Pablo Bustinduy: "Sin un Sumar fuerte, el Gobierno no va a tomar medidas valientes"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Madrid, 1983), acaba de cumplir medio año dentro del Gobierno de España. Seis meses de intensa agenda y actividad que se han desarrollado en un momento, también, de máxima convulsión política. "Nunca me he arrepentido de haber aceptado ser ministro, pero esa reflexión de 'madre mía, ¿dónde me he metido?' no hay semana que no me la haga", dice con una sonrisa cuando le pedimos que haga un balance de su experiencia. 

Lo cierto es que su ministerio ya ha sido protagonista de titulares en diferentes ocasiones, por la presentación de una ley aún en trámite parlamentaria como la de familias o por el envío de una carta a las empresas españolas que operan en Israel exigiendo medidas para no contribuir al "genocidio" en Gaza. Una misiva que no fue bien recibida por ministerios del PSOE como los de Exteriores o Economía. "El objetivo es conseguir que se detenga cuanto antes esta situación inhumana e insoportable. Cualquier otra polémica que sirva para desviar el foco me importa bastante poco", asegura al respecto en su entrevista a El HuffPost.

En estos últimos días, su cartera también ha sancionado a cuatro aerolíneas que cobran por el equipaje de mano y ha abierto una investigación para perseguir la publicidad de viviendas turísticas sin licencia en plataformas como Airbnb. "Nuestro ministerio tiene la obligación de defender los derechos de los consumidores y cada vez que tengamos constancia de que se producen prácticas fraudulentas o abusivas, o que se lesionan los derechos de los consumidores, actuaremos", defiende.

En la misma entrevista, Bustinduy se muestra convencido de que, tras el ciclo electoral que culmina con las europeas, "la agenda social será la prioridad de este Gobierno". Aunque para que el Ejecutivo adopte "medidas valientes", pide a los ciudadanos que voten a Sumar este domingo. "En un contexto muy difícil hemos conseguido muchas cosas y hay otras que estamos en camino de poder lograr", asegura.

- Hace unos días, su ministerio anunció sanciones a varias aerolíneas por, por ejemplo, cobrar a sus clientes la maleta de mano en sus vuelos. Desde la Asociación de Líneas Aéreas ya le han respondido diciendo que estas multas “atentan” contra “la libertad de edificación tarifaria” y que harán que los usuarios paguen por servicios que no necesitan. Y, por supuesto, que van a recurrir a los tribunales. ¿Qué tiene que decir el ministerio?

- Hablamos de unos expedientes sancionadores que fueron notificados a las partes y estas aerolíneas tienen derecho ahora a plantear un recurso de alzada. Como este recurso se presenta ante mi ministerio, entenderá que yo debo ser prudente y no puedo entrar a valorar ni las formas ni el fondo sobre este expediente. Ahora bien, sí puedo decirle que nosotros tenemos la obligación de defender los derechos de los consumidores y que cada vez que tengamos constancia de que se producen prácticas fraudulentas o abusivas, o que se lesionan los derechos de los consumidores, vamos a actuar con total vehemencia. 

- Sobre este asunto, la Eurocámara aprobó en septiembre del año pasado que los pasajeros, efectivamente, tienen derecho a llevar maleta de mano gratis. Y también se mostró favorable a ello el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero luego la Comisión Europea ha vuelto a insistir en que "está permitido cobrar por el equipaje de mano de cualquier tamaño". ¿No cree que, teniendo en cuenta esto, hay muchas opciones de que las aerolíneas acaben tumbando sus multas? 

- Hay una sentencia del TJUE del año 2014 que establece que el equipaje de cabina no puede ser objeto de un suplemento de precio. Esa sentencia es de aplicación directa sobre los Estados miembros y es la base sobre la que se realizaron las denuncias por parte de organizaciones de defensa de los consumidores. Existe amplísima jurisprudencia en este sentido y si las aerolíneas no están satisfechas podrán recurrir a los tribunales.

- La OCU también ha señalado que otras compañías como Eurowings, Norwegian y Wizz Air igualmente cobran por el equipaje de mano. ¿Podrían ser también multadas?

- Por supuesto. La capacidad y la competencia del ministerio en esta materia prevé que se puedan abrir tantos expedientes como casos de prácticas fraudulentas o abusivas se detecten por parte de la labor de los inspectores e inspectoras. 

- Por cierto, cada compañía aérea tiene una norma diferente sobre el equipaje de mano, en cuanto a sus dimensiones y peso. ¿Prevé su ministerio intentar armonizar las condiciones para que haya una norma común?

- Desde hace años existe una reivindicación de que haya una homogeneización de esas medidas. Y la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) ya ha hecho una propuesta en ese sentido tras consultar a los diferentes fabricantes de las aeronaves. Esa sentencia del TJUE de la que yo le hablo también reconoce que las compañías tienen la capacidad de fijar cuáles son las dimensiones que admiten como equipaje de cabina, pero en ningún caso a cobrar por ello. Yo espero que la regulación avance a nivel europeo en este sentido, que se fijen unas condiciones estándar para todas las compañías y que se preserve el derecho de las personas consumidoras, tal como indicó el TJUE en su sentencia. 

- Esta semana, su Ministerio también ha anunciado una investigación para “perseguir” la publicidad de viviendas turísticas sin licencia en plataformas como, por ejemplo, Airbnb. Estas empresas también ya le han respondido eludiendo responsabilidades y se remiten a una sentencia del Supremo de 2022, que limita la obligación de la información de los anuncios al propietario de la vivienda. ¿Cómo lo valora usted?

- Lo que hemos iniciado es un requerimiento de información, no un expediente sancionador, para poder clarificar una situación que es, de sobra, conocida. En España se ha normalizado la proliferación de pisos turísticos que no disponen de licencia. Y si un piso no dispone de la licencia, la publicidad de ese piso tampoco es lícita. Este requerimiento lo hemos dirigido también a las instituciones que registran cuál es la realidad en las principales ciudades de nuestro país, y también a los grandes tenedores y grandes empresas que comercializan con estas viviendas sin licencia. Cuando podamos recabar toda la información, decidiremos cómo proceder. 

En todo caso, detrás de esta iniciativa hay una voluntad de actuar - dentro de nuestras competencias - sobre una realidad que todo el mundo reconoce como extraordinariamente preocupante. La proliferación de viviendas turísticas sin licencia está ocasionando gravísimos perjuicios para los ciudadanos que viven en las ciudades y zonas turísticas. Y si un piso no dispone de licencia de su uso turístico, tampoco puede ser publicitado o comercializado. Como cualquier otra actividad. 

-  El tema de las viviendas turísticas es una competencia de ayuntamientos, Comunidades y también del ministerio de Vivienda. De hecho, la regulación de los pisos turísticos es una demanda que Sumar viene reclamando desde el inicio de la legislatura. Sorprende, no obstante, que este primer gesto serio del Gobierno haya llegado desde su ministerio y no desde Vivienda. ¿Está usted, en general, satisfecho con la posición que ha adoptado Isabel Rodríguez con respecto a la problemática de los alquileres o sobre las viviendas turísticas? ¿Se puede hacer más? ¿Qué plantearía usted?

- Yo he hablado en varias ocasiones con la ministra de Vivienda y me consta que los pisos turísticos figuran muy arriba en su agenda de prioridades. De hecho, están trabajando en la elaboración de un primer registro estatal. Desde Consumo, apoyamos esta labor y creemos que hay que actuar con urgencia y determinación porque la vivienda se ha convertido en España tanto en un factor de desigualdad como de empobrecimiento. 

- Sumar no dio su apoyo a la ley del suelo del Ministerio de Vivienda ni tampoco a la ley que pretende abolir la prostitución. Sin embargo, señor ministro, las asociaciones y sindicatos que defienden a los trabajadores y trabajadoras sexuales lamentan que Consumo, en la anterior legislatura, promoviera la sanción a páginas que publicitan la prostitución. Estas asociaciones señalan que dichos anuncio son la manera que tienen los trabajadores sexuales de ser independientes y de ofrecer sus servicios sin intermediación de un proxeneta o sin tener que acabar acudiendo a los burdeles para trabajar. ¿Tiene previsto una revisión sobre ello? ¿Va a hablar con estas asociaciones?

- Sobre la ley del suelo, quiero aclarar que es una ley que no figuraba en el acuerdo de Gobierno y que, desde el principio, expresamos nuestro desacuerdo. Lo hicimos en el Consejo de Ministros y la posición que adoptamos, por tanto, no fue improvisada. Al revés, fue coherente con lo que habíamos dicho desde el principio, porque no iba en la dirección de garantizar el derecho efectivo a una vivienda. 

Respecto a la segunda cuestión, lo que hizo Consumo fue aplicar la legislación vigente. La ley de garantía integral de la libertad sexual prohíbe este tipo de publicidad y tenemos que aplicar la ley. En las últimas semanas se ha reavivado un debate sobre la situación de explotación y vulnerabilidad que viven muchísimas mujeres en España y nuestra posición es clara: estamos en contra y es una vergüenza democrática que siga habiendo prácticas de trata o de violencia sexual contra las mujeres en nuestro país. Es algo que tenemos que abordar, pero cualquier intervención no puede producir como efecto no deseado que queden en una posición de mayor vulnerabilidad aquellas personas que queremos proteger. Espero que podamos seguir trabajando en este tema para garantizar los derechos de estas personas. 

- Ahora le quiero preguntar por la ley de familias que presentó usted hace unos meses y que todavía se encuentra en tramitación en el Congreso. ¿Qué circunstancia o hecho está frenando su aprobación? ¿Se trata de una falta de apoyos?

- Esta ley, que comenzó mi predecesora en la legislatura pasada, no pudo ser aprobada por el adelanto electoral. Yo la llevé al Consejo de Ministros en febrero y su tramitación parlamentaria ha quedado retrasada por la vorágine electoral. 

- Pero la amnistía sí se ha aprobado...

- Bueno, yo creo que de las elecciones anteriores salió un doble mandato, que explica la existencia de este Gobierno. El primero era avanzar en el marco plurinacional y en la solución del conflicto territorial heredado de años anteriores. El segundo ha sido avanzar en la agenda social, y es verdad que sobre este último aspecto se han dado muchos menos pasos. Aprobar una ley como la ley de familias requiere de una mayoría parlamentaria que es diversa y tiene sensibilidades diferentes. Y yo quiero que en esa mayoría esté incluida también la derecha. El PP, por ejemplo, no tiene ni una sola razón para no apoyar una norma que amplía el derecho de las familias en España. 

Yo aspiro a que esta ley pueda ser apoyada por la totalidad del espectro político. A nadie se le escapa que, en tiempos de campaña electoral, los partidos toman decisiones orientadas hacia esa campaña. Es legítimo. Pero yo, una vez termine este domingo el ciclo electoral con las europeas, estoy convencido de que se darán las condiciones para que podamos hacer despegar la agenda social, con la aprobación de la ley de familias, la remuneración de los permisos parentales de cuidados o la ampliación de los permisos por nacimiento hasta 20 semanas. Todo esto son compromisos que incluimos en el acuerdo de Gobierno, pero todavía no se han materializado. Necesitamos para ello el apoyo de las otras fuerzas políticas, empezando por nuestro socio de gobierno. Yo estoy seguro de que, tras las europeas, la agenda social será la prioridad de este Gobierno y que contaremos con los apoyos suficientes. No tengo otra tarea más importante. 

- Su ministerio y Yolanda Díaz anunciaron hace poco su intención de incluir en la ley de familias una prestación universal por crianza de 200 euros al mes dentro de los Presupuestos de 2025. ¿Ha tenido esta iniciativa una respuesta positiva por parte del PSOE? ¿La han valorado?

- Es una propuesta que vamos a llevar a la mesa de negociación de los Presupuestos y será allí donde negociemos con nuestro socio de Gobierno y con el resto de fuerzas. Es verdad que en estas últimas semanas estamos intentado hacer un ejercio de pedagogía para explicar por qué es una medida necesaria y sensata. España tiene unos índices de pobreza infantil inaceptables. Un amplio consenso científico señala que la mejor manera de combatir la pobreza infantil es con una prestación universal por crianza. Hay 17 países en Europa que tienen una medida de estas características y todos tienen algo en común: tienen índices de pobreza infantil más bajos que España. Una democracia no puede tolerar que casi un tercio de sus niños y niñas vivan en riesgo de exclusión social y pobreza. 

Probablemente, haya gente que se preguntará si una familia rica también debe recibir esa ayuda. Sí, pero esas familias ricas deben financiar esta prestación con sus impuestos a través de una reforma fiscal progresiva, de tal modo que acabarán financiando su prestación y las de otras familias. Este martes, en el Consejo de Ministros, aprobamos el tipo mínimo del 15% para el Impuesto de Sociedades, que nos va a permitir recaudar una cantidad muy significativa de recursos adicionales. Esa es la dirección que tenemos que seguir: prestación universal por crianza y reforma fiscal progresiva. 

- Sobre las tarjetas monedero, CC.AA. y ayuntamientos del PP hablaron en marzo de que su ministerio se había desatendido de este asunto y le pidieron una reunión urgente, que se celebró el pasado 24 de mayo. ¿Cómo está la situación? ¿Puede garantizar que está llegando la ayuda a esas familias vulnerables?

- El programa de las 'tarjetas monedero' busca cambiar el paradigma de la provisión de asistencia material básica en España. Todo el mundo tiene en su memoria la imagen de las llamadas 'colas del hambre', gente que hacía fila para recibir una bolsa de alimentos. Ahora, reciben una tarjeta con la que pueden hacer la compra directamente en el supermercado como el resto de familias. Deciden qué alimentos o productos de higiene adquieren, y acceden también a productos frescos. Como todos los cambios de modelo, esta transición plantea complejidades y dificultades. Pero tras resolver todos esos problemas técnicos, puedo decirle que este programa ya ha arrancado. Hay varias CC.AA. que ya están trabajando con ellas y las otras lo van a hacer muy pronto. 

- Hablemos ahora de Israel. Este jueves, Albares anunció que España se sumaba a la causa abierta por genocidio en el Tribunal Internacional. Usted ya ha señalado que aplaude esta decisión, aunque le parece insuficiente. ¿Se sintió desautorizado por Exteriores o Economía cuando envió la famosa carta a las empresas españolas que operan en Israel?

- España ha dado un paso que nosotros veníamos reclamando desde el día que se anunció la demanda sudafricana. Al apoyarla, España está enviando un mensaje de respaldo al Derecho Internacional y a los organismos internacionales que tienen que velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Y es un paso que sigue a otros que ya ha dado el gobierno español y que nosotros hemos reivindicado. Pero esto no es suficiente. Hay que hacer mucho más y lo siguiente es aumentar la presión económica y comercial. Esto ya funcionó en el pasado, como ocurrió con el caso de Sudáfrica. El requerimiento de mi ministerio a las empresas españolas que operan en Israel iba en ese sentido. Las empresas están obligadas a asegurar que, en ningún punto de su cadena de valor, su actividad contribuye directa o indirectamente a violaciones de derechos humanos. Y, de hecho, algunas de esas empresas ya nos han contestado con total normalidad contándonos qué medidas han tomado al respecto.

- ¿Pero le sorprendió por ejemplo la reacción de Albares, que también dijo no conocer nada sobre esas cartas antes de su envío?

- Mire, mi voluntad en política es centrarme en lo importante. Y lo importante es la situación insoportable que se está viviendo en Gaza. Todos los actores tienen la responsabilidad de hacer todo lo que esté en su mano para poner fin a esta situación. Durante las próximas décadas nos preguntarán qué hicimos para evitar lo que está sucediendo en Gaza. Y cualquier otra polémica que sirva para desviar el foco, me importa bastante poco. El objetivo es conseguir que se detenga cuanto antes esta situación inhumana e insoportable. 

- Este domingo se celebran elecciones europeas. Las encuestas dicen que Sumar obtendrá entre tres y cuatro eurodiputados. ¿Cuál sería un buen resultado para el partido?

- Quiero ser muy claro: sin un Sumar fuerte, el Gobierno no va a tomar medidas valientes. Yo entiendo que venimos de un ciclo electoral constante y que la situación política que vive el país es difícil. Y esto puede incidir en el estado de ánimo del electorado. Pero yo les pido que se movilicen, no sólo porque este domingo se decide el futuro de la política europea y española o el posible auge de la ultraderecha, sino que también se movilicen en positivo. Porque en este contexto tan difícil hemos conseguido muchas cosas y hay otras que estamos en camino de poder lograr. Y para ello necesitamos ambición, valentía y fuerza. Yo apelo a esa movilización para que las urnas nos otorguen un respaldo suficiente que nos permita llevar a cabo políticas valientes en el gobierno de España y en el parlamento europeo. 

- El diputado de los Comunes en el Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, ha pedido esta semana "recoser heridas" entre Sumar y Podemos tras las elecciones europeas. ¿Usted se suma también a esta petición?

- La situación que vivimos actualmente en Europa y en el mundo es extraordinariamente peligrosa y delicada. Vemos un genocidio en curso en Gaza, guerras cronificadas a las puertas de Europa, la crisis ambiental que se agrava, el auge de fuerzas xenófobas y autoritarias... Ante este panorama, todos los actores políticos y sociales estamos llamados a tener la responsabilidad y la altura de miras para sostener y mimar este Gobierno. Ese es el espíritu con el que yo afronto en estas elecciones y estoy convencido de que es el espíritu con el que la gente progresista lo hará también.

- Pero no sé si ha contestado a mi pregunta...

- Yo creo que sí, tanto en la forma como en el contenido. La izquierda en España arrastra una cierta cultura del enfrentamiento que nos hace hablar permanentemente de nosotros mismos. Y esto interesa poco a la gente y sirve para poco. Hay que centrarse en el "para qué". Para eso estoy yo en el Gobierno. En estas elecciones necesitamos que los ciudadanos den fuerza a Sumar para sacar adelante esa tarea. Pero la reflexión que le he hecho es de mayor calado: todos los actores y fuerzas políticas del espectro progresista debemos ser capaces de coincidir para dar empuje a esta labor y a este Gobierno. Para no sólo defendernos de la amenaza reaccionaria, sino también para avanzar en la conquista de derechos. Ese es el objetivo, no lo perdamos de vista. 

- Por último, quería preguntarle qué tal está llevando estos siete meses como ministro del gobierno de España. ¿Se ha arrepentido en algún momento de haber dado este paso?

- No me he arrepentido, pero esa reflexión de 'madre mía, ¿dónde me he metido?' no hay semana que no me la haga. (ríe) La política es una vida muy dura. Está la parte que se ve, que es dura. Pero la parte que no se ve, lo es aún más. Yo aspiro a ser buena persona y creo que tengo una fuerte vocación pública. Estoy aquí para poder empujar las causas en las que creo y para mejorar la vida de las mayorías trabajadoras. No le niego que no es fácil el día a día, pero mi determinación es absoluta. Porque la política bien hecha merece la pena.