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Pedraz pide interrogar a los altos cargos venezolanos que habrían sido presionados para la guerra sucia contra Podemos

Pedraz pide interrogar a los altos cargos venezolanos que habrían sido presionados para la guerra sucia contra Podemos

Dentro de la causa abierta por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre la formación morada y sus dirigentes.

Pablo Iglesias e Irene Montero, acudiendo al juicio contra Miguel Frontera.Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

El juez Santiago Pedraz ha acordado enviar una comisión rogatoria a Venezuela para poder interrogar como testigos al exministro de Finanzas Rafael Eduardo Isea Romero y a los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, en la causa abierta por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes.

En una providencia, el magistrado de la Audiencia Nacional acuerda citar a estos testigos, a petición de Podemos y del exsecretario general de esta formación, Pablo Iglesias, para que declaren por videoconferencia el próximo 18 de marzo a las 12:30 de la mañana (hora española).

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado esta diligencia en el marco de la causa abierta a raíz de una querella presentada por Podemos contra antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre personas que conformaban aquella organización política.

El motivo de querer interrogar a estos ex altos cargos chavistas, algunos residentes actualmente en España, se debe a que en alguna ocasión han manifestado haber sufrido presiones para declarar en contra de Podemos a cambio de beneficios en las causas que les fueron abiertas en nuestro país.

Ese es el caso de Nervis Vilallobos, ministro de Energía entre 2001 y 2006, quien el pasado noviembre en la comisión de investigación por la llamada operación Cataluña denunció que estuvo trece meses en prisión tras negarse a hablar con policías, jueces y fiscales en contra de Podemos, la familia Pujol, la banca andorrana o la empresa Duro Felguera.

Del mismo modo se pronunció en 2022 Alvarado Ochoa, exviceministro de Electricidad y Desarrollo, que en sede judicial dijo haber sido víctima de una trama de extorsión en España integrada por policías, y que llegó a reunirse el exnúmero 2 de la Policía Eugenio Pino, quien le pidió datos sobre Podemos.

Por su parte, el exministro de Finanzas Rafael Isea denunció en 2019 en declaraciones a medios de comunicación haber sido presionado por policías españoles para que declarara en contra de Podemos y avalara que recibió financiación del Gobierno de Venezuela.

Mientras se da curso a la comisión rogatoria, Pedraz ha citado también a varios mandos y agentes policiales como testigos, entre ellos el exjefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) Manuel López Vázquez, y el abogado José Aliste, que deberán comparecer en la Audiencia Nacional los días 22 y 28 de enero, respectivamente.

Entre los ex altos cargos investigados en esta causa figura el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez o el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, quienes ya declararon como imputados ante Pedraz y rechazaron haber ordenado o impulsado este tipo de investigaciones para después filtrarlas a los medios y desprestigiar al partido.

La última declaración en esta causa fue la que prestó el pasado 9 de enero Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía durante el gobierno de Mariano Rajoy, quien en su testifical expuso que en lo que se refiere a investigaciones sobre Podemos solo supo de la existencia de una sobre la financiación del partido y con posterioridad, cuando ya había sido remitida al Tribunal de Cuentas.

Se refería al denominado Informe Pisa (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), relativo a la presunta captación de fondos procedentes de Venezuela e Irán para la financiación del partido y que fue elaborado en 2016, pero que al carecer de firma y de sello fue rechazado en los tribunales como prueba de una supuesta financiación ilegal de la formación morada.

Cosidó negó ante el juez que llegase a conocer su contenido y afirmó que sólo supo de él cuando la UDEF lo había remitido ya al Tribunal de Cuentas y se había publicado en los medios.

Dijo además no recordar los viajes que habrían realizado cargos policiales a distintos países de América, como Venezuela, que él debía autorizar y que, según la querella de Podemos, perseguían "obtener información perjudicial" para el partido.