¿Podía el rey haberse negado a firmar la ley de amnistía antes de su publicación en el BOE?

La ley de amnistía para los implicados en el procés ya es una realidad. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la norma para su automática entrada en vigor tras ser aprobada hace dos semanas en el Congreo de los Diputados por mayoría absoluta. La ley, negociada por PSOE, ERC y Junts, borra las responsabilidades penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista de los últimos doce años.

Como todas las normas publicadas en el BOE, la amnistía ha contado con la firma del rey. Algo que no ha gustado a sectores de la ultraderecha. Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, ha asegurado en su primera entrevista tras las elecciones europeas que el monarca no puede firmar algo contrario al marco constitucional. "¿Para qué cojones sirve el rey entonces?", se ha preguntado. Otros líderes políticos, como es el caso de Santiago Abascal (Vox), han sido algo más suaves y han señalado que "han obligado" al rey a sancionar la ley de amnistía para su entrada en vigor.

Pero, ¿realmente el rey puede negarse a firmar una ley para que no se publique en el BOE y, por tanto, no pueda hacerse efectiva? Al respecto, la Constitución es clara en su artículo 91: "El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación". 

Por lo tanto, Felipe VI no puede negarse constitucionalmente a firmar una ley aprobada por el poder legislativo aunque esta puede ser posteriormente declarada inconstitucional por el TC, algo que todavía no se ha producido y que forma parte de un debate jurídico que no compete en ningún caso a la corona.

El papel de Felipe VI es similar al de un notario que da fe de algo y si no lo firma él, tendría que ser su hija Leonor - ya mayor de edad - la que asumiera la Regencia y sancionar la ley. Cabe recordar que el artículo 59.2 de la Constitución establece que las Cortes Generales podrían declarar la inhabilitación del Rey en caso de que este se negara a cumplir sus funciones.

En todo caso, la mayoría de expertos subrayan el caracter simbólico del rey en la promulgación de leyes, ya su objetivo final es evidenciar la unidad del ordenamiento jurídico estatal.