientes al 2021 sitúan a Cataluña como la tercera comunidad que más recaudación genera por habitante. Pero cuando el Estado lleva a cabo el reparto de esos recursos, es sólo la décima en ingresos otorgados. En cifras concretas, la Generalitat calcula en 22.000 millones la diferencia entre lo aportado al Estado -el 19,2 % del total- y lo recibido -el 13,6 %-. Una "infrafinanciación crónica", según los partidos independentistas, que ahora quieren limitar.
En todo caso, Sánchez tendrá que emplearse a fondo para sacar adelante una investidura de Illa que tiene fecha tope: el 25 de agosto. Dos meses en total para negociar con una ERC dividida y tensionada a la hora de decidir qué posición tomar en esta votación.
De momento, los republicanos ponen caro su apoyo. Al concierto económico propio, se suma su petición de avanzar para la celebración de un referéndum de autodeterminación, la mejora de las políticas sociales y el refuerzo de la lengua catalana. Y aunque haya acuerdo, el pacto tendrá que ser votado por las bases de ERC. “Las palabras vacías se las lleva el viento”, resumen los republicanos.
