PSOE y PP acuerdan renovar el CGPJ tras más de cinco años caducado
Presentarán una Proposición de Ley Orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial. Ya han acordado el nombre de los nuevos 20 miembros del Poder Judicial y el del nuevo magistrado del Constitucional.
Un lustro después, llegó el ansiado "gran día para España y para la Justicia". PSOE y PP han anunciado un acuerdo para renovar el CGPJ tras más de cinco años caducado, como ambos han anunciado tras una reunión mantenida con la vicepresidenta de la Comisión Europea Věra Jourová.
El entendimiento se ha logrado este martes en el último de numerosos encuentros entre Félix Bolaños y Esteban González Pons, esta vez junto a Jourová, y que ya anticipaba un entendimiento clave para la elección de los nuevos 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces y otras reformas de calado.
Entre ellas, la presentación de una proposición de ley que dará seis meses a los nuevos vocales para reformar el sistema de elección del órgano judicial y tras estudiar los distintos modelos europeos. Dicho texto reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y tendrá como objetivo reforzar "la independencia e integridad" del sistema judicial, reza el documento rubricado por PSOE y PP.
En palabras de González Pons, "hoy la Justicia española es más independiente que ayer e inicia una nueva vida alejada de los políticos". "Sin la garantía de la Comisión nosotros no habríamos firmado", ha añadido el negociador popular, quien pese a los reproches a la parte socialista sí ha agradecido "los dos años negociando" al ministro Bolaños, sobre el que ha bromeado con el "inicio de una amistad".
En términos similares en cuanto a los agradecimientos se ha congratulado el ministro de Justicia y negociador socialista, Félix Bolaños, que ha hablado de "un gran día para la justicia, la democracia y la sociedad españolas" "Se recupera la normalidad institucional en el Poder Judicial, desde hoy los tres poderes funcionan con normalidad institucional".
Ambas formaciones han pactado "proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial", que llevaba más de cinco años caducado ante los bloqueos del Partido Popular en la oposición. Sus nuevos 20 miembros aportados entre los dos partidos deberán aprobarse definitivamente por Congreso y Senado en las próximas semanas, han emplazado ambos políticos.
Vocales de Procedencia Judicial nombrados por el Congreso:
-Ángel Arozamena (Magistrado del Tribunal Supremo)
-Esther Erice (Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra)
-Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona)
-José María Fernández Seijo (Juez de lo Mercantil de Barcelona)
-José María Páez (Juez decano de Málaga)
-José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño)
Vocales de Procedencia Judicial nombrados por el Senado:
-José Antonio Montero (Magistrado del Tribunal Supremo)
-José Eduardo Martínez Mediavilla (Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca)
-Esther Rojo (Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia)
-Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)
-Alejandro Abascal (Audiencia Nacional)
-Lucía Avilés (Juez de lo penal de Mataró)
Vocales juristas elegidos por el Congreso:
-José Luis Costa Pillado (Presidente del Consello Consultivo de Galicia)
-Inés María Herreros Hernández (Fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales)
-Pilar Jiménez (Fiscal Superior de Cantabria)
-Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional)
Vocales juristas elegidos por el Senado:
-Ricardo Bodas (Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo)
-Bernardo Fernández (Ex presidente del Consejo Consultivo de Asturias)
-Luis Martín Contreras (Letrado de la Administración de Justicia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo)
-Isabel Revuelta (Letrada de las Cortes)
"Son 20 personas de prestigio indudable y representan las diferentes sensibilidades de la sociedad y esto es una buena noticia", ha expuesto Bolaños en su turno. A juicio del titular de Justicia, el acuerdo acaba con una situación en la que "cada año de bloqueo ha tenido un coste de unos 12 millones de euros públicos y un descrédito internacional de España". "El acuerdo, además, servirá para descongestionar la Justicia y para reactivar la carrera judicial de muchos juristas en este país", ha insistido de inmediato.
Para González Pons se trata de una lista "absolutamente profesional, sin políticos ni expolíticos" propuesta en su totalidad por los dos grupos. "No hay una tendencia más marcada; se ha buscado que hubiera representación de todas las sensibilidades del mundo de la justicia española". "Ojalá en el futuro pudiéramos ponernos de acuerdo en otros temas tan importantes", ha rematado el negociador popular, antes de que su contraparte respondiese en similares términos. "Gracias a todos, hoy gana España", ha culminado Bolaños.
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, presentarán una Proposición de Ley Orgánica "que reforzará la independencia del Poder Judicial" y "nombrarán un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional". Su nombre ha tardado minutos en conocerse; es el del actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías Castaño, muy crítico en los últimos tiempos con la ley de amnistía.
En virtud del pacto, el Gobierno "no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos".
Más de una década de CGPJ y un lustro de enfrentamientos
La historia del actual bloqueo viene de muy lejos. El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre de 2013 y completó su mandato cinco años después, como recoge la Constitución.
Sin embargo, desde 2018 los puentes entre las dos principales formaciones políticas se han ido dinamitando, atravesando los numerosos ciclos electorales del último lustro y llegando a requerir de la intervención en primera persona de la Comisión, a través del comisario de Justicia, Didier Reynders.
Este martes, la rúbrica ha llevado la compañía de la vicepresidenta de la Comisión. Para Jourová el acuerdo "aborda una preocupación que existe desde hace mucho tiempo y mejora la situación del poder judicial en España".
