PP y Vox derogan la ley de memoria democrática de Aragón
Asociaciones memorialistas se han concentrado ante el parlamento para revindicar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Los grupos que sustentan al Gobierno aragonés, PP y Vox, además del PAR, que ocupa varios puestos en segundos niveles del Ejecutivo, han aprobado este jueves en el pleno de las Cortes la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón con toda la oposición en contra y las asociaciones memorialistas concentradas ante el parlamento para revindicar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Una derogación que forma parte del acuerdo de Gobierno en Aragón entre PP y Vox y que anunciaron sus portavoces parlamentarios el pasado 20N, en coincidencia con el día que murió Franco, algo que interpretó como una provocación la oposición.
También ha criticado que se haya tramitado por lectura única, ya que reduce el periodo de presentación de enmiendas y evita las audiencias que habrían dado voz a las asociaciones de memoria histórica.
Por contra, en el debate, Ana Marín, del PP, ha defendido la derogación de le ley y el plan de concordia alternativo que pondrá en marcha el Gobierno de Aragón para reconocer a todas las víctimas "sin distinción", a las de la Guerra Civil, la dictadura franquista y a las del terrorismo, y por medio del que se exhumará a todas las víctimas.
Santiago Morón, de Vox, ha tachado de "nefasta" la ley al considerarla "una herramienta política de agitación social" diseñada para "enfrentar a los españoles en el siglo XXI", con la construcción de un "relato oficial".
Una intervención que ha censurado el diputado del PSOE Daniel Alastuey por el "revanchismo" que evidencia, al tiempo que ha asegurado que le "duele el día de hoy" por "los derechos que hoy se están robando" al echar "a la basura" una ley que buscaba la concordia mediante el reconocimiento de todas las víctimas y permitía "pasar página" con un relato común.
José Luis Soro, de Chunta Aragonesista, ha afeado al PP su incoherencia por votar hoy en contra de los artículos y disposiciones de la ley que sí apoyó cuando se aprobó la ley en 2018 para "contentar a la ultraderecha y para que Azcón sea presidente". "Es un éxito rotundo de Vox", ha enfatizado Soro, quien ha advertido de que "ser cómplice, dejarse utilizar, es tan grave como ser autor intelectual".
Por Aragón Teruel Existe, Pilar Buj ha rechazo igualmente la derogación de la ley, que "para nada es acordarse ni hacer justicia a todas las víctimas", que el PP podría haber conseguido "construyendo" con una modificación de la ley actual. "Pueden derogar la ley de memoria democrática que está basada en los principios de Naciones Unidas" pero, ha aseverado, "los hechos están ahí; no los van a poder esconder".
Por su parte, Andoni Corrales, de Podemos, ha asegurado que se va a asegurar personalmente de que se cumpla la ley de memoria estatal "punto por punto" en todos los pueblos de Aragón" y Álvaro Sanz, de IU, ha opinado que la derogación, "hecha casi en la clandestinidad", pretende generar "dolor y sometimiento", mostrando una naturaleza "totalitaria, agresiva, que lejos de avergonzanse de un pasado sanguinario, se trata de blanquear".
Protesta de las asociaciones memorialistas
La derogación de la ley ha salido adelante mientras se han concentrado más de un centenar de personas a las puertas del parlamento para reivindicar que se siga reconociendo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y ayudando a todas las familias que quieren recuperar los restos de sus seres queridos, como ha subrayado a los medios de comunicación la presidenta de la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), Anabel Lapuente.
También la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, la socialista Teresa Ladrero, ha acudido a las Cortes, donde ha lamentado que PP y Vox sean "incapaces de empatizar con el sufrimiento de las familias de las víctimas, que se agarran a la ley aragonesa para lograr cerrar heridas".
La institución provincial ha asumido las partidas recortadas por el Gobierno de Aragón al aumentar sus fondos para memoria democrática de 200.000 a 450.000 euros.