Ordenan investigar si la Guardia civil coaccionó a un CDR detenido por terrorismo
Durante el traslado a Madrid presuntamente "fue reiteradamente amenazado con detener a miembros de su familia"
La Audiencia de Barcelona ha ordenado admitir a trámite e investigar la querella de uno de los detenidos en la Operación Judas, que presentó contra 11 guardias civiles por presuntas amenazas y coacciones tras ser arrestado el 23 de septiembre de 2019 por esta causa con 12 miembros de CDR acusados de terrorismo.
En un auto consultado por Europa Press este martes, el tribunal estima el recurso del activista Jordi Ros, defendido por Alerta Solidària, después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell (Barcelona) inadmitió parte de su querella porque los hechos habían ocurrido en Madrid, donde fue trasladado tras la detención, fuera de la zona de competencia del instructor.
La defensa de Ros replicó que los hechos están conectados y deben investigarse de forma conjunta aunque ocurrieran en distintas ciudades, algo que comparte la Audiencia de Barcelona al considerar que la "vulneración de derechos fundamentales que se comunica en la querella y las coacciones y amenazas tienen un evidente carácter continuado".
Por eso el tribunal ordena al instructor investigar todo lo denunciado en la querella de Ros, que afirma que durante los registros ordenados por la Audiencia Nacional no se le permitió designar un abogado que lo acompañara.
También ha denunciado que cuando fue trasladado a Madrid, con paradas en la comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y en la comandancia de Tres Cantos (Madrid), "fue increpado, se le mantuvo en postura forzada, con un antifaz para que no supiera donde iba y que no se le dejó dormir pese a las horas de duración de las diligencias y el traslado y fue reiteradamente amenazado con detener a miembros de su familia o de su novia".
"Pésima instrucción"
La querella de Ros añade que su hermano, con una patología mental, "fue mantenido durante 10 horas sentado en el rellano de la escalera de su casa sin poder hablar con nadie y siendo apuntado por un agente con un arma larga" durante los registros en su casa.
La Audiencia de Barcelona critica en el auto "la pésima instrucción llevada a cabo hasta la fecha y las dilaciones que la causa presenta", ya que aún no se ha empezado a investigar lo que ocurrió hace cuatro años y medio.
